Terror parapolicial en la comarca Guanacastillo, Masaya

Cuatro miembros de una familia secuestrados por policías en medio de robos de motocicleta, títulos de propiedad, entre otros

Foto: Cortesía

Oacnudh: liberaciones y diálogo
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su cuenta de Twitter expuso —a propósito de la posible apertura del diálogo nacional— que “el cese de la represión, la liberación de los detenidos y el compromiso de justicia para las víctimas, deben preceder cualquier diálogo”.

CIDH: diálogo con los afectados
Para un diálogo efectivo y legítimo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera necesario incluir en la mesa de diálogo a los familiares de las víctimas fallecidas y detenidas, de las exiliadas, de los estudiantes, de los movimientos sociales y campesinos.

Eurodiputados: liberen a manifestantes
El Parlamento Europeo en su visita de enero señaló que descarta las afirmaciones del Gobierno de un intento de golpe de Estado en su contra y lo consideraba una afirmación especulativa y partidista. Por su parte, pidieron la liberación de los protestantes presos y llamaron a un diálogo para resolver la crisis.

Managua

Doce horas de abuso policial tuvo que vivir la familia García Rodríguez en la comarca Guanacastillo, Masaya, el pasado lunes 18 de febrero desde las 3:00 a.m. Como resultado de esa irrupción, cuatro parientes fueron secuestrados y golpeados por los agentes, uno de ellos menor de edad.

Ana María Rodríguez, miembro de la familia, en conferencia de prensa con la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció el atropello y aseguró que los agentes se llevaron a su esposo José García Gutiérrez, a su hijo Fernando José García Rodríguez (menor de 16 años) y a sus dos yernos Harold Joel Tórrez y Ariel Téllez, sin aparentes cargos en su contra.

La Policía no les detalló por qué exactamente se los estaban llevando, de los que sí está segura doña Ana María, es que mientras ocuparon la finca donde ellos viven, los agentes lograron llevarse: escrituras legales de seis manzanas de tierra propiedad de la mamá de Rodríguez, una motocicleta propiedad de Ariel Téllez, celulares y la provisión de comida que la familia tenía en la casa.

“Yo lo único que les dije a ellos es que eran la autoridad y nosotros no podemos hacer nada, porque ni armas tenemos para defendernos, y que lo único en lo que confiaba es que me entregaran a mi muchacho y demás familiares vivos y sin un solo golpe”, comentó la afectada muy nerviosa.

Desde el corral hasta a la comida

Los hombres de la familia fueron separados de las mujeres y los niños mientras la Policía ocupó la casa. Según Rodríguez, los menores de edad lloraban por hambre, mientras los agentes se llevaban la provisión.

“Nos hicieron estar bajo un árbol donde siempre nos dio el sol. Al otro lado de la casa los tenían a ellos (los secuestrados). Luego nos dijeron que nos tiráramos al suelo, acostados con todo y los niños. Solo permitían que mi niña de seis años fuera a buscarnos agua a los demás, porque ni comer pudimos”, expresa la señora.

Además, la Policía abrió el corral donde estaban las vacas con las que trabaja esta familia campesina, las que luego fueron recuperadas con ayuda de los vecinos de la propiedad.

Para Jorge Mendoza, representante legal de Codeni, el país está volviendo al panorama de los años 90, “hay una investigación llamada ‘Rápido Tránsito’ de Irene Agudelo, en donde se señala que en esos años, de cien niños y adolescentes, 75 querían irse del país, hoy día existe ese mismo deseo debido a la situación político-social”.

Presos y secuestrados

603
presos políticos contabilizaba la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) hasta diciembre 2018. La cifra puede ser mayor en estos días. De esa cantidad el gobierno de Ortega solo admite 340, y según el Comité de Presos Políticos son más de 700 manifestantes cívicos privados de libertad.

1,336
secuestrados y desaparecidos hasta enero 2019, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).



