Dos legisladores de Miami intentan mantener el TPS para miles de nicaragüenses

“Los nicaragüenses enfrentar una crisis debido a las violaciones de los derechos humanos y la agresión a las instituciones democráticas por parte de Ortega, que han provocado protestas y dejado cientos de muertos en los últimos meses”, expresó la legisladora Donna Shalala.

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El Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) lo otorgó Estados Unidos por los daños que causó el huracán Mitch en Nicaragua y otros países de Centroamérica. HOY / Archivo

HOY / Estados Unidos

Unos 5,300 nicaragüenses en Estados Unidos dependen de un fallo judicial para seguir viviendo y trabajando legalmente en el país, después que el gobierno del presidente Donald Trump anunció que desea poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua.

Ahora dos legisladores de Miami están tratando de poner fin a esa incertidumbre.

El representante federal republicano Mario Díaz-Balart y su colega demócrata Donna Shalala presentaron el pasado martes un proyecto de ley que otorga el TPS a los nicaragüenses que ya viven en Estados Unidos, una población que se concentra en el sur de la Florida.

Díaz-Balart y Shalala alegaron que la violencia reciente relacionada con la decisión del presidente Daniel Ortega de reducir las prestaciones del gobierno, además de preocupaciones de derechos humanos, son justificación para prorrogar un programa que existe desde 1999 y ha sido prorrogado por presidentes de ambos partidos desde entonces.

“El pueblo nicaragüense está exigiendo elecciones libres, justas y multipartidistas, y un gobierno sin delincuencia ni corrupción, que respete los derechos humanos y libertades básicas”, expresó Díaz-Balart. “Hasta que eso suceda, apoyo con fuerza las manifestaciones de solidaridad del gobierno del presidente Trump con el pueblo nicaragüense a través de sanciones robustas contra los que corrompen las instituciones democráticas de ese país o abusan de los derechos humanos. Además, debemos mostrar solidaridad con el pueblo nicaragüense ampliando la protección [del TPS] a los que han encontrado un lugar seguro en Estados Unidos“.

Apoyo

Legisladores de ambos partidos en el sur de la Florida y los senadores federales floridanos Marco Rubio y Rick Scott han apoyado en general la prórroga del TPS en países como Nicaragua, Haití, Honduras y El Salvador debido a la inestabilidad política y económica en esas naciones, y ampliarlo también a Venezuela. El gobierno de Trump ha expresado que estudia otorgar el TPS a los venezolanos, aunque algunos en la Casa Blanca se oponen a programas que amplíen la inmigración.

“Los nicaragüenses enfrentar una crisis debido a las violaciones de los derechos humanos y la agresión a las instituciones democráticas por parte de Ortega, que han provocado protestas y dejado cientos de muertos en los últimos meses”, expresó Shalala.

“Prorrogar el TPS a los nicaragüenses es lo correcto, especialmente en momentos que el régimen de Ortega aumenta los abusos contra los derechos humanos. Me enorgullece trabajar con el representante federal Mario Díaz-Balart en esta importante legislación bipartidista, y sigo comprometida en mi esfuerzo por conseguir el TPS para los venezolanos y prorrogar el estatus a personas de El Salvador, Honduras, Haití y otros países que se benefician actualmente del TPS”, agregó.

La iniciativa de Díaz-Balart y Shalala se presenta en momentos que el gobierno de Trump ha identificado a Nicaragua como uno de los tres países que forma la llamada Troika de la Tiranía, junto con Venezuela y Cuba. El mes pasado, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el hijo y vicepresidente de Ortega, además de la entidad bancaria nicaragüense BanCorp, acusados de lavar dinero para provecho personal.

“El presidente Ortega, la vicepresidenta [Rosario] Murillo y miembros de su círculo íntimo siguen involucrados en actos de corrupción, violencia y violaciones a los derechos humanos básicos”, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro a cargo de Inteligencia Financiera y Terrorismo. “El corrupto régimen de Ortega ha ignorado los llamados del pueblo nicaragüense a las reformas, como la liberación de todos los prisioneros políticos y elecciones transparentes adelantadas”.

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