Otro recurso contra la Ley de Amnistía, esta vez fue la Articulación de Movimientos Sociales

“Lo hicimos para apoyar y respaldar lo que las Madres de Abril hicieron", dijo Luis Molina, directiva de la Coordinadora Civil

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Miembros de la Articulación de Movimientos Sociales. HOY /Cortesía de la Articulación de Movimientos Sociales

HOY

Los dirigentes de la Articulación de Movimientos Sociales interpusieron ayer viernes un recurso por inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Managua.

“Lo hicimos para apoyar y respaldar lo que las Madres de Abril hicieron. Ellas fueron las primeras que tuvieron esa iniciativa, de recurrir, porque ellas consideran que esa ley les viola los derechos humanos y que, además, no les garantiza la justicia por la muerte de sus hijos y de sus hijas. Ellas no quieren que esas muertes queden en la impunidad”,  dijo Luis Molina, directiva de la Coordinadora Civil.

El recurso fue presentado por Molina, Guiller Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y de la Articulación; Eveling Flores, de la Red Mujeres; Mario Chamorro, de la Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), entre otros.

La Ley de Amnistía pretende dejar impune a las más altas autoridades del régimen, desde Daniel Ortega hasta los policías y paramilitares, que han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de masacrar a la población durante las protestas sociales en Nicaragua.

El artículo uno de esta Ley establece que “concede amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”. Sin embargo, en el contexto de represión contra las protestas, la Policía y los simpatizantes de Ortega son los únicos que han matado, torturado, secuestrado a los manifestantes opositores, lo que dejó un saldo de más de 340 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aún así, la Policía Orteguista (PO) y el sistema judicial controlado por Ortega, detuvo y abrió causas judiciales contra más de 700 manifestantes. La mayoría fueron excarcelados, pero aún hay más de 100 detenidos, porque las detenciones no han cesado.

 

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