Bukele asume mando en un El Salvador inseguro y con una economía estancada

El empresario Nayib Bukele asume el sábado la presidencia de El Salvador con el desafío acuciante de atender la inseguridad causada por violentas pandillas que impulsan la migración, y alentar una economía dolarizada de lento crecimiento.

Soldados salvadoreños participan en un ensayo durante los preparativos para la ceremonia de inauguración presidencial en el centro de San Salvador, el 29 de mayo de 2019. HOY/AFP

El empresario Nayib Bukele asume el sábado la presidencia de El Salvador con el desafío acuciante de atender la inseguridad causada por violentas pandillas que impulsan la migración, y alentar una economía dolarizada de lento crecimiento.

Bukele, de 37 años, llega al gobierno con un amplio respaldo, tras ganar los comicios del 3 de febrero con 53,1% de los votos, aunque deberá negociar con un Congreso dominado por la oposición para impulsar su agenda de trabajo.

“Es indudable que debe entrar en un franco diálogo con toda la sociedad, buscar acuerdos no solo con la Asamblea (Legislativa). Por sí solo es muy difícil que logre resolver temas de nación”, señaló el analista político Juan Ramón Medrano.

La delincuencia pandillera, señalada en encuestas como el principal problema del país, será uno de los mayores desafíos en su mandato de cinco años.

Bukele deberá “capitalizar este gran apoyo político que tiene para conseguir la participación de la población en los problemas de inseguridad, principalmente en las comunidades controladas por pandillas”, reflexionó el analista e investigador universitario Carlos Carcach.

El Salvador registró 3.340 homicidios en 2018, 15% menos que el año anterior, aunque su tasa de 51 muertes por cada 100.000 habitantes lo mantiene como uno de los países sin guerra más violentos del mundo.

Las autoridades atribuyen la mayoría de homicidios a las pandillas, que tienen unos 70.000 miembros, de los cuales casi 17.000 están encarcelados.

“Temas como el turismo, la inversión extranjera, inversión privada, o el agro no se pueden desarrollar si tenemos la delincuencia como la tenemos ahora”, dijo Bukele a la prensa durante una reciente visita a Washington.

Para afrontar la inseguridad, Carcach sugiere aplicar “criterios técnicos” y apartar a la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública para dejarla en manos de la policía.

Pese a que la violencia pandillera y la falta de empleo ha empujado a miles de salvadoreños a emigrar a Estados Unidos, encuestas señalan que siete de cada 10 habitantes esperan que el país mejore con Bukele.

Hacer crecer la economía

El presidente entrante, un exalcalde de San Salvador cuyo triunfo en las presidenciales rompió con el bipartidismo imperante desde el fin de la guerra civil en 1992, recibirá el país con una alarmante deuda externa y con una economía que en los últimos cinco años creció en promedio 2,4% anual, insuficiente, según los analistas, para cubrir la demanda de empleos.

“El gran problema del país es que hay una deuda de las finanzas públicas del 70% del PIB”, apuntó el analista Roberto Cañas.

Al cierre de 2018, el país acumulaba una deuda pública de 18.974,6 millones de dólares, según el Banco Central de Reserva. El nuevo gobierno deberá aumentar la recaudación fiscal para hacer frente a los pagos de una deuda externa que alcanza 9.565,4 millones de dólares, sin afectar los programas sociales.

Tras cerrar 2018 con un déficit fiscal de 3% del PIB, según cifras oficiales, se estima que el mismo se eleve este años a 3,7%.

“Es necesaria la austeridad en gastos e indudablemente llegar a un pacto fiscal para mejorar ingresos”, consideró por su parte el economista Luis Membreño.

Con 20.742 km2 de extensión y 6,6 millones de habitantes, El Salvador depende en gran parte de las remesas enviadas por migrantes en el exterior, sobre todo Estados Unidos, que en 2018 sumaron 5.468,7 millones de dólares, 16% del PIB.

 Corrupción en la mira

La lucha contra la corrupción también figura en el radar del futuro gobernante.

La policía forense salvadoreña trabaja en la escena del crimen, donde un hombre fue asesinado, en San Salvador el 29 de mayo de 2019. El Salvador registró 3,340 homicidios en 2018, un 15% menos que el año anterior. HOY/AFP

Bukele ha señalado que al asumir promoverá la instalación de una comisión contra la corrupción, similar a las que existen en Guatemala y Honduras, y para ello pidió apoyo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).

“Bukele está obligado a hacer un gobierno decente, la gente votó por él porque espera un mejor país, en donde no haya cabida a la corrupción y ese es un gran reto”, consideró el académico Dagoberto Gutiérrez.

En los últimos años varios expresidentes salvadoreños han enfrentado la justicia por casos de corrupción.

En setiembre de 2018, el expresidente Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue condenado a 10 años de prisión por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos durante su gobierno (2004-2009).

Francisco Flores, presidente entre 1999 y 2004 con Arena, afrontó la justicia por el presunto desvío de fondos durante su gestión, pero murió de un paro cardíaco en enero de 2016 mientras guardaba arresto domiciliar.

El expresidente Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, vive asilado en Nicaragua porque en su país se enfrenta a cinco pedidos de arresto de la justicia por varios cargos de corrupción, entre ellos el desvío de 351 millones de dólares.

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