Alianza Cívica denuncia a jueces

Archivar casos no garantiza libertad de presos políticos, dicen

Advierten que mientras no haya un sobreseimiento definitivo, los presos políticos corren el riesgo de volver a prisión. HOY/Archivo

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) respalda la actuación de los abogados defensores de presos políticos excarcelados y se une a exigir sentencias de sobreseimiento para los autoconvocados, ya que el archivo de expedientes no les garantiza el cierre definitivo del caso.

“Los jueces en los procesos contra los excarcelados políticos deben en forma inexcusable, dictar ‘sentencias de sobreseimiento’ a favor de estos, por cuanto la norma legal citada en forma expresa establece que el sobreseimiento se dispondrá mediante sentencia, cuando exista certeza absoluta entre otras que ‘la acción penal se ha extinguido’”, dice un comunicado de dicha organización.

Siempre rehenes

Desde el mes pasado, los jueces están dictando autos judiciales en los que mandan a archivar las causas, suspenden los efectos de las medidas cautelares y mandan a borrar antecedentes, pero no sobreseen a los acusados, ni devuelven sus bienes.

“Con este tipo de resoluciones los jueces pueden volver abrir dichas causas durante un período de un año conforme lo dispone el artículo 268 CPP; período en el cual, los excarcelados continuarán siendo rehenes del Gobierno, pues no gozan de una libertad plena conforme se convino en el Acuerdo suscrito el día 27 de marzo del presente año”, reza el documento que la Alianza divulgó ayer.

Estado policial

La organización opositora al orteguismo también denunció “la consolidación de un estado policial que utiliza todos los poderes del Estado para reprimir y criminalizar la protesta cívica y la disidencia en nuestro país, en franca violación de los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses” y los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.

Batalla pese a amnistía

Abogados defensores de presos políticos interpusieron incidentes de nulidad contra el rechazo a los recursos de reposición que habían interpuesto, para que los jueces cumplieran con dictar sentencia de sobreseimiento definitivo y la devolución de los bienes decomisados a los perseguidos políticos.

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