Meseni: persiste la represión en Nicaragua

El organismo dio a conocer su boletín de agosto, donde el régimen de Daniel Ortega continuó con su política pública de represión en Nicaragua contra ciudadanos a quienes la dictadura considera opositores

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La represión continúa contra los opositores al régimen de Daniel Ortega. HOY / Roberto Fonseca

HOY

El asedio, persecución, acoso, secuestros, agresiones, amenazas y abusos persisten en Nicaragua contra los excarcelados políticos, líderes opositores, partidos políticos, estudiantes, defensores de derechos humanos, abogados, medios de comunicación y sectores religiosos, según el último informe del Mecanismo de Seguimiento a Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En el mes de agosto, la CIDH recibió información sobre el incremento del hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos y otros colectivos de abogadas y abogados en Nicaragua dedicados a la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad en Nicaragua”, inicia el informe, al referirse al caso de la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, enjuiciada por venganza de la Policía Orteguista.

La CIDH confirmó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con sus políticas de asedio contra los excarcelados políticos.

“La Comisión advirtió sobre un patrón de detenciones arbitrarias, de corta duración, en contra de las personas excarceladas. Algunas de estas detenciones habrían ocurrido en los puestos fronterizos o en el aeropuerto, por ejemplo, después de su participación en eventos internacionales”, denunció el Meseni.

Entre otros hechos, en el mes de agosto la CIDH tomó conocimiento sobre el exilio a Costa Rica del alcalde de Mulukukú, Apolonio Fargas, por la toma de las instalaciones de la Alcaldía y de su domicilio por agentes policiales al servicio de la dictadura.

“Anteriormente, el señor Apolonio Fargas había sido detenido por su participación en las protestas sociales y, posteriormente, liberado en virtud de la Ley de Amnistía. Por otra parte, el 23 de agosto, la CIDH ordenó la adopción de medidas cautelares para la protección de Violeta Mercedes Granera, integrante de la Unidad Azul y Blanco, y sus familiares, al encontrarse en una situación de riesgo en el marco de la actual situación por la que atraviesa el Estado de Nicaragua”, dijo Meseni.

En su reporte de agosto, la organización además da a conocer las detenciones arbitrarias y en algunos casos secuestros y desapariciones forzadas de mujeres, de estudiantes, líderes políticos y denuncias de asesinatos selectivos en la zona rural de Nicaragua.

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