Los dos últimos rehenes de la Policía en la alcaldía de Mulukukú fueron liberados a las 4:00 a.m. de este sábado

Policía se llevó computadoras, teléfonos y documentos de la Alcaldía de Mulukukú

Vista panorámica de Mulukukú. TOMADA DE INTERNET

Los dos últimos rehenes de la Policía Orteguista (PO) en la Alcaldía de Mulukukú fueron liberados a las 4:00 a.m. de este sábado, después de haber sido obligados a empacar las computadoras, teléfonos, documentos y registros de proyectos en ejecución que se llevaron del lugar los policías encapuchados que se tomaron la alcaldía desde la mañana del viernes.

El concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Orling Oney Mairena Martínez, dijo que se trató de un saqueo bajo el argumento de una investigación de la Contraloría General de la República. Pero la PO se tomó el viernes la Alcaldía sin dar explicación; los agentes llegaron encapuchados, encañonaron al personal presente como si fueran delincuentes y los mantuvieron secuestrados por horas. Los liberaron gradualmente hasta la madrugada de este sábado.

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Esta mañana la sede de la alcaldía luce desolada y vacía. Los policías que llegaron de Managua el viernes, en tres patrullas, ya se retiraron, pero la sede municipal es vecina de la estación policial local, así que hay temor de los trabajadores y funcionarios municipales de acercarse al lugar.

Policía actuó de forma delictiva

El exdiputado Agustín Jarquín Anaya, quien se especializó en el tema de municipalismo y fue presidente de la Comisión de Población Desarrollo y Municipios en la Asamblea Nacional, dijo que en el caso de que exista una irregularidad o denuncia de mal manejo de los recursos en una administración municipal, se debe proceder de acuerdo a lo establecido en la ley para hacer la auditoría correspondiente. Sin embargo, en el caso de la alcaldía de Mulukukú, el exdiputado considera que la PO actuó de forma delictiva.

Jarquín explicó que la Contraloría General de la República debió crear un equipo de auditoría con un plan para investigar las denuncias de irregularidades en la administración pública. También debe existir una comunicación entre la Alcaldía y la Contraloría, para pedir la documentación y los libros que se van a inspeccionar. Y, además, debe haber la instrucción de un juez, que debió emitir una orden previa de la ocupación de los documentos.

Según Jarquín, la manera en que procedió la Policía es «delincuencial» y crea una nulidad del proceso «porque son evidencias indebidamente recogidas».

«Si hubiera un manejo incorrecto o corrupto, la forma en que lo están haciendo apaña conductas así, porque las evidencias recogidas así son nulas», dijo Jarquín.

Además afirmó que esta actuación policial, además de que es una violación al derecho, también afecta la inversión y alimenta el clima de crisis en el país.

«Esto desestimula el desarrollo económico sano y las inversiones en Nicaragua», dijo Jarquín.

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