Una audiencia, una votación unánime y un adelanto de litigios sobre un bono de construcción escolar.

El Comité de Educación del Senado aprobó por unanimidad el lunes una iniciativa de bono de construcción escolar de $10 mil millones para la votación estatal del 5 de noviembre. También proporcionó un adelanto de lo que probablemente serán los argumentos sobre una demanda anticipada que desafiará cómo el estado comparte los fondos de bonos estatales con los distritos escolares.

La firma de abogados de interés público Public Advocates sostiene que el bono en el que votarán los californianos perpetuará un sistema que premiará a los distritos con los valores de propiedad más altos con la mayor cantidad de dinero estatal y perjudicará a los estudiantes de los distritos de bajos recursos. Se opone al Proyecto de Ley 247, que proporciona el lenguaje para la iniciativa de la boleta, y ha amenazado con demandar a menos que haya cambios sustanciales en el arreglo de financiamiento.

“Nuestros distritos pobres, con espacio limitado, enfrentan una batalla cuesta arriba al tratar de recaudar fondos equivalentes debido a los bajos valores de propiedad, a menudo resultado de décadas de discriminación sistémica y falta de inversión en comunidades de color”, dijo Gary Hardie, Jr., miembro de la junta escolar del Distrito Unificado de Lynwood, ubicado al este de Los Ángeles, y representante de la Asociación de Educadores Escolares Negros de California. “Esto no solo es injusto; es moralmente inaceptable.” Public Advocates citó la situación de Lynwood en una queja que presentó ante funcionarios estatales en febrero.

Los presidentes de los Comités de Educación del Senado y la Asamblea, ambos autores principales del proyecto de ley, refutaron las caracterizaciones, señalando los cambios del proyecto de ley en el sistema de asignación, que dijeron hacen que el sistema de financiamiento sea más equitativo.

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“Me parte el corazón escuchar parte de la retórica exagerada que están utilizando (Public Advocates)”, respondió el asambleísta Al Muratsuchi, del Partido Demócrata de Torrance. “Si nuestro objetivo es servir al bien mayor, el mayor número de estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos se encuentran en esos distritos a los que llaman ricos, como el Distrito Unificado de Los Ángeles, el Distrito Unificado de Oakland, y el Distrito Unificado de Long Beach, que respaldaron esta medida.”

El proyecto de ley aumentaría la participación del estado en fondos de contrapartida hasta en 5 puntos porcentuales, a 65% para renovaciones y 55% para nuevas construcciones. Ampliaría el número de distritos en “dificultades” con bases impositivas demasiado pequeñas para emitir bonos, calificando para el 100% de ayuda estatal.

Nicole Ochi, abogada adjunta de Public Advocates, desestimó los cambios como insignificantes. “No harán nada para revertir la distribución regresiva de los bonos estatales, ni los cambios menores al programa de dificultades financieras abordarán la naturaleza punitiva y onerosa de ese sistema”, dijo. “Una escala móvil del 60 al 65% no es un ajuste equitativo significativo. Esto es equidad en nombre y no en sustancia.”

Public Advocates propuso una escala móvil mucho más grande, sin garantía bajo el sistema actual de que todos los distritos reciban al menos un 50% de ayuda estatal para nuevas construcciones y un 60% para modernizaciones. En cambio, los distritos con los valores de propiedad más bajos por estudiante, incluidos Lynwood, la Ciudad de San Bernardino y Fresno, recibirían un 95% de ayuda del estado, con un 5% de aportación local; los distritos ricos en propiedades, como Palo Alto, Santa Clara y Santa Bárbara, recibirían un 5% de financiamiento estatal para una contribución local del 95%.

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Ochi dijo que Muratsuchi estaba mezclando la demografía de bajos ingresos con los bajos valores de propiedad. Principalmente estudiantes de bajos ingresos asisten a Fresno, San Bernardino, Oakland y Los Ángeles. Pero Oakland y Los Ángeles se benefician de la riqueza comercial e industrial, con valores de propiedad per cápita por encima del promedio. Su contribución del estado disminuiría ligeramente bajo la propuesta de Public Advocates.

El Senador Josh Newman, del Partido Demócrata de Fullerton, presidente de Educación del Senado, contradijo que el programa de instalaciones escolares ampliamente respaldado, creado en 1998, es inconstitucional. “El marco del programa se basa en la equidad y la justicia y, con el tiempo, ha evolucionado. Se ha actualizado para servir mejor a los diversos distritos escolares de California”, dijo.

Dijo que el enfoque equilibrado del programa revisado “proporciona apoyo adicional a los distritos de alta necesidad mientras mantiene un modelo de financiamiento sostenible y ampliamente respaldado en todo el estado.”

El comité votó 7-0 a favor del proyecto de ley, que se espera que el Senado y la Asamblea aprueben el miércoles. Public Advocates aún no ha decidido su próximo paso, pero dijo que nada en la última propuesta de bono le ha llevado a cambiar su posición.