Una startup de inteligencia artificial que no tiene suficiente efectivo para resolver una demanda de privacidad está otorgando a los demandantes una parte del valor de la empresa.

La startup de reconocimiento facial Clearview AI llegó a un acuerdo el viernes en una demanda de Illinois que alegaba que su enorme colección fotográfica de rostros violaba los derechos de privacidad de los sujetos, un acuerdo que los abogados estiman que podría valer más de $50 millones.

Pero el acuerdo único otorga a los demandantes en la demanda federal una participación en el valor potencial de la empresa, en lugar de un pago tradicional. Los honorarios de los abogados estimados en $20 millones también se descontarán del monto del acuerdo.

La jueza Sharon Johnson Coleman, del Distrito Norte de Illinois, dio su aprobación preliminar al acuerdo el viernes.

El caso consolidó demandas de todo Estados Unidos presentadas contra Clearview, que recopiló fotos de las redes sociales y otros lugares en internet para crear una base de datos que vendió a empresas, individuos y entidades gubernamentales.

La empresa llegó a un acuerdo en un caso separado que alegaba la violación de los derechos de privacidad en Illinois en 2022, acordando dejar de vender acceso a su base de datos a empresas privadas o individuos. Ese acuerdo aún permitía a Clearview trabajar con agencias federales y fuerzas del orden locales fuera de Illinois, que tiene una estricta ley de privacidad digital.

Clearview no admite responsabilidad como parte del último acuerdo de liquidación.

“Clearview AI se complace en haber llegado a un acuerdo en esta liquidación de acción colectiva”, dijo en un comunicado escrito el abogado James Thompson, representante de la empresa en la demanda.

El abogado principal de los demandantes, Jon Loevy, dijo que el acuerdo fue una “solución creativa” necesaria debido al estado financiero de Clearview.

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“Clearview no tenía ni de lejos el efectivo para pagar una compensación justa a la clase, por lo que necesitábamos encontrar una solución creativa”, dijo Loevy en un comunicado. “Bajo el acuerdo, las víctimas cuya privacidad fue vulnerada ahora podrán participar en cualquier beneficio que se genere en última instancia, recuperando así en cierta medida la propiedad de sus biometrías por parte de la clase”.

No está claro cuántas personas serían elegibles para unirse al acuerdo. El lenguaje del acuerdo es amplio, incluyendo a cualquiera cuyas imágenes o datos estén en la base de datos de la empresa y que hayan vivido en los Estados Unidos a partir del 1 de julio de 2017.

Una campaña nacional para notificar a posibles demandantes es parte del acuerdo.

Los abogados de Clearview y los demandantes trabajaron con Wayne Andersen, un juez federal jubilado que ahora media en casos legales, para desarrollar el acuerdo. En documentos judiciales que presentan el acuerdo, Andersen escribe categóricamente que la startup no habría podido pagar ningún fallo legal si la demanda hubiera seguido adelante.

“Clearview no tenía los fondos para pagar un fallo de varios millones de dólares”, se cita en el documento. “De hecho, había una gran incertidumbre sobre si Clearview incluso tendría suficiente dinero para llegar hasta el final del juicio, y mucho menos financiar un fallo”.

Pero algunos defensores de la privacidad y personas que buscan emprender otras acciones legales calificaron el acuerdo como una decepción que no cambiará las operaciones de la empresa.

Sejal Zota es abogada y directora legal de Just Futures Law, una organización que representa a demandantes en una demanda de California contra la empresa. Zota dijo que el acuerdo “legitima” a Clearview.

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“No aborda la raíz del problema”, dijo Zota. “Clearview puede seguir su práctica de recopilar y vender rostros de personas sin su consentimiento, y usarlos para entrenar su tecnología de IA”.

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