De Somoza a Ortega: los nicaragüenses siguen luchando contra la pobreza

Muchos nicaragüenses no han percibido un mejoramiento en su nivel de vida en estos 40 años.

Igual que quienes gobernaban antes de 1979, los que lo hacen se niegan a oír la exigencia de volver a la democracia. HOY/Archivo

El exguerrillero Juan Roque quedó ciego por la explosión de una granada lanzada por la guardia de Anastasio Somoza en un barrio de Managua durante su huida tras el triunfo de la Revolución sandinista, el 19 de julio de 1979.

Desde entonces, recibe una pensión de 200 dólares al mes como lisiado de guerra y fue favorecido con una vivienda en el marco de un pequeño reparto para discapacitados en el vecindario Ernesto Che Guevara.

“La revolución nos liberó”, dice a la AFP este hombre de 63 años que vivió su infancia en una casa de cartón y formó parte de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que luchó contra la dinastía de la familia Somoza que dominó el país por casi medio siglo.

La revolución ofreció esperanzas a los nicaragüenses que sufrían pobreza y represión. Fue una época difícil, “la gente moría de todo” y “había menos acceso a los alimentos”, afirma el economista Denis Meléndez, director de la organización Mesa Nacional de Gestión de Riesgos.

En julio de 1979 una rebelión armada le puso fin a los desmanes de una dictadura familiar. HOY/Archivo

Avances y retrocesos

En la era somocista (1936-1979) se estima —no había mediciones entonces— que la pobreza abarcó a más de la mitad de la población, según el sociólogo Cirilo Otero.

En abril de 2018 una rebelión ciudadana inició una lucha cívica para ponerle fin a otra dictadura familiar. HOY/Archivo

Para 2017, había bajado a 20 %. Según el Banco Mundial, la pobreza cayó de 48.3 % en 2005 a 24.9 % en 2016. El servicio eléctrico ahora alcanza el 95 % de los hogares, según cifras oficiales. Y la red de agua potable cubre al 66 %, de acuerdo con cifras de 2014 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Tras la revolución, los sandinistas nacionalizaron 2 mil fincas que estaban en manos de los Somoza y sus allegados, establecieron la gratuidad de la educación y la salud y promulgaron una reforma agraria.

Con la misma piedra

La represión afectó las relaciones con Washington, que impuso sanciones que limitan el acceso de Nicaragua a créditos internacionales, así como contra activos de figuras del gobierno, incluyendo la esposa de Ortega, Rosario Murillo.

“Apoyé la insurrección popular contra la dictadura (somocista), pero parece que caímos en otra”, lamenta la profesora retirada María Canales.

Se redujo el analfabetismo del 50 % al 12 % con una cruzada nacional en 1980 que fue reconocida por la Unesco. Pero llegó la guerra porque el sandinismo se alineó con Cuba y la Unión Soviética.
Ortega entregó el país en ruinas tras perder los comicios de 1990 ante una alianza opositora que llevó a Violeta Chamorro al poder.

Ortega, ahora de 73 años, retornó al poder en 2007 y se reeligió dos veces en comicios cuestionados por la oposición. Emprendió desde entonces una “nueva etapa de la revolución”, evitando enfrentarse a Estados Unidos. Recibió 4,800 millones de dólares de cooperación venezolana entre 2008 y 2018, que según dijo lo emplearía para combatir la pobreza.

Pero muchos nicaragüenses no han percibido un mejoramiento en su nivel de vida en estos 40 años. Para Yoconda Salgado, una menuda anciana de 70 años que vive con su hijo y tres nietos en una casa de madera, “la pobreza sigue igual”.

María Rivas, de 59 años, dice que come gracias al dinero que su hija adoptiva gana lavando ropa ajena y la ayuda que piden afuera de la catedral.

A varios metros del templo, policías armados patrullan las calles para evitar que se reanuden las protestas que en el último año pusieron en jaque al gobierno. Muchos acusan a Ortega de encabezar un régimen autoritario, nepotista y corrupto que amenaza con hundir al país, sino se encauza hacia la democracia.

Un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) reveló que el año pasado la pobreza aumentó a 23.5 %. Si la crisis continúa, este año podría subir a 32 %, afectando directamente a dos millones de nicas.

Nada que celebrar

325

muertes contabilizó hasta marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), producto de la crisis sociopolítica. Organismos locales los calculan en más de 500.

70 mil nicaragüenses

han tenido que huir del país por la feroz persecución desatada contra quienes participaron en manifestaciones opositoras. Viven en la actualidad un difícil exilio.

400 mil empleos

se han perdido como parte de la crisis. La ola de violencia originada por paramilitares, delincuencia común y malas ventas, más una economía en picada, han causado el cierre de varias empresas.

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