UNAB dice que la Alianza Cívica no debe de seguir en la mesa de negociación

“Claramente el régimen está muy cómodo en esta posición, en la que está negociando sin presión en las calles, está negociando en un estado de sitio y así es muy cómodo", dijo Guillermo Incer, miembro del Consejo Político

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Miembros de la .Unidad Nacional Azul y Blanco . HOY / Uriel Molina

HOY

Los miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) –organización opositora que aglutina diversas expresiones y movimientos de la sociedad civil–, manifestaron este martes que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AC) no debería seguir en las negociaciones que sostiene con el régimen de Daniel Ortega, mientras no haya condiciones para un verdadero diálogo nacional.

“Ante el estancamiento de la mesa de negociación por el incumplimiento de acuerdos del régimen Ortega Murillo, la Unidad Nacional Azul y Blanco hace saber al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que la única forma de dar confianza y que la negociación pueda continuar, es con la liberación inmediata, plena y con garantías de todos y todas las presas políticas. La Alianza Cívica no debería volver a la mesa de negociación sin que esa condición se cumpla”, expresó la UNAB en un comunicado.

Violeta Granera, miembro del Consejo Político, reafirmó que lo esencial de este comunicado es que “no deben de haber negociaciones mientras no se cumplan los dos compromisos firmados en la mesa, sobre la liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades públicas”.

Cambiar condiciones

Guillermo Incer Medina, también miembro del Consejo Político, explicó que tienen que cambiar las condiciones para negociar, porque actualmente se negocia en un estado de sitio.

“Claramente el régimen está muy cómodo en esta posición, en la que está negociando sin presión en las calles, está negociando en un estado de sitio y así es muy cómodo. La Unidad Nacional está desde ahora preparando condiciones, es para negociar en otro escenario, con una presión nacional e internacional muchísimo más fuerte que obligue al dictador a tomar en serio las negociaciones”, dijo Guillermo.

La AC es la contraparte de los delegados del régimen de Ortega en la mesa de negociaciones, que busca una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles. La AC fue creada en la primera etapa del Diálogo Nacional, entre mayo y junio de 2018, y está integrada por miembros de diferentes sectores opositores.

El régimen orteguista se vio obligado a reanudar el diálogo con la AC el pasado 27 de febrero, por la presión de las sanciones de Estados Unidos y las advertencias de la Unión Europea, que le pedían buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país.

Sin embargo, las negociaciones están estancadas, porque el régimen condicionó el avance de las conversaciones al retiro de las sanciones impuestas por Estados Unidos a familiares y allegados de Ortega, de lo que cual culpa a la AC.

La UNAB expuso “el mal intencionado discurso de culpar a otros por sanciones que han sido provocadas por su abuso de poder y violaciones a derechos”.

Además, en junio se termina el plazo de 180 días que establece la ley de sanciones de Estados Unidos, conocida como Nica Act, para que el Departamento de Estado de Estados Unidos entregue un informe sobre derechos humanos y corrupción en Nicaragua, que se tomará en cuenta para aplicar más sanciones al régimen orteguista.

Las sanciones implican la “muerte financiera” de los afectados, porque incluyen el bloqueo de activos, la prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas y penalidades económicas. Actualmente están sancionados siete funcionarios de Ortega, entre ellos su esposa y cogobernante, Rosario Murillo; su hijo Laureano Ortega Murillo; su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz.

La posición de la UNAB es que se mantenga la presión internacional a través de más sanciones y seguir haciendo manifestaciones ciudadanas en todo el país.

“Ortega debe tener presente que la Nica Act inició antes de abril, en 2016, a causa de la expulsión de la oposición de la Asamblea Nacional y nombrar como vicepresidenta a su esposa”, recordaron los miembros de la UNAB.

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