¿Puede un juez negar la inscripción de los acuerdos?

Estimados abogados de la UCA, resulta que conocí de un caso, de una mediación penal en la que ambas partes llegaron a un consenso y realizaron un acuerdo

HOY/Archivo

Estimados abogados de la UCA, resulta que conocí de un caso, de una mediación penal en la que ambas partes llegaron a un consenso y realizaron un acuerdo, pero posterior a la presentación de la mediación en la Oficina de Recepción, Distribución de Causas y Escritos (ORDICE), para su inscripción el juez penal la deniega, argumentando que dichos acuerdos se extralimitan de lo permitido por la ley. ¿Puede un juez negar la inscripción de los acuerdos sostenidos en mediación o se estaría extralimitando de sus funciones?

Respuesta:

En principio la mediación es un procedimiento voluntario, ya que las partes son quienes controlan los acuerdos que se vayan a suscribir. El juez, en este caso, es un tercero que no toma decisiones sobre los acuerdos de esa mediación, pero al momento que las partes solicitan su inscripción, puede hacer una valoración vinculante sobre dichos acuerdos, pues el juez tiene funciones legalistas, conforme el artículo 160 de la Constitución Política, donde se reconoce que la administración de justicia garantiza el principio de legalidad.

Es cierto que la mediación tiene como base fundamental el principio de autonomía de la voluntad de las partes, el cual está regulado en el artículo 3, Ley 540, “Ley de Mediación y Arbitraje”, pero atendiendo la naturaleza del caso, la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, en su artículo 2, numerales 2 y 6, trata sobre la responsabilidad e imparcialidad de los funcionarios de carrera judicial; siendo así, si el juez considera que dichos acuerdos son ilegales, violentan alguna norma o crean una situación de desigualdad a una de las partes, el judicial tiene la capacidad de no inscribir una mediación que exceda o no trate sobre la cuestión principal y esto no implica extralimitar sus funciones, más bien garantiza el cumplimiento relacionado a que los derechos de cada persona estén limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, conforme lo que establece el artículo 24 de nuestra Constitución.

Lic. Inf. Hemerson Molina Montenegro.

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