Human Rights Watch pide duras sanciones contra altos funcionarios de Ortega

A la sesión asistieron  el activista político Félix Maradiaga y Carlos Ponce, de Victims of Comunism Memorial Foundation.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo. Archivo

El pedido fue claro en el Congreso de Estados Unidos: urgen más sanciones contra altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega por las violaciones de los derechos humanos que le ha costado la vida a más de 300 nicaragüenses. Esta fue la petición que hizo este martes Human Rights Watch (HRW) en una audiencia sobre la crisis en Nicaragua realizada en el Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

“En Human Rights Watch estamos extremadamente preocupados porque los responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no han rendido cuentas por sus abusos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“El gobierno de Estados Unidos debería adoptar una posición contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la imposición de sanciones individuales dirigidas contra altos funcionarios que son responsables de gravísimos abusos”, afirmó Vivanco, según un comunicado emitido por dicho organismo.

A la sesión también asistieron  el activista político Félix Maradiaga y Carlos Ponce, de Victims of Comunism Memorial Foundation.

Entre las medidas que HRW pidió a los congresistas es que se prohíba el ingreso a Estados Unidos a los altos funcionarios de Ortega que se han visto envuelto en la violencia contra la ciudadanía y que se congelen los bienes de estos en EE.UU..

En la audiencia, Vivanco recordó que el régimen de Ortega ha cometido abusos y torturas contra los cientos de presos políticos, que liberó hoy. Además ha hostigado a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas independientes.

Crear comisión para investigar crímenes

La organización internacional de derechos humanos instó al Congreso de Estados Unidos ha pedirle a Nicaragua la creación de una unidad especial, en la que esté el  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que “supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas”.

Asimismo, solicitó al Congreso que mantenga reuniones periódicas con  defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la oposición de Nicaragua para que estén al tanto de la situación de Nicaragua.

El régimen de Ortega expulsó de Nicaragua en meses pasados a las organizaciones  de la CIDH y de la ONU, luego que estos determinaran graves responsabilidades contra el régimen, incluido los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y son perseguidos a nivel internacional.

Actualmente Estados Unidos ha sancionado con la Ley Magnitsky  y otros instrumentos legales a altos cargos de la dictadura, incluido el hijo de Ortega, Laureano, y Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador. Junto a ellos, también están castigados el jefe de la policía y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz, señalado de ejecutar la presión.

“Human Rights Watch apoya la aplicación exitosa de la Ley Global Magnitsky en julio y diciembre de 2018, cuando el Departamento del Tesoro impuso sanciones dirigidas a cinco nicaragüenses implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción”, indica WRH en su comunicado.

El Congreso de Estados Unidos también activada para Nicaragua la Nica Act, que busca bloquear el financiamiento del Gobierno de Ortega en los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos de las principales fuentes de recursos de los proyectos de inversión que ejecuta el Ejecutivo.

Ley de Amnistía aumentaría impunidad

Sobre la Ley de Amnistía que el régimen aprobó el 8 de junio bajo la excusa de que esta serviría para liberar  a los presos políticos, Human Rights Watch recordó que si bien dicha ley indica que de la misma se excluyen “los delitos regulados en tratados internacionales ratificados por Nicaragua… (debido a) la falta de independencia judicial en el país, existe un serio riesgo de que la ley sea usada para consolidar la impunidad de la que ya gozan los funcionarios responsables de serios abusos en el país”.

Recordó que actualmente solo se conoce de una sentencia contra “un miembro de una banda armada partidaria del gobierno y no existe ni una sola investigación contra miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos”.

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