Cortan agua a presos políticos como castigo por exigir libertad

Rebelión inició el viernes, continuó sábado y hasta ayer detenidos mantenían protesta, mientras Alianza Cívica y Gobierno siguen discutiendo "el protocolo"

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Sistema Penitenciario Nacional (SPN). HOY/Archivo

Mientras los integrantes de la Alianza Cívica y el Gobierno siguen discutiendo una especie de protocolo de liberación para los presos políticos, los detenidos siguen sufriendo. Lo último que ayer se supo de ellos es que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) les cortaron el agua y nos les llevan alimentos, como medida de castigo por unirse a las protestas que los azul y blanco convocaron el fin de semana último.

Los presos políticos subieron al techo del penal, cantaron el Himno Nacional y ondearon banderas. HOY/Cortesía
Los presos políticos subieron al techo del penal, cantaron el Himno Nacional y ondearon banderas. HOY/Cortesía

Desde el viernes y hasta el cierre de esta edición, se maneja que los presos políticos del régimen de Daniel Ortega mantenían la protesta desde la cárcel La Modelo, en Tipitapa, en demanda inmediata de sus liberaciones y el establecimiento real de un orden democrático en Nicaragua con absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas.

La rebelión, que intensificaron el sábado, consistió en salir por el techo de las galerías 17-1 y 17-2 a ondear una bandera azul y blanco, entonar el himno nacional y gritar consignas alusivas a la democracia y libertad en el país. En respuesta a la protesta, les cortaron el suministro de alimentos y agua, por lo que los detenidos no se habían podido bañar, ni comer.

“No los han golpeado, como las otras veces que entran con perros y bombas lacrimógenas, pero les cortaron el agua y alimentos. Están acomodándose con lo poco que les llevamos nosotros durante la visita”, dijo la esposa de uno de los reos en protesta.

Algunos presos políticos se reunieron en días pasados con el Nuncio, integrante de las negociaciones para solucionar la crisis en el país. HOY/Cortesía

Rechazan los 90 días

La protesta inició el mismo día (viernes 22 de marzo) que la Alianza Cívica y funcionarios orteguistas anunciaron acuerdos, en los que daban 90 días de plazo para liberar a los más de 600 presos políticos que aún están encarcelados en los distintos sistemas penitenciarios de Nicaragua.

Este término es rechazado por los reos, sus familiares y mayoría de la población, ya que los planteamientos iniciales eran la completa libertad y nulidad de procesos judiciales previo a las negociaciones.

“Los que están negociando no tienen familiares presos ni son ellos los presos, por eso es que aceptan tranquilamente los 90 días. Nosotras somos las que vamos a dejar paquetería todos los martes al sistema y no saben cuánto sacrificio hacemos para llevar ese alimento y ver cuántas necesidades, humillaciones y maltrato pasan nuestros hijos y esposos”, dijo otra mamá.

Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indicó que las autoridades del penal hicieron un perímetro alrededor de las dos galerías y los detenidos quedaron aislados totalmente.  También conocieron que hicieron requisas en las galerías aledañas (7 y 8) con la orden precisa de evitar que otros reos grabaran o tomaran fotos de la protesta.

Policías y jueces no paran represión

El régimen orteguista no para el asedio contra el periodismo independiente y los pobladores autoconvocados. El periodista David Quintana García, del medio digital Boletín Ecológico, denunció que el domingo reciente —cerca de las 8:00 p.m.— tres camionetas y tres motocicletas (en estas últimas viajaban personas de civil) de la Policía Orteguista (PO) llegaron a la casa de uno de sus familiares y preguntaron por él.

 

El periodista David Quintana García, del medio digital Boletín Ecológico, denunció persecución policial. HOY/Cortesía
El periodista David Quintana García, del medio digital Boletín Ecológico, denunció persecución policial. HOY/Cortesía

Quintana había salido momentos antes de esa vivienda e inmediatamente fue advertido por sus familiares de los sucesos, por lo que buscó refugio en otro sitio. Considera que la intención de la PO podría haber sido su detención.  El periodista, quien ha estado cubriendo las protestas contra el régimen orteguista desde el 18 de abril pasado, explicó que él no tiene por qué huir, tampoco tiene por qué esconderse, ya que no tiene deuda con la justicia y solo ha hecho su trabajo.

Asimismo, Ermis Morales, del Partido Acción Ciudadana, denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la posibilidad de una detención arbitraria, además de reiteradas amenazas de muerte y asedio policial. Explicó que el pasado miércoles, por más de una hora, más de treinta efectivos de la PO y diez motos rodearon su casa, y desde esa fecha, él se encuentra resguardado.

Insólita traba de juez

En otro caso y considerado como una acción insólita, la juez del Tercero Local Penal de Managua, Nalia Úbeda Obando, no dio a lugar que el abogado defensor Julio Montenegro representara al preso político Julio César Morales Jarquín y argumentó que el padre de este, con nombre homónimo, necesita un comprobante de relación biológica, lo que se podría interpretar como una prueba de ADN, explicó el abogado.

Para el defensor, quien además es miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, esta es otra situación “insólita”, dentro de los procesos judiciales contra las personas que están siendo objeto por criminalización de la protesta. Agregó que en la ley no se establece nunca ese tipo de requisito.

 

 

 

 

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