Ortega pide a comunidad internacional suspender toda sanción contra Nicaragua

El Gobierno sandinista hizo ese llamado un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinará participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones, con la que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo. HOY/ Archivo

El Gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega exhortó este sábado a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado y que ha dejado cientos de muertos, de detenidos y miles en el exilio.

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En un comunicado, en el que dio a conocer cinco puntos de agenda para ser discutidas en la mesa de negociación que mantiene con una alianza opositora, el Ejecutivo hizo “un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicarag ense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

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El Gobierno sandinista hizo ese llamado un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinará participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones, con la que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado.

También luego de que su contraparte en el diálogo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, anunciara que reconsiderará su participación en ese foro tras la decisión del Episcopado de no participar en ese proceso y exigieran al Ejecutivo diera “señales de voluntad política” para continuar con las negociaciones.

Sobre Nicaragua penden más sanciones de EE.UU. con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.

Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

En su comunicado, el Gobierno explicó que presenta cinco puntos de agenda porque están “comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional de Nicaragua, y tomando en cuenta que las elecciones presidenciales y legislativas están establecidas para el 2021”, con lo que descarta adelantar las elecciones, que es una de las demandas de diversos sectores.

El Ejecutivo plantea fortalecer las instituciones electorales en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que “perfeccionen” procesos electorales, libres, justos y transparentes.

También ofrece justicia y reparación “para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua”.
Además, la “liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados”.

Al respecto, el Gobierno propone revisar cada uno de los expedientes, con el fin de que ningún caso quede en la impunidad.
Otro de los puntos propuestos es “continuar fortaleciendo” las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política.

Asimismo,realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación, y la implementación y cumplimiento de los acuerdos.

La Alianza Cívica ha dicho que exigirá la liberación de todos los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstas en la Constitución.

También unas reformas que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

Las negociaciones, sin embargo, han quedado en el limbo tras la decisión de los obispos de no participar en ese proceso.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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