Sen. Ron Wyden (D-Ore.) pidió al Departamento de Justicia (DOJ) que investigue las instalaciones de tratamiento residencial para jóvenes operadas por varias compañías nacionales de atención médica, alegando evidencia de violaciones de los derechos civiles y fraude de Medicaid.
En dos cartas al Fiscal General Merrick Garland, Wyden afirmó que la evidencia mostraba “violaciones de los derechos civiles de niños y jóvenes”, así como “abuso, negligencia y fraude” llevado a cabo por cuatro operadores de instalaciones de tratamiento residencial para jóvenes: Universal Health Services, Acadia Healthcare, Devereux Advanced Behavioral Health y Vivant Behavioral Healthcare.
El Comité de Finanzas del Senado, presidido por Wyden, publicó un informe a principios de este año titulado “Almacenes de Negligencia: Cómo los contribuyentes están financiando el abuso sistemático en las instalaciones de tratamiento residencial para jóvenes”.
El informe resultó de una investigación de dos años realizada por el Comité de Finanzas y el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. Alegó que estas instalaciones de tratamiento estaban plagadas de múltiples formas de abuso, condiciones insalubres y un modelo operativo que incentivaba las ganancias sobre la atención médica.
Aparte de Devereux, todas las compañías mencionadas en las cartas de Wyden son compañías con fines de lucro.
Wyden también alegó que estas instalaciones reciben miles de millones de dólares de Medicaid mientras no cumplen con las regulaciones establecidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.
“Recientemente, deficiencias similares a las presentadas en mi informe fueron la base de un acuerdo de $20 millones entre el DOJ y Acadia Healthcare en el que se alegaba que la compañía hacía admisiones infundadas a sus instalaciones para adultos, no proporcionaba servicios a los pacientes bajo su cuidado y tenía crónicamente falta de personal en sus instalaciones, lo que llevó a lesiones y muertes de pacientes”, escribió Wyden, refiriéndose a un reciente acuerdo en el que Acadia no admitió ningún error.
El senador de Oregón remitió los hallazgos de este informe al DOJ, pidiendo que la agencia investigue si estas compañías no están cumpliendo con los requisitos de Medicaid, facturando a Medicaid por atención deficiente y si están violando el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Cuando The Hill contactó a Universal Health Services, la compañía calificó los hallazgos del informe del Senado como “incompletos y engañosos”.
“Reconocemos que ha habido incidentes aislados a lo largo de nuestros muchos años de servicio dedicado en algunas de las instalaciones donde el tratamiento de un residente no ha cumplido con nuestras expectativas”, dijo la compañía. “Tales incidentes contradicen el compromiso de estas instalaciones de proporcionar un ambiente seguro y terapéutico, así como las políticas, procedimientos, protocolos y capacitaciones para las instalaciones”.
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