Rechazo total de los 90 días

Tres meses es mucho tiempo para los familiares de los presos políticos

En conferencia de prensa, los familiares de presos políticos se negaron a los 90 días de espera. HOY/ Yaosca Reyes Centeno

Managua
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de personas arrestadas por protestar contra el presidente Daniel Ortega, rechazó el acuerdo entre el Gobierno y una alianza opositora, de liberar a los reos en un plazo de tres meses, en el marco de las negociaciones para superar la crisis local.

“Demandamos que las negociaciones no inicien hasta que se libere al último preso político, como garantía de cumplimiento del acuerdo. Ningún otro acuerdo puede ser válido y legítimo en tanto no se liberen a todas y todos los presos políticos”, informó el Comité, en un comunicado.
El acuerdo no tomó en cuenta la exigencia del Comité y de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo la misma Alianza Cívica, de no iniciar las negociaciones con manifestantes en prisión por temor a que el Gobierno los utilizara como rehenes y únicamente los liberara de acuerdo con sus necesidades.

“Demandamos la liberación de todas y todos los presos políticos a través de la anulación de los procesos judiciales. No apoyaremos ninguna solución que lleve a la impunidad”, agregó el Comité.

En conferencia de prensa hecha en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) estos mismos familiares expresaron su desacuerdo con la forma en cómo la Alianza Cívica está permitiendo que el gobierno de Ortega utilice a los presos políticos, como tal si se tratara de una moneda de cambio con la que se puede “jugar” a diestra y siniestra.

“No es posible que vengan muy tranquilamente a dar un comunicado en la que se tomó una decisión de 90 días, y yo creo que se debe tomar muy en cuenta el sentir de la población. Pedimos encarecidamente que tomen en cuenta las opiniones de las personas víctimas de esta situación… si en verdad les preocupa la población, siéntense con nosotros a plantear puntos específicos para que representen al pueblo como se tiene que hacer”, expresó Marielo Montalván, hermana de Wilfredo Brenes, uno de los presos políticos de Masaya.

Los familiares de los “presos políticos” también exigieron conocer el calendario de liberación de reos y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, pidieron que tanto la Cruz Roja Internacional como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Comité formen parte de las negociaciones, como garantes de la liberación.

“A mí me impactan algunas historias de los presos como Carlos Brenes y otros, personas de 60 años para arriba viviendo en condiciones carcelarias horrorosas, quienes sufren hipertensión, neuropatía diabética, o sea, esa crueldad nunca la vivimos en la época de Somoza. Yo le hago un llamado no solo al Gobierno, sino también a la militancia sandinista, para que tomen conciencia de lo injusto que está pasando. La salida de nuestros presos no es una concesión, es un deber a la justicia y al humanismo, porque se tratan de personas con enfermedades graves con las que conviven a diario”, expresó Amparo Baltodano, hermana de Ricardo Baltodano.

El acuerdo

El miércoles 20 de marzo el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron la liberación de los presos y detenidos en el contexto de las manifestaciones contra Ortega a partir del 18 de abril de 2018, en un plazo máximo de 90 días.

Las partes no informaron el número de “presos políticos” que será tomado en cuenta, ya que por un lado el Comité cuenta 802, mientras que el Gobierno establece la cifra en 340. Tampoco mencionaron nada sobre personas desaparecidas que podrían estar en prisión.


Libertad inmediata de todos

Abogado explica que proceso puede ser más rápido

Managua
Yaosca Reyes Centeno
El abogado defensor de presos políticos Julio Montenegro estima que el proceso de liberaciones podría ser más rápido si hubiera verdadera voluntad política.

“La postura nuestra es que aquí todos por igual deben ser tratados, deben ser dejados en libertad de inmediato. Que es lo que procede en toda nulidad de procesos, la libertad inmediata de todos ellos. No cabe aquí hablar de medidas cautelares alternas, de indultos, de amnistías, no cabe hablar de convivencia familiar, sino que única y exclusivamente de anular procesos y como efecto de eso dejarlos en libertad. Lo de los 90 días no lo entendemos sinceramente”, refiere al respecto el doctor Montenegro, quien pertenece a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Montenegro acompañó en conferencia de prensa a la organización de familiares de los presos políticos que están en contra del plazo de 90 días estipulado por el gobierno de Ortega para liberarlos a todos. Sin antes no garantizar que las sanciones contra el Estado de Nicaragua se levanten.

“Ellos están preocupados, por eso de los 90 días que se están dando para sacar el último grupo de los que supuestamente faltaría de los presos políticos. Pero muchos familiares sospechan, porque hay suspicacia alrededor de esto, están pensando que personas que tengan algún reconocimiento social sean dejadas para ser liberadas por último”, menciona el abogado.

En tal caso, hablaríamos de personajes icónicos dentro de la lucha azul y blanco, tales como Medardo Mairena, Edwin Carcache, Pedro Mena, universitarios, entre otros, quienes formaron parte de las primeras negociaciones en la mesa de Diálogo Nacional.

El doctor asegura que la crítica de las familias de privados de libertad se extiende hasta los miembros de la Alianza Cívica.

“Porque la molestia radica en que permitieron que se diera un plazo tan largo de 90 días, cuando al inicio la demanda era que todos quedaran libres de forma inmediata y no como se ha estado haciendo”, explica el doctor Montenegro.

Puntos importantes

1
Es la primera ocasión que el gobierno de Ortega admite tener presos políticos, una dura bofetada a las bases partidarias y simpatizantes de su partido. Al inicio de la crisis, todos los trabajadores del Estado firmaron una carta en nombre de “la justicia y la reparación de daños” por los supuestos “golpistas y terroristas”. ¿Fueron una burla esas firmas?

2
Otro dato que queda en burla tras la aceptación del gobierno de Ortega de tener presos políticos, son aquellas protestas “virtuales” y otras presenciales con videos proyectados en medios de comunicación privados. En dicho video pedían justicia y “castigo para los terroristas”. Una campaña de miedo y odio en las bases del orteguismo que quedó en nada.

3
Desde la “cabeza” del Estado también se vertía a diario una campaña de odio contra quienes pedían justicia por los muertos a manos de los policías y paramilitares. Rosario Murillo, vicepresidente y esposa de Ortega, aprovechaba cada intervención al mediodía en sus medios de comunicación para vertir frases nefastas, y apodos como “minúsculos”. Murillo también pedía justicia.

Hacen pasar como reos comunes

Managua
Ivette Munguía

El poblador autoconvocado de Masaya Edward Enrique Lacayo, conocido como la Loba, fue capturado por la Policía Orteguista (PO) el pasado 15 de marzo en la comunidad El Ostional, Rivas, y ahora es acusado del delito de narcotráfico.

Su madre, Estelita Rodríguez Zelaya, denunció ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) que con esta acusación el régimen quiere hacer pasar a su hijo como delincuente común cuando en realidad es un preso político. Pablo Cuevas confirmó que “la Loba tuvo participación activa en el barrio de Monimbó como uno de los dirigentes de la lucha cívica enfrentada en esa ciudad”.

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