ONU reprueba al gobierno de Daniel Ortega en Examen Periódico Universal (EPU)

En sus intervenciones los delegados de los países pidieron el cese de la represión, desarme de paramilitares, entre otros puntos

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La sesión se realizó en el Palacio de las Naciones de Ginebra. HOY / Cortesía Wendy Quintero

HOY / Ginebra

El gobierno de Daniel Ortega salió reprobado durante la sesión de casi tres horas del Examen Periódico Universal (EPU), en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, donde no solo enrostraron al representante de la dictadura múltiples evidencias de graves violaciones a los derechos humanos, sino que incluso le pidieron “una solución” mediante elecciones adelantadas y supervisadas internacionalmente.

La dictadura de Nicaragua llegó al foro con un discurso oficial de negación absoluta de las imputaciones de graves violaciones de los derechos humanos desde 2010, pero agravados y evidenciados abrumadoramente desde abril de 2018 a la fecha.

De la voz del ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, el régimen inició el foro recordando que el Frente Sandinista de Liberación Nacional trajo la democracia al país en 1979 al derrocar a la dictadura de Somoza y que desde entonces, y a la fecha, han sido víctimas de intervenciones extranjeras, acusando de ello directamente a Estados Unidos.

El funcionario del orteguismo brindó un largo rosario de datos de supuestos avances sociales y económicos del país con cifras hasta 2016, pero luego giró el discurso para justificar que esos avances se habían detenidos bruscamente en abril de 2018 por un fallido intento de golpe de Estado promovido desde el extranjero, mediante la propalación de noticias falsas y campañas en redes sociales.

Gobierno miente

Los horrores que vive Nicaragua por la represión orteguista desde 2018, según el funcionario orteguista, son consecuencia de esas intervenciones y responsabiliza de ello a medios de comunicación, periodistas, grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, embajadas acreditadas en Nicaragua y grupos violentos con fines políticos.

Retorciendo las primeras declaraciones oficiales de la dictadura que achacaban las responsabilidades de la violencia a narcotraficantes, crimen organizado y terroristas, esta vez la dictadura eludió culpar de ello a esos factores y retomó la otrora campaña de “Nicaragua país más seguro de Nicaragua”.

Antes que Jaenchske dijera la primera palabra de su increíble discurso, 94 representantes de las delegaciones de Naciones Unidas se habían inscrito para hacer sus “recomendaciones” al país evaluado.

Y ahí comenzó el vendaval internacional: uno tras otro, salvo algunas pocas excepciones de países que evitaron cuestionar al régimen de Nicaragua pero sin brindarle apoyo, la mayoría de las Naciones enrostraron al régimen la mayoría de los abusos de derechos humanos que a nivel mundial se le vienen achacando desde 2018.

La documentación oficial y de apoyo en que se basaron los países para cuestionar a la dictadura estaba contenida en más de 60 informes oficiales, nacionales e internacionales, reportes de oficina de derechos humanos de todo el mundo, informes oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, reportes de la Unión Europea, consultas a embajadores y cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua y reportes especiales solicitados por Naciones Unidas a actores sociales y víctimas directas de los abusos del régimen.

Uno a uno, los países saludaban cordialmente, expresaban su desacuerdo, preocupaciones, acusaban y citaban violaciones de derechos humanos específicas y luego recomendaban al estado de Nicaragua incorporar sus propuestas de elecciones libres y adelantadas, cese de la represión, liberación de los reos políticos, retorno de las organizaciones de derechos humanos expulsadas por la dictadura en 2018, investigaciones independientes para aclarar los crímenes cometidos por las autoridades, desarme de los paramilitares, restitución de las personalidades jurídicas de las ONG confiscadas en 2018.

Libertades

Especial énfasis hicieron la mayoría de los países al régimen, en respetar la libertad de expresión, garantizar la seguridad de los periodistas y la labor de los medios de comunicación y cesar los ataques, persecución, campañas de desprestigios y otros abusos contra la libertad de prensa y de expresión.

El delegado del régimen parecía imperturbable ante la tormenta de críticas y recomendaciones, delegó en dos ocasiones las palabras a dos funcionarios menores que quisieron reforzar los supuestos avances y logros de la administración Ortega, pero los delegados de Naciones Unidas ignoraban sus intervenciones y continuaban con los abrumadores señalamientos de abusos y sus respectivos llamados a cesarlos.

En resumen, la mayoría de los 94 países recomendaron al régimen el respeto de los derechos humanos, garantías para la libertad de expresión, cese de la represión a las protestas ciudadanas, libertad para todos los presos políticos, investigaciones y castigos para los funcionarios públicos involucrados en los crímenes masivos y hasta adelanto de elecciones.

Por ejemplo, Francia y Japón recomendaron a la dictadura que inicie “un proceso que permita la celebración de elecciones libres con observación internacional”.

Asimismo, los países recomendaron la reanudación de las relaciones entre el régimen orteguista y los organismos de derechos humanos internacionales tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambas expulsadas de Nicaragua en 2018.

Las delegaciones de Irán, Rusia, Venezuela y Cuba respaldaron al régimen dictatorial de Daniel Ortega, y otros como El Salvador, México y Bolivia, que se suponen aliados del régimen, giraron en sus posturas y pidieron respeto a los derechos humanos y apertura en el diálogo.

Palestina, a quien Nicaragua siempre ha tomado en defensa, le dijo en su rostro al régimen que debían buscar la independencia del Poder Judicial.

Recomendaciones

Uruguay fue más allá y recomendó a la dictadura adherirse al Estatuto de Roma, mecanismo por el cual los países pueden solicitar ante tribunales internacionales juicios por delitos de lesa humanidad.

La abrumadora cantidad de recomendaciones y acusaciones, agitó al delegado del régimen, quien furioso y frustrado, tomó por último la palabra para rechazar las acusaciones, señalar a Estados Unidos por las sanciones y de promover “la intervención”, descalificó los informes de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos y reiteró el virulento discurso oficialista del “golpe de Estado” y asumió, otra vez, el papel de país víctima.

En un alarde de cinismo y alejado del contenido de los múltiples informes de derechos humanos, el delegado del régimen describió una realidad distinta a la conocida por el mundo respecto a las condiciones de los presos políticos, la represión a los manifestantes, los tratos crueles, degradantes y torturas contra los detenidos.

Y respondiendo a los países que propusieron adelanto de elecciones, dijo rechazándolas que “cualquier cambio en el actual periodo electoral, programado para terminar en 2021, implicaría “violentar el orden constitucional y sentar un mal precedente”.

Sesión atípica

De acuerdo a Ramón Muñoz Castro, del organismo no gubernamental Red Internacional de Derechos Humanos con sede en Ginebra, la sesión del examen a Nicaragua fue atípica en relación a otras sesiones.

A su criterio la gran participación de las delegaciones evidencia que el caso de Nicaragua dejó de percibirse como un asunto lejano y ahora se clasifica como un tema de gravedad que avanza cada vez más entre los países miembros de la ONU.

Señaló que prueba de ello es que la resolución y condena por violación de derechos humanos en Nicaragua avanzó a tiempo récord de un año en la difícil y burocrática agenda de la diplomacia mundial, mientras que en el caso de Venezuela tardó más de diez años en llegar este punto.

Suma a ello, y a la radicalización de las posturas críticas de los países de la ONU, las posturas desafiantes y agresivas del régimen examinado, que pese a contar con todas las evidencias en contra y de estar profunda y abrumadoramente documentadas las violaciones, las niega rotundamente.

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