Senadores de Estados Unidos piden más sanciones para Ortega y mandos policiales

La petición la hicieron los senadores estadounidenses Ted Cruz y Robert Menéndez al secretario de Estado Mike Pompeo

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Los senadores estadounidenses Ted Cruz y Robert Menéndez solicitaron al secretario de Estado Mike Pompeo sancionar con la Nica Act a nueve funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluido el dictador Daniel Ortega, como jefe de la Policía Orteguista (PO), implicados en violaciones a los derechos humanos y corrupción en el país.

En la carta fechada el 10 de julio del presente año, los senadores piden aplicar la Nica Act además de Ortega, a Aminta Granera, exdirectora general de la Policía; Ramón Avellán, segundo jefe de la Policía; Jaime Vanegas, inspector general de la Policía; Luis Pérez Olivas, jefe del Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía; Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario Nacional; Darling Morales Duarte, directora del Penitenciario de Tipitapa, y Donald Pérez Garay, director de Máxima Seguridad de la cárcel La Modelo.

Tomado de La Prensa

Cruz y Menéndez aseguran en su carta que estos funcionarios han violado los derechos humanos de los nicaragüenses y han cometido actos de corrupción. Asimismo, los tres funcionarios del Sistema Penitenciario que piden sancionar son señalados por los senadores de ser cómplices en el asesinato de Eddy Montes Praslin —quien tenía ciudadanía estadounidense— mientras estaba preso en La Modelo.

“Es crítico que los Estados Unidos redoble los esfuerzos de la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen de Ortega y así asegurar el respeto de los derechos del pueblo nicaragüense, el procesamiento de quienes violen los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia”, adujeron.

Tanto Ortega como los funcionarios de la Policía propuestos a sancionar por EE.UU. también fueron nombrados por Human Rights Watch el pasado 2 de julio como sujetos a los que la Unión Europea debe aplicar castigos como prohibirles el ingreso a países europeos y el congelamiento de activos.

Los senadores aplaudieron los pasos que la Administración de Donald Trump ha tomado hasta el momento para abordar la brutalidad del régimen de Ortega. El pasado 21 de junio, Estados Unidos sancionó al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la ministra de Salud, Sonia Castro; al director del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica, y a Orlando Castillo, director de Telcor.

Previamente ya habían sido sancionados Rosario Murillo, Fidel Moreno, Laureano Ortega, Néstor Moncada Lau y Francisco Díaz.

Incumplimiento

Los funcionarios de EE.UU. recuerdan que la dictadura de Ortega no cumplió su compromiso de liberar a todos los presos políticos el 18 de junio, ya que según la Alianza Cívica, la contraparte en la mesa de negociaciones, aún permanecen más de 80 reos políticos en las cárceles.

La Nica Act se convirtió en Ley el 20 de diciembre de 2018 luego de que fuera firmada por el presidente Donald Trump y en su carta los senadores solicitaron una actualización sobre el informe del Departamento de Estado detallando violaciones de derechos humanos y corrupción en Nicaragua, que debía presentarse el mes pasado según lo estipulado en la Nica Act.

“Este informe, que el Departamento de Estado no presentó antes de la fecha límite del 19 de junio, es esencial para nuestros esfuerzos por promover la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas de la crisis actual de Nicaragua, y ayudará a tomar decisiones sobre cómo implementar mejor las sanciones dirigidas contra el gobierno de Nicaragua. funcionarios, según lo dispuesto en la Nica Act”, afirman los funcionarios estadounidenses.

Esta ley además obliga a Estados Unidos a vetar las solicitudes de préstamo que haga el régimen de Daniel Ortega en los organismos multilaterales.

Preocupados por la Ley de Amnistía

Asimismo los senadores expresaron su profunda preocupación por la aprobación el pasado 8 de junio de la Ley de Amnistía, bajo la cual el régimen pretende dejar en la impunidad los crímenes cometidos desde el 18 de abril de 2018.

“Es importante señalar que, hasta la fecha, ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido procesado por su participación en la campaña de represión del régimen, que incluye casos documentados de tortura y abusos generalizados contra los derechos humanos”, dicen los senadores en su misiva.

Esta ley fue rechazada por diferentes sectores del país como el Comité de Presos Políticos, la Asociación de Madres de Abril (AMA), abogados defensores de reos políticos, entre otros, ya que aseguran que no garantiza justicia real para las víctimas.

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