Filas para renovar las cédulas, una de las quejas de los ciudadanos es el costo del documento

“Para mí debería ser gratis, son 300 pesos (córdobas), ya le duele al pueblo, no tenemos reales, peor esta situación como está”, dijo Isidro Martínez mientras esperaba en la fila

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Pobladores que tienen vencidas sus cédulas o se les dañaron las nuevas, hacían filas para obtener el nuevo formato del documento. HOY / Uriel Molina

HOY

Ni el Consejo Supremo Electoral (CSE), ni la Asamblea Nacional ni el Ejecutivo han emitido un comunicado que oficialice que las cédulas de identidad con fecha no vigente, ya no serán aceptadas por el sistema financiero y otras instituciones públicas o privadas. Tampoco se ha dejado claro a la ciudadanía si ya solo el formato nuevo tiene validez y el viejo está descartado.

Aun así, los ciudadanos están acudiendo en masa a renovar su cédula en los Servicios del Gobierno (Servigob), a raíz que se conoció que los bancos de Nicaragua rechazan el formato viejo de la cédula de identidad.

Nena Rosales, de 38 años, otra de las ciudadanas que estaba haciendo fila, va a renovar su documento nuevamente, no porque expiró la vigencia, sino porque el formato nuevo se le quebró y así no se la aceptaron cuando intentó tramitar su pasaporte. El formato nuevo es de un material plástico, con una textura tostada; por eso una de las críticas está dirigida a que sea tan costosa la renovación o reposición, para un material tan débil.

Ayer viernes, en el Servigob que está ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas de Managua y en el que está en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, había filas extensas de ciudadanos. La mayoría llegó a tramitar la renovación o reposición de su cédula, sin embargo, la principal queja de estas personas es el precio de 300 córdobas por este servicio público. La cédula solo es gratuita cuando es tramitada por primera vez, generalmente cuando los jóvenes cumplen 16 años. En el pasado, la renovación del formato viejo tenía un costo de 50 córdobas.

Isidro Martínez, que llegó a renovar su cédula con fecha no vigente, manifestó que ese precio es “muy caro” para un documento tan necesario para todo tipo de trámite legal.

“Para mí debería ser gratis, son 300 pesos (córdobas), ya le duele al pueblo, no tenemos reales, peor esta situación como está”, dijo Martínez mientras esperaba en la fila.

El director del organismo Ética y Transparencia, Roberto Courtney, manifestó en octubre del año pasado que el cobro de los 300 córdobas por la reposición o renovación de las cédulas es innecesario, porque al CSE se le asigna todos los años un presupuesto para funcionar y la emisión de las cédulas, sean estas nuevas, por reposición o renovación, se incluye en ese presupuesto.

El director del organismo Ética y Transparencia, Roberto Courtney, manifestó en octubre del año pasado que el cobro de los trescientos córdobas por la reposición o renovación de las cédulas es innecesario, porque al CSE se le asigna todos los años un presupuesto para funcionar y la emisión de las cédulas, sean estas nuevas, por reposición o renovación, se incluye en ese presupuesto.

Presupuesto

El Proyecto de Presupuesto General de la República de 2019 establece 138,200,742 córdobas de gasto corriente para el Programa de Cedulación Ciudadana y Padrón Electoral.

Las metas de reposición y renovación de cédulas para este año, según el Presupuesto General, se proyectan en 114,554 y 269,654 documentos, respectivamente, a un costo de trescientos córdobas cada uno. Esto representaría una ganancia de 34,366,200 córdobas por reposición de cédulas y 80,896,200 córdobas por renovación.

En años anteriores, LA PRENSA ha constatado que estos recursos no aparecen transferidos por las autoridades del CSE a la Tesorería del Ministerio de Hacienda, una práctica común de la entidad electoral en los años del gobierno de Daniel Ortega.

Interés recaudatorio

Guillermo Medrano, quien ha hecho estudios sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Participación Ciudadana, manifestó que el CSE, la Asamblea Nacional y Poder Ejecutivo están coludidos para hacer del derecho a una identificación ciudadana, un proceso recaudatorio.

Medrano expresó que el Poder Electoral no explica sobre la condición de las cédulas no vigentes, porque sigue la tendencia de todo el Estado en su conjunto, de mantener un hermetismo total alrededor de sus actividades; la Asamblea Nacional no interviene para fiscalizar la labor del CSE y asegurar que los ciudadanos tengan acceso a un documento de identidad; y el Ejecutivo, encabezado por Daniel Ortega, no le interesa los derechos ciudadanos, sino solo la recaudación.

“Lo que se ve son tres poderes del Estado coludidos: el Poder Electoral que no informa y que está orientado a lo que mandata el Poder Ejecutivo para recaudar. Y ves también la colusión con la Asamblea Nacional, que no le interesa que más de medio millón de nicaragüenses se encuentren sin identidad ciudadana, predominando más el interés recaudatorio, que es preocupación del Poder Ejecutivo”, explicó Medrano.

 Reprimir

Violeta Granera, política opositora, dijo que la ausencia de información sobre la cedulación deja claro la falta de gobernabilidad en el país y que el Estado solo se dedica a reprimir a sus opositores.

“Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo en Nicaragua, ya es un estado de anomia, donde ya no hay gobernabilidad y el Estado solo está cumpliendo con una función de manera abusiva y arbitraria, que es la función de la represión. El resto de las responsabilidades de Estado están siendo totalmente desbordadas por este afán que tiene Ortega de mantenerse en el poder”, aseveró Granera.

Además, desde que Ortega regresó al poder en 2007, ciudadanos, partidos políticos y organizaciones de observación electoral han denunciado que las cédulas son entregadas con diligencia y gratuidad a los simpatizantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

En contraste, el documento de identidad es negado a las personas que son identificadas como opositoras o críticas del gobierno, lo que principalmente ha sido reportado en las zonas rurales.

El 30 de abril de 2019 venció la última prórroga que la Asamblea Nacional aprobó para la validez de las cédulas de identidad ciudadana sin vigencia.

La última prórroga del documento de identidad se hizo en enero de este año —cuando la mayoría de cédulas expiraba el 31 de enero—, a través de la aprobación de la Ley 152, Ley de Identificación Ciudadana, con el objetivo de ampliar la vigencia de las cédulas hasta el 30 de abril del 2019.

A la fecha se desconoce cuántas cédulas están vencidas, por el hermetismo con que este régimen maneja la información pública, pero hace cinco años se hablaba de dos millones de cédulas. Sin embargo, este dato crece cada año por los nuevos vencimientos y se suman las personas que la han perdido.

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