UNAB convoca a marcha para ejercer presión al gobierno

Opositores esperan cumplimiento del Estado de los acuerdos a los que llegó recientemente de no represión

El consejo político de la UNAB considera que es un derecho de la población manifestarse en contra de las injusticias de la dictadura. HOY/ Archivo

Managua
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) notificó este jueves a la Policía Orteguista (PO) de una marcha convocada mañana sábado a las 2:00 p.m., con un recorrido de la rotonda Centroamérica hacia el monumento Alexis Argüello, en Managua.

El consejo político de la UNAB hizo el anuncio en una conferencia de prensa en la que explicaron que la notificación fue presentada en la sede nacional de la Policía, conocida como Plaza El Sol.
Guillermo Incer Medina, miembro del consejo político de la UNAB, relató que los policías los atendieron con amabilidad, aunque no firmaron el recibido en la notificación.

La UNAB hizo ver en el documento entregado a la Policía, que están ejerciendo el derecho político “de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”, que establece el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua.

Incer manifestó que le están dando la oportunidad al Gobierno de cumplir con los acuerdos suscritos en la mesa de negociación, en alusión al acuerdo de fortalecer los derechos y las garantías ciudadanas.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convoca a la población a la marcha este sábado en Managua.
HOY/ Leonor Álvarez

La firma de este compromiso fue dada a conocer el 29 de marzo pasado, como parte de los avances del Diálogo Nacional entre representantes del régimen de Daniel Ortega y el grupo opositor agrupado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, la Policía continuó reprimiendo las protestas y permitiendo que los simpatizantes del orteguismo ataquen a los manifestantes azul y blanco.

“Lo que nosotros esperamos ver es qué tan dispuestas están las autoridades a ser fieles a su palabra y a los compromisos firmados frente a los testigos y los garantes internacionales”, expresó Incer.
Incer agregó que el derecho a la protesta no debería estar bajo riesgo. Por eso, insisten en salir a las calles a manifestarse como lo permite la Constitución Política y como lo ratificaron en los acuerdos firmados en la mesa de negociaciones.

“Estamos decididos y firmes a ejercer nuestros derechos en este momento, que es clave. La ciudadanía tiene que comprender que solo la movilización en las calles, la presión interna, va a conducir al cumplimiento de los acuerdos”, dijo Incer.

Más de setecientas personas fueron detenidas por participar en las protestas civiles, de las cuales 647 siguen en prisión y 167 tienen casa por cárcel.

Protestas reprimidas

Daniel Ortega mantiene permanentemente a las fuerzas policiales en las calles, para evitar nuevos levantamientos sociales.

Ortega logró aplastar las manifestaciones civiles con ataques armados, persecución y detención de quienes lideran las protestas, hasta que finalmente las criminalizó a través de un comunicado de la Policía, el pasado 28 de septiembre, en el que amenaza con cárcel a quienes “convocan a estos desplazamientos ilegales”.

Con manchas de sangre
Helen Aráuz fue golpeada de forma salvaje por un policía antimotín el 23 de septiembre, después que ella participó en una marcha cívica. HOY/Oscar Navarrete

Managua
Yaosca Reyes Centeno

“Todos somos la voz de los presos políticos”, ese era el título de la multitudinaria marcha celebrada el 23 de septiembre de 2018 en Managua. Pero las “voces” que exigían la liberación de los privados de libertad fueron calladas a golpes y balazos propinados por la Policía.

Ese día mataron al adolescente Matt Romero y muchos más recibieron salvajes palizas por los agentes. La actividad inició en los semáforos del Mayoreo y tenía como destino final Rubenia, sin embargo debido al ataque de antimotines y turbas orteguistas llegó hasta el Iván Montenegro.

La Policía aseguró —a pesar del ataque de turbas orteguistas y antimotines— que Matt murió en un “fuego cruzado” entre manifestantes.

Por su parte Hellen Aráuz recibió un golpe en el rostro por parte de un antimotón. Los que no salieron golpeados o heridos pasaron varias horas secuestrados por la Policía.

Negativa policial a marchas cívicas
HOY/ Oscar Navarrete

Managua
Yaosca Reyes Centeno

En lo que llevamos de crisis sociopolítica en Nicaragua, al menos en tres ocasiones la Policía ha negado “formalmente” la libre manifestación de los ciudadanos nicaragüenses, organismos de derechos humanos y sectores económicos importantes. Claro está que han sido más veces las que ha violentado de forma las marchas de autoconvocados, con fuerza y armas en mano.

La última ocasión fue el 23 de enero del presente año, cuando el sector empresarial había convocado a una marcha y entregaron una carta a la Policía donde anunciaban la realización de la actividad.

De inmediato, la institución policial calificó —en rueda de prensa— a los organizadores y miembros de la empresa privada como golpistas y delincuentes, y negó el permiso para realizar la movilización pacífica en Managua.

Por lo que representantes de la empresa privada rechazaron los señalamientos de la Policía y recordaron que no se podían quedar callados ante la brutal represión que ejecutó el régimen contra la población, que se ha cobrado la vida de más de 325 nicaragüenses, que fueron asesinados por reclamar democracia en Nicaragua. Sin embargo, decidieron cancelar la convocatoria por el temor a poner en riesgo las vidas de la población.

Un mes antes, hubo otra negativa por parte del gobierno a realizarse una marcha el 9 de diciembre de 2018. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) introdujo ante las dependencias policiales una solicitud de permiso para marchar en celebración del 70 aniversario de la promulgación oficial de la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la ONU, en 1948.

Contaban con que la policía del régimen no podría tildarlos de terroristas, ni de querer dar un golpe de Estado, pero les negaron el derecho de nuevo.

Unas semanas antes la Policía también se había negado a otra marcha organizada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y movimientos feministas, la cual era para el 23 de noviembre.

La marcha era en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y se realizaría en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, pero exigiría además la liberación de los presos políticos en Nicaragua y del cese de la represión por parte del régimen orteguista.

La nota de prensa de la Policía decía que “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento golpe de Estado que ha dejado secuelas de trauma, luto, dolor a las familias nicaragüenses”.

 

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