Régimen de Daniel Ortega criminaliza labor de los defensores de derechos humanos, dice la Alianza Cívica

Para la Alianza Cívica, la criminalización hacia los abogados evidencia una “nueva etapa de represión” en el país desde que iniciaron las protestas

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María Oviedo dijo que está enfocada en demostrar que es inocente y continuar trabajando en la defensa de los derechos humanos. HOY / Uriel Molina

HOY

La labor de los defensores de derechos humanos ha sido criminalizada por el régimen de Daniel Ortega, lo cual constituye “una flagrante violación al derecho constitucional al trabajo”, dijo ayer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La organización resaltó la labor de los defensores de derechos humanos durante la crisis que estalló en abril del año pasado, luego que estos han sufrido “asedios, amenazas de muerte, agresiones físicas, exilio, detenciones arbitrarias y más recientemente, sujeto de procesos penales injustos y arbitrarios”.

Uno de los ejemplos más claros de la criminación es el de la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). A Oviedo, el régimen le abrió un proceso judicial por el delito de obstrucción de funciones cuando el pasado 27 de julio fue detenida en la delegación policial de Masaya y posteriormente trasladada a la cárcel el Chipote, en Managua. En Masaya la abogada fue agredida física y verbalmente por un oficial.

Para la Alianza Cívica, la criminalización hacia los abogados evidencia una “nueva etapa de represión” en el país desde que iniciaron las protestas que dejaron más de 300 muertos, cientos de presos políticos y decenas de miles de exiliados.

Asimismo, le recordó al régimen de Daniel Ortega que muchos de los defensores que son asediados, entre los que se encuentra Oviedo, gozan de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El trabajo de la defensoría de derechos humanos, regido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de vital importancia, especialmente en situaciones como las que se viven en Nicaragua”, expuso la Alianza.

El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Daniel Ortega, retiró la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y a otra serie de organizaciones que trabajaban de cerca en la defensa de derechos humanos de los nicaragüenses.

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