Niñez y adolescencia bajo grave peligro

 

Managua
Francely Navarro

El secuestro del adolescente F.J.G.R., de 16 años, la madrugada de este martes en una comunidad rural de Masaya es un hecho condenable, asegura Jorge Mendoza, representante legal de Codeni.

“Nosotros como coordinadora no gubernamental que trabaja con la niñez y la adolescencia, no podemos tolerar algo así”, menciona.

Para Mendoza, hoy los funcionarios e instituciones del Estado cometen violaciones que van en contra de los preceptos a los que están comprometidos, esto a partir de la convención de derechos del niño en la que Nicaragua tiene plena vigencia, según el artículo 71 de la Constitución.

“Es decir, el Gobierno no solamente violenta los derechos humanos. También irrespeta los intereses superiores de los infantes”, apunta el representante legal de la ONG.

Mendoza destaca que en Nicaragua, el discurso de la normalidad es una farsa. Considera que se vive una normalidad anormal pues mientras el Gobierno dice que todo está bien, siguen existiendo los secuestros, las golpizas, la represión a los más débiles y pequeños, entre otras arbitrariedades.

Señala que lamentablemente Nicaragua se está convirtiendo en un país donde no es posible el crecimiento de los niños y jóvenes.

“Ya ni el camino que va rumbo a la escuela es fiable y estando en la escuela ellos forman parte del control por parte de policías y demás organismos represivos”.

“Mejor trato”

Para el representante de Codeni, no es posible que los niños y adolescentes estén recibiendo tratos de terroristas y delincuentes.

“No los están tratando de forma diferente como lo indica la ley. Un procedimiento adecuado debe ser especial y en ningún momento el secuestro, el maltrato o la muerte forman parte de este procedimiento”, refiere.

Actualmente, Codeni está dando seguimiento a los adolescentes criminalizados y judicializados.

“Hay 19 adolescentes que están sufriendo proceso penal, cuatro de ellos ya han sido condenados y otros están en proceso”, informa Mendoza.

Diez personas secuestradas por día

Managua
Yaosca Reyes Centeno

La gran pregunta estos días es: ¿Qué más podemos esperar de la Policía? Dicha interrogante toma mayor sentido cuando casos como el de la familia García Rodríguez se dan a conocer.

Braulio Abarca, miembro del Colectivo de Derechos Humanos: “Nicaragua Nunca+” (organismo exiliado en Costa Rica, pero que defiende derechos humanos sistematizando denuncias), indica que la única fuerza que posee el gobierno de Ortega y su esposa es la fuerza brutal, la violencia y la represión.

“Cada vez aumenta la violencia, ya que se sienten en riesgo inminente de perder el poder… Las detenciones arbitrarias continúan en Nicaragua como una forma de venganza atroz contra las voces disidentes, contra aquellas personas que alzamos la voz y exigimos libertad, justicia, reparación y no repetición”, puntualiza Abarca, quien fue miembro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) hasta que en diciembre pasado la Policía se tomó estas instalaciones.

Según datos de este colectivo, hay al menos 780 personas detenidas arbitrariamente. Y la cifra, apunta Abarca, tiende a subir porque la Policía continúa secuestrando y arrestando ilegalmente, “al menos a 10 personas por día”.

Con los cuatro miembros de la familia García Rodríguez, se suman en total unas 16 personas secuestradas en menos de dos semanas.

La segunda gran pregunta es: ¿qué podemos hacer mientras se arregla el asunto de la reanudación del diálogo? Para Abarca es sencilla la respuesta, aunque en la práctica suele ser muy difícil.

“Todas las personas podemos ejercer ciudadanía, sin embargo, cuando nos encontramos ante una dictadura que no respeta el Estado de Derecho la única opción que nos queda es la incidencia política internacional, denunciar las violaciones a derecho humanos ante los organismos regionales e internacionales para presionar al Gobierno de Nicaragua que cese la represión, la violencia, exigir libertad a las y los presos políticos, entre otras”, finaliza Abarca.

...

Notas Relacionadas