Alianza Cívica entrega lista de incumplimientos del gobierno a testigos y garantes

A los liberados no les han entregado sus instrumentos de trabajo

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Carlos Tünnermann dijo que pidieron a los testigos que le hagan ver al gobierno que es necesario que cumpla con los acuerdos. HOY / Roberto Fonseca

HOY

La lista de los incumplimientos del régimen de Daniel Ortega a los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica fue entregada ayer por los miembros de la organización a Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), y al nuncio Waldemar Sommertag, testigos y acompañantes en la mesa de negociación.

Los acuerdos fueron suscritos en marzo pasado y tienen que ver con la libertad de todos los presos políticos y la restitución de los derechos y las garantías ciudadanas.

Carlos Tünnermann señaló que se les informó a los testigos y acompañantes que el régimen continúa secuestrando ciudadanos. De no cumplir la dictadura de Ortega su compromiso de liberar a todos los presos políticos, Tünnermann aseveró que la Alianza Cívica anunciará en las próximas horas una decisión sobre seguir o no en las negociaciones.

Ayer se venció el plazo de 90 días para la liberación de todos los presos políticos, sin embargo aún quedan más de 80 ciudadanos en las celdas, a quienes el gobierno no reconoce como presos políticos.

“Nosotros les hemos dicho a los garantes que tomen nota de que el gobierno no le ha dado pleno cumplimiento al acuerdo de lo que se firmó el 27 de marzo, sobre la liberación de los presos políticos”, sostuvo Carlos Tünnermann , miembro negociador de la Alianza Cívica.

Indicó que a los testigos y garantes se les explicó sobre el concepto de liberación de los presos, los cuales una vez excarcelados y cumplido el plazo de los 90 días, “debían haber logrado su total libertad, o sea limpios de antecedentes penales”.

“Eso no se ha cumplido (plena libertad de los presos políticos) a pesar que está en el artículo primero de la Ley de Amnistía que se aprobó en los primeros días de junio; y tampoco se les han regresado sus bienes, sus instrumentos de trabajo, a muchos de ellos ni siquiera se les ha entregado su cédula de identidad”, sostuvo Tünnermann.

Riesgo de sanciones

Analistas consideraron que un incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos asumidos con la oposición podría provocar la aplicación de sanciones por parte la Unión Europea (UE) y un endurecimiento de las medidas impuestas por Estados Unidos.

Los acuerdos abarcan también el cese de las detenciones arbitrarias, la restitución del derecho a la protesta, reunión pacífica, libertad de expresión y la devolución de bienes confiscados a ONGs y medios de comunicación.

“El gobierno tiene difícil demostrar que ha cumplido porque han habido nuevas detenciones, acosos, intimidaciones; la libertad de prensa está casi en su mínima expresión y los exiliados que vienen siguen siendo acosados”, declaró el analista Gabriel Alvarez.

Para el exdiplomático Edgar Parrales, el incumplimiento podría llevar a la UE a retirar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, reducir o congelar la cooperación bilateral, establecer restricciones migratorias o imponer sanciones a funcionarios del gobierno.

“En los bancos de Europa esta gente (del gobierno) tiene dinero, tienen bienes inmuebles” que podrían ser afectados, explicó a la AFP.

Recordó que entre el 21 y 22 de junio próximos el Departamento de Estado de Estados Unidos debe informar al Congreso sobre la situación de los derechos humanos y corrupción en Nicaragua, bajo la ley denominada Nica Act, aprobada en diciembre y que restringe el acceso a créditos de organismos multilaterales como represalia por la represión de las protestas.

“Si el gobierno no cumple, es posible que se endurezca la aplicación de la Nica-Act”, valoró a la AFP el exdiplomático Mauricio Díaz.

Washington también impuso sanciones económicas contra Rosario Murillo, su hijo, Laureano y otros cinco altos funcionarios, señalados de violación a los derechos humanos y corrupción.

Más sanciones agravarían la crisis en Nicaragua, cuya economía se contrajo un 3,8% el año pasado, según cifras oficiales, mientras que los gremios empresariales apuntan pérdidas de unos 450.000 empleos y el cierre de pequeños y medianos negocios.

 

 

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