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El miércoles, la jueza Analisa Torres dio por concluido el primer capítulo de un importante caso de criptomonedas de la Comisión de Valores y Bolsa imponiendo una multa de $125 millones a la firma de activos digitales Ripple y prohibiendo a la empresa violar la ley de valores en el futuro. La multa quedó muy por debajo de los $2 mil millones que la SEC había solicitado, lo que hizo que XRP—el token vinculado estrechamente a Ripple—se disparara más del 20%.
El caso SEC v. Ripple, que comenzó a finales de 2020, ha sido visto como un referente de cómo los tribunales fallarán en una campaña más amplia de aplicación de la ley contra las criptomonedas por parte de la agencia—una campaña que la industria afirma excede la autoridad legal de la SEC. En respuesta al fallo del miércoles, ejecutivos de Ripple y otros observadores de criptomonedas enmarcaron la decisión como una victoria para las empresas de criptomonedas. Sin embargo, en el panorama general, un casi seguro recurso de la SEC—junto con el lenguaje vago de la decisión—significa que la tan esperada claridad regulatoria sigue siendo un sueño lejano.
“La decisión inmediata de la jueza Torres es muy positiva para Ripple en general,” dijo Joe Castelluccio, socio de Mayer Brown y co-líder de los grupos de práctica de fintech y blockchain del bufete de abogados, agregando que la decisión aún debería “dar a la industria y al mercado un poco de pausa.”
El ejército de XRP
Desde su fundación en 2012, Ripple se ha posicionado prominentemente en el sector de las criptomonedas a través de su promesa de construir una red de pagos global y su token propietario, XRP, que ha ganado una base de seguidores ferozmente leal y una envidiable capitalización de mercado de $35 mil millones. Junto con el éxito financiero, Ripple ha enfrentado una serie de desafíos legales, incluida la demanda de 2020 presentada por la SEC bajo el entonces presidente Jay Clayton.
El sucesor de Clayton, Gary Gensler, heredó el caso, que rápidamente se convirtió en el litigio estrella de la agencia mientras perseguía una campaña de aplicación de la ley implacable contra la volátil industria. La SEC argumentó que la empresa había violado la ley al recaudar más de $1.3 mil millones a través de una oferta de valores digitales no registrada.
Después de una batalla judicial de alto perfil, que incluyó la revelación de correos electrónicos internos de la SEC detallando el funcionamiento interno de su enfoque hacia las criptomonedas, Torres emitió una decisión sorprendente en julio de 2023. Encontró que las ventas de XRP de Ripple directamente a inversores institucionales como fondos de cobertura violaban las leyes de valores, pero las ventas secundarias del token en plataformas como intercambios no lo hacían. Ripple—y la mayoría de la industria—celebraron la decisión como una victoria, incluso cuando la SEC apeló de inmediato la decisión pendiente de un fallo final.
En el tiempo transcurrido entre la decisión inicial de Torres y su fallo del miércoles sobre los daños, varios otros jueces federales—incluidos dos en el propio tribunal de distrito de Torres—han emitido sus propios fallos relacionados con criptomonedas. Estas decisiones han llegado a conclusiones separadas y a veces contradictorias a las encontradas por Torres—lo que significa que el estatus legal de las ventas de tokens digitales se ha convertido en una cuestión legal propicia para los tribunales de apelación, y potencialmente para la Corte Suprema.
Una multa y una prohibición
Aunque es común que los abogados del gobierno pidan mayores penalizaciones de las que finalmente se imponen, la cifra final de $125 millones de Torres está mucho más cerca de la solicitada por Ripple que de lo que solicitó la SEC.
“Cualquiera va a interpretar las cosas a su manera, pero es difícil no verlo como una victoria para Ripple,” dijo un ex abogado de la SEC que ahora trabaja en derecho de criptomonedas, y que habló con Fortune bajo condición de anonimato debido a su continuo trabajo con la agencia. Señaló específicamente que la jueza denegó la solicitud de la SEC de reintegros de Ripple, lo que significa que la empresa no tendrá que devolver las ganancias obtenidas por comportamiento ilegal.
A pesar de la victoria financiera, Torres impuso una prohibición contra Ripple, ordenando a la empresa que se abstenga de violar nuevamente las leyes de valores. En su decisión, señala la “disposición de Ripple a empujar los límites” de la ley después de que la SEC presentara su demanda inicial, argumentando que existe la probabilidad de que la empresa “eventualmente (si es que aún no lo ha hecho) cruce la línea.”
Debido a que Torres se negó a nombrar específicamente si—y cómo—Ripple había continuado violando las leyes de valores, la cuestión de cuándo las ventas de tokens digitales constituyen ofertas de valores seguirá abierta. “Eso apunta a barreras continuas en torno a la conducta en el mercado, y también al hecho de que esto sigue siendo un área de la ley no resuelta,” comentó Castelluccio.
Incluso si Torres hubiera sido más firme en su lenguaje, sería poco probable que impactara el comportamiento de otras empresas, dada la litigación en curso de la SEC contra empresas de criptomonedas como Coinbase y Binance. Además, dado que otros jueces federales han diferido notablemente de la decisión de Torres—con dos en el Distrito Sur de Nueva York encontrando que las ventas secundarias también podrían violar las leyes de valores—las discrepancias no se resolverán hasta que los casos lleguen a los tribunales de apelación.
Dado que la SEC ya intentó—y fracasó—presentar una apelación en el caso de Ripple antes de la decisión final de Torres, es probable que la agencia vuelva a apelar el fallo, incluido el asunto de las ventas secundarias y la multa. A pesar de que el mercado respondió positivamente a la decisión—incluido el aumento del 20% en el precio de XRP—Castelluccio advirtió que las decisiones de Torres desde julio pasado, y la de ayer, no tendrán el impacto de “cambiar el juego o cambiar el mercado.”
“Esas son afirmaciones significativas exageradas,” añadió.
Un comodín final en la disputa legal sobre XRP y otras criptomonedas es la lenta naturaleza del proceso de apelación, lo que significa que es muy poco probable que se emita un fallo de un tribunal superior en el caso de Ripple antes de 2025, mientras que cualquier fallo de la Corte Suprema casi con seguridad tendría que esperar hasta 2026 o más tarde. Mientras tanto, el creciente interés en las criptomonedas por parte de los legisladores significa que es posible que el Congreso apruebe nuevas reglas para gobernar el sector—potencialmente resolviendo los problemas legales en los casos de Ripple y Coinbase antes de que lo hagan los tribunales.
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