Mujeres rechazan informe que Daniel Ortega mandó a la ONU

Según Ortega entre el 2014 y 2018 se crearon 61 comisarías de la mujer

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La desaparición de las comisarías, según Flores, impacta en aspectos como la atención integral de las mujeres víctimas y en el aumento de la desconfianza de las víctimas al nuevo sistema de atención ordinario. HOY / Archivo

HOY

Entre el 2014 y 2018, según el régimen de Daniel Ortega, se establecieron en Nicaragua 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez. Esta cifra la reportó el gobierno a un comité del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El dato lo rechazan las organizaciones de derechos de la mujer, quienes informan que la dictadura eliminó estas comisarías desde el 2015. A criterio de la Red de Mujeres contra la Violencia, “es falso y cínico”.

“Al contrario, entre 2014 y 2016 eliminaron las Comisarías de la Mujer que existían en todas las delegaciones como modelo de atención integral contra la violencia hacia las mujeres. Con las reformas a la Ley 779 (Ley  Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres) pasaron ese personal especializado a la Dirección de Auxilio Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y violencia de género como delitos comunes”, dice Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia.

Flores señala que cada mes en Nicaragua, entre cinco y siete mujeres son asesinadas, víctimas de la violencia extrema como es el femicidio, sin que las autoridades policiales incidan en la reducción y prevención del crimen.
Indefensión

Hasta el 12 de agosto, esta organización registraba 44 femicidios en lo que va del 2019, además de nueve mujeres desaparecidas (niñas y adolescentes incluidas). A criterio de Flores, la mayoría de ellos pudo evitarse “si atendieran las denuncias de las mujeres con la debida diligencia”.

Informe tardío

El pasado 27 de mayo el Estado de Nicaragua envió al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un tardío informe que debió haber presentado en 2013, como parte de sus obligaciones internacionales de rendir informes de Estado-País del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En ese documento con seis años de retraso, el régimen informa que en materia de protección a la mujer, entre otras medidas, y “con el propósito de ampliar el acceso a la justicia y protección judicial”, en el período 2014-2018 “se han establecido 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez en el territorio nacional”.

De acuerdo con Flores, la Policía Orteguista empezó a desarticular de facto a las Comisarías desde 2013 y terminó su proceso en 2016.

El informe oficial es la respuesta del Estado de Nicaragua al Examen Periódico Universal (EPU) que el pasado 15 de mayo se le hizo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde se reprobó de manera general al Estado por sus reiteradas y permanentes políticas de violaciones de derechos humanos.

Este documento es parte del informe de respuesta de Nicaragua que será evaluado en septiembre próximo, en el marco del seguimiento de Naciones Unidas al cumplimiento de los tratados internacionales del país en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales.

“Las mujeres nos encontramos en la indefensión total ante un Estado e instituciones indolentes. No hay acceso a la justicia real y efectiva, no se investigan violaciones y abusos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres. Con el cierre de comisarías desde el 2016, no hay atención especializada en las denuncias de los distintos tipos de violencia contra  las mujeres. Cercenaron la Ley 779, que fue creada como una herramienta jurídica para proteger la vida de las mujeres”. Eveling Flores, Red de Mujeres contra la Violencia.

Pero lo más grave, a criterio de la Red de Mujeres contra la Violencia, es que la Policía no solo desarticuló la red de oficinas de Comisarías y deja en indefensión a las mujeres, sino que permiten, toleran y actúan en complicidad con grupos parapoliciales y terceros armados para cometer abusos y delitos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del estado de represión que se sufre en Nicaragua desde abril de 2018.

“Todo el sistema de justicia, desde la Policía, la fiscalía y el sistema judicial, han desnaturalizado y descuidado el mandato de protección a la mujer nicaragüense, por eso desde la Red nosotros insistimos a los fiscales de género que renuncien a sus cargos y se dediquen si así lo quieren, a seguir en sus labores de partidismo político, pero sin salarios del Estado”, dice Flores.

La desaparición de las comisarías, según Flores, impactan directamente en tres aspectos: en la atención integral de las mujeres víctimas con un enfoque de reparación y orientación, en el aumento de la desconfianza de las víctimas hacia el nuevo sistema de atención ordinario y esto, a su vez, en el aumento del subregistro de los casos por ausencia de denuncias.

Ni el rótulo hay

De igual manera la defensora de los derechos de la mujer, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, rechaza por “falso y mentiroso” el citado dato del Estado de Nicaragua enviado a Naciones Unidas.

“No existe una sola comisaría de la mujer activa y funcional conforme a su modelo original de atención integral, ese espacio lo demolieron, lo que queda es una forzada interpretación policial de atención a la mujer que no corresponde en nada al modelo de atención integral de las comisarías”, dice Jiménez.

La activista de derechos de las mujeres recuerda que antes de 2014, las comisarías de la mujer eran donde iniciaba la ruta de acceso a la justicia que emprendían las mujeres denunciando la violencia que padecían.

“Todo eso ha sido debilitado y desaparecido en todo el país. La Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, ha sido desnaturalizada apenas entró en vigencia con cuatro acciones del gobierno: una reforma que limita su alcance, un reglamento que minimiza su aplicación, un instructivo y una orden de desaparecer las comisarías”, dice Jiménez.

Ella dice que en muchos casos ya no existe ni siquiera el rótulo, en otros aun es visible pero por dentro las oficinas y estructuras se ocupan para otras funciones ajenas a la misión del proyecto original.

De los anuarios de la Policía desaparecieron los informes de la Dirección de las Comisarías de la Mujer, así como desapareció la figura de jefa de esa dirección (la última fue la comisionada Erlinda Castillo) y de los medios oficialistas desaparecieron las noticias al respecto.

Para Jiménez, lo que la dictadura de Ortega busca con este informe es convencer a la comunidad internacional que está respetando los derechos humanos de las mujeres, en el contexto de la avalancha de denuncias internacionales por las políticas pública de abusos en el marco de la represión total desatada desde abril de 2018.

Vender una Nicaragua segura

La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres dice que la intencionalidad del régimen al desaparecer las comisarías estaba orientada en dos intenciones: una política de desvincular a las organizaciones de la sociedad civil que antes interactuaban con la Policía en la prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia de género y abusos sexuales.

La otra intención, según Jiménez, fue manipular las cifras de femicidios y ataques contra las mujeres.

“En su política de vender a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica, querían ocultar las cifras alarmantes de femicidios y violaciones sexuales de sus anuarios y encontraron la forma de hacerlo mediante la eliminación de las comisarías, de modo que los casos de femicidios los maquillan como homicidios y las agresiones como delitos comunes”, dice.

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