Ortega retira a Sonia Castro como ministra de Salud, pero la dejan de asesora

La nueva titular del Minsa es Carolina Dávila

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Sonia Castro fue destituida del cargo de ministra de Salud (Minsa), pero el régimen de Daniel Ortega para continuar protegiéndola le dio el cargo de “ministra asesora del presidente de la República para temas de salud”.
Castro es una de las funcionarias de Ortega que fue sancionada por Estados Unidos y Canadá, por violaciones a los derechos humanos.

El retiro de Castro del Minsa se hizo efectivo por medio del Acuerdo Presidencial 108-2019 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, este 26 de julio. En ese mismo documento se hace el nombramiento como asesora. “En consecuencia déjese sin efecto su nombramiento en el cargo de Ministra del Ministerio de Salud”, expresa el texto.

Para oficializar el nuevo cargo de “asesora” en el que quedó Castro relegada, Ortega reformó el reglamento de la Ley 290, Ley de organización, competencia y procedimientos o del Poder Ejecutivo, en el que amplió la lista de sus “asesores”, que es el puesto que ha dado el dictador a una serie de exfuncionarios que son de su círculo personal cuando a estos los quita de un ministerio para poner a otro de sus fieles políticos.

Anda de gira

Castro actualmente anda de gira en Qatar y Emiratos Árabes Unidos donde busca inversiones para el sector salud de Nicaragua.

Carolina Asunción Dávila Murillo es la nueva titular del Minsa, según el Acuerdo Presidencial 109-2019. Dávila era hasta ahora la viceministra de Salud para asuntos del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais-Managua).
Castro fue sancionada por Estados Unidos y Canadá el pasado 21 de junio, cuando también fueron sancionados Gustavo Porras, presidente de la Asamblea; el director del Telcor, Orlando Castillo, y al general en retiro y ministro de Transporte, Óscar Mojica.

Sonia Castro asumió el cargo de ministra de Salud en marzo del 2010, en sustitución de Guillermo González , quien fungió como director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) con rango de ministro.

Las sanciones fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, pero también por primera vez Estados Unidos usó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), es decir la ley Nica Act contra funcionarios del régimen orteguista por su involucramiento en la represión contra los ciudadanos en las jornadas de protestas que iniciaron en abril del 2018.

La ahora exministra de Salud es señalada de haber dado órdenes a los hospitales públicos de no atender a los heridos en las protestas que iniciaron en abril de 2018. Esa orden provocó la muerte de manifestantes, una de las más conocidas es la de Álvaro Conrado, de 15 años de edad, quien murió desangrado debido a que en dos clínicas del Minsa le negaron la atención cuando fue llevado herido de bala en la garganta durante el ataque de grupos de choque y la Policía Orteguista (PO) a los estudiantes universitarios en el sector de la Universidad de Ingeniería (UNI).

Organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó en su informe sobre la represión en Nicaragua que “existe información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, de formas de atención inadecuadas”, maltrato a los heridos “que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes.

 

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