La líder de la oposición, María Corina Machado, prometió el lunes quedarse en Venezuela un día después de que su colega y candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, pidiera asilo en España alegando represión postelectoral.
“He decidido quedarme en Venezuela y participar en la lucha desde aquí mientras él (González Urrutia) lo hace desde el extranjero”, dijo Machado, quien se encuentra escondida, a los periodistas a través de una videoconferencia.
González Urrutia, de 75 años, llegó a Madrid el domingo por la noche después de semanas escondido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio que la oposición insiste en que ganó pero que fue reclamada por el actual mandatario Nicolás Maduro.
“Todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela… ya sea que esté en Venezuela o en cualquier parte del mundo”, dijo Machado.
El hecho de que ahora esté en el extranjero “no cambia nada: la legitimidad se mantiene, la estrategia es la misma”, insistió.
Después de su llegada a España, González Urrutia dijo que había decidido irse “para que las cosas cambien y así podamos construir una nueva etapa para Venezuela”.
Machado había dicho que dejó el país porque “su vida corría peligro”.
“Solamente la política de diálogo nos permitirá reunirnos como compatriotas”, escribió González Urrutia en una carta dirigida a los venezolanos y publicada en la red social X.
“He tomado esta decisión pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe, ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento”.
González Urrutia reemplazó a Machado en la papeleta en el último minuto después de que se le impidiera postularse por instituciones leales a Maduro, acusado por observadores de violaciones de derechos humanos.
La autoridad electoral CNE leal al régimen de Venezuela declaró a Maduro como ganador de las elecciones, pero la oposición denunció fraude y gran parte de la comunidad internacional se negó a aceptar el resultado.
– En riesgo de prisión –
Las autoridades emitieron una orden de arresto contra González Urrutia, a quien Maduro ha dicho que pertenece tras las rejas junto a Machado.
Ella sigue escondida, salvo por liderar un puñado de protestas contra Maduro desde la votación disputada.
González Urrutia dejó Venezuela después de ignorar tres citaciones sucesivas para comparecer ante los fiscales, habiendo argumentado que hacerlo ponía en riesgo su libertad.
Los fiscales habían abierto una investigación contra González Urrutia por delitos relacionados con su insistencia en que era el legítimo vencedor de las elecciones.
Los cargos incluyen usurpación de funciones públicas, falsificación de un documento público, incitación a la desobediencia, sabotaje y asociación con el crimen organizado.
Se arriesga a una condena de 30 años de prisión.
Los cargos derivan de la decisión de la oposición de publicar su propio recuento de votos a nivel de las mesas electorales, que según ellos mostraba que González Urrutia ganaba cerca de dos tercios de los votos.
La autoridad electoral de Venezuela ha dicho que no puede proporcionar un desglose de los resultados electorales, culpando a un ataque cibernético a sus sistemas.
Los observadores han dicho que no hay evidencia de dicho hackeo.
La violencia postelectoral en Venezuela ha cobrado 27 vidas y dejado 192 personas heridas, mientras que el gobierno dice que ha arrestado a unas 2,400 personas.
La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, dijo que estaba monitoreando “los desarrollos actuales” en Venezuela además de una investigación en curso sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas gubernamentales durante las protestas de la oposición en 2017 cuando más de 100 personas murieron.
La oficina dijo en un comunicado que también estaba “analizando la información transmitida sobre presuntas violaciones que puedan caer dentro de la jurisdicción de la Corte”.
La oficina subrayó la “importancia de garantizar que se respete el Estado de derecho… y enfatizar que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes según el Estatuto de Roma”.
Después de las últimas elecciones en Venezuela, en 2018, Maduro también reclamó la victoria en medio de acusaciones generalizadas de fraude.
Con el apoyo del ejército y otras instituciones, logró aferrarse al poder a pesar de las sanciones internacionales.
El mandato de Maduro desde 2013 ha visto caer el PIB en un 80 por ciento en una década, lo que ha llevado a más de siete millones de los 30 millones de ciudadanos del país a emigrar.