Jorge Samper denuncia cierre de gasolinera

Además INE abre a empresario otros procesos administrativos

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Jorge Samper dijo que ha actuado apegado a la ley “y no puede ser que con dizque procesos me quieran afectar”. HOY / Jader Flores

HOY

La gasolinera Puma Loyola permanece cerrada desde diciembre del año pasado. Ayer el concesionario de dicha estación de servicio, Jorge Samper Blanco, finalmente denunció que el régimen de Daniel Ortega a través del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), cerró de forma arbitraria la gasolinera.

El acoso no para con el cierre de la estación de servicio, sino que ahora el régimen le abrió proceso administrativo contra dos de sus empresas, una gasolinera Puma que se ubica al oeste de Managua y una empresa de transporte de combustibles.

“El 19 de diciembre se aparecieron en Puma Loyola, yo no sé si les puede llamar autoridades, pero funcionarios del Instituto Nicaragüense de Energía y prácticamente, a “Manu militari” (con mano militar), sin ningún tipo de orden y sin cumplir con la ley, vinieron y cerraron arbitrariamente Puma Loyola”, denunció Samper.

Ante la acción confiscatoria, aseguró que presentó un recurso de revisión ante el INE “pero hasta el día de hoy, desde diciembre, ese recurso no ha sido resuelto”.

El 4 de abril, el INE, según Samper, le notifica un nuevo procedimiento administrativo contra la estación de gasolinera Puma de la Panamericana y el martes, le notifican otro procedimiento administrativo contra la empresa de Transporte Samper, ambas de su propiedad.

En el primer caso, según el empresario, ya introdujo un recurso de revisión, el cual tampoco ha sido respondido por el INE, como fue en el primer caso de Puma Loyola. “Anteayer (martes) me han notificado, yo diría, un caso de “Ripley”, de que están abriendo un proceso administrativo a la empresa de transporte de combustible, por un caso que ya se encuentra cerrado (por un accidente de una cisterna en agosto del año pasado). Eso es increíble, abrir un caso ya cerrado, en el que cumplimos paso a paso lo establecido por INE”, se quejó el empresario.

Jorge Samper dijo que no entiende por qué las autoridades estatales lo están acosando a través del cierre de sus empresas y con procedimientos “fuera de la ley y violatorios al Estado de Derecho”.

En diciembre pasado, las gasolineras Puma Larreynaga y Puma Metrocentro, también fueron cerradas por el mismo INE, y también sin ningún tipo de argumentos.

Juan Carlos Habed, concesionario de la estación Puma de Metrocentro, denunció en enero pasado que le fue confiscada por dar refugio a los estudiantes que eran reprimidos por la policía orteguista, por exigir pacíficamente la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Además de confiscado, Habed, fue asediado en su casa de habitación por paramilitares y policías orteguistas, situación que lo llevó a exiliarse en los Estados Unidos.

La concesionaria de la estación Puma Larreynaga, también confiscada en diciembre, ha decidido guardar silencio ante el atropello estatal, que en estos casos ha usado al Ine para confiscar.

Apoyo

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), en un comunicado condenó las acciones del régimen a través del INE, en contra de su agremiado.

“Externamos nuestra profunda preocupación por la parcialidad e ilegalidad de los recientes actos y resoluciones administrativas del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contra la empresa de nuestro socio y secretario de la junta directiva de Apen, doctor Jorge Samper Blanco, al suspender y pretender cancelar de manera arbitraria, las autorizaciones para administrar, transportar y vender combustible”, se quejó APEN.

“Este anómalo comportamiento de las mencionadas instituciones del Estado es contrario al principio de legalidad que deben regir los actos de los funcionarios públicos y violenta los derechos constitucionales de propiedad privada, libre empresa y el respeto del Estado hacia las inversiones privadas”, expuso APEN en el comunicado.

APEN a la vez exhortó al Estado le sean restituidos los derechos al empresario Jorge Samper.

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