Reo político en el Chipote tiene paralizado mitad del cuerpo

Además su padre y su hermano reciben condenas a puertas cerradas de hasta 25 años, acusados de asesinato y terrorismo en juicio cuestionado

Doña Teresa Tinoco pide libertad para dos de sus hijos y el padre, que fueron apresados por el gobierno de Daniel Ortega. HOY/Cortesía

Muy preocupada se mostró Teresa Tinoco, quien sufre la detención de su esposo y dos de sus hijos.  A pesar de tener a sus tres seres queridos tras las rejas, por quien ahora sufre más es por uno de ellos: Jony José Leiva Tinoco, uno de sus hijos de 24 años de edad, a quien se lo llevaron en diciembre pasado de su ciudad natal Jinotega y ahora tiene complicaciones en su estado de salud.

Producto de un accidente hace tres años, el jinotegano Jony Leiva estuvo hospitalizado. No estaba recuperado totalmente y así fue enviado al Chipote. HOY/Cortesía
Producto de un accidente hace tres años, el jinotegano Jony Leiva estuvo hospitalizado. No estaba recuperado totalmente y así fue enviado al Chipote. HOY/Cortesía

Teresa cuenta que el 20 de diciembre Jony regresaba del mercado, donde había ido a comprar unos repuestos de una motocicleta que estaba reparando, cuando llegó la Policía Nacional a llevárselo bajo ninguna excusa legal a eso de las 2:00 p.m.

Pasó tres días en las celdas de la Policía de Jinotega y el 23 de diciembre, a las 4:00 de la madrugada, lo trasladaron hacia Managua para encerrarlo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Sobre ese traslado la familia se enteró hasta varios días después, porque ellos mismos viajaron hasta la capital para poder confirmar esa información. Ahora la familia viaja cotidianamente para poder verlos a los tres, los dos hijos y el padre de ambos muchachos, todos acusados de terrorismo y otros delitos relacionados.

“Hay días de la semana en que no venimos porque estamos hasta en Jinotega y a veces no hay recursos para movilizarse”, cuenta la señora.

Accidente

El sábado reciente se enteraron que el muchacho tuvo un accidente cerebral, una parálisis en su cuerpo. Jony tiene al menos 17 días de estar en Auxilio Judicial, y este lunes que su mamá y familiares llegaron a dejarle comida confirmaron que está mal de salud, pero no lo pudieron ver.

“Los oficiales en la puerta del Chipote me dijeron que no podían dar información sobre el estado de mi hijo, pero lo que sí podían decirme era que estaba en una sala aparte. La oficial me dijo que diario lo visita un médico, para revisarlo, y que mañana (hoy martes) era su día de visita y que para verlo teníamos que llevar una copia de su expediente activo, porque a él le iban a realizar una operación este enero por parte de una brigada francesa. Él en total tiene nueve operaciones, sin incluir la que le iban a hacer. Esas operaciones las necesita porque para todas las actividades personales, como ir al baño, vestirse, necesita de ayuda. En la casa siempre lo estábamos auxiliando para que pudiera realizar esas actividades”, explica Teresa.

Jony sufrió un accidente en motocicleta hace tres años en la ciudad de Pantasma. Desde entonces, las secuelas las ha ido superando poco a poco.

Y por eso, en conferencia de prensa desde las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Teresa Tinoco pidió que su hijo sea remitido a otro sitio porque encerrado no va a estar cuidado, como por su condición lo requiere.

Antes del accidente Jony Leiva. HOY/Cortesía
Antes del accidente Jony Leiva. HOY/Cortesía

Ella define a su hijo como una persona con una discapacidad motora desde que sufrió ese accidente y considera que un ser humano en esas condiciones no debería estar en régimen carcelario. “Yo lo que quiero decir es que él, siendo una persona con una discapacidad como esa (de no valerse por sí solo en actividades personales), no es para que lo tenga ahí, alguien en ese estado no es para que esté encerrado, por que él no puede ni comer solo, le tenemos que ayudar… yo no sé si ahí adentro hay alguien que lo apoye, yo sé que él comparte celda con otras personas pero no sé cómo lo estarán tratando”, dijo angustiada la señora.

Cifras que duelen
16 nicaraguenses fueron procesados entre el 23 y el 31 de diciembre del año 2018, fechas en que en Nicaragua celebra la Navidad y fiestas de año nuevo. Esto pareció más como una bofetada d el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que preside Daniel Ortega y su esposa, a la población. 134 autoconvocados fueron condenados en el año 2018 por haber ejercido su derecho constitucional a la protesta, según sentencias emitidas por los tribunales de justicia del poder judicial, utilizado para reprimir y castigar a quien se oponga al régimen orteguista. 340 presos políticos admitió el Ministerio de Gobernación, luego que el 24 de diciembre se informara que ese día y el 25 ese número de reos —a los que tildó de golpistas— recibirían a sus familiares. Los organismos de derechos humanos dicen en realidad la cifras son de 603 autoconvocados presos.

Padre y hermnano condenado a 25 años

Es posible que mientras la madre de Jony Leiva Tinoco denunciaba la ilegal detención de su hijo en las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), su padre —Jony Leiva Picado— y su hermano Graybin Leiva Tinoco escuchaban su sentencia a 25 años de prisión en un juzgado de Managua.

Los jinoteganos en juicio. En la foto aparecen el padre y el hermano de Jony condenados ambos a 25 años de prisión por oponerse al gobierno. Jony fue secuestrado el 20 de diciembre y es la fecha y no ha sido acusado. HOY/Tomada de El 19 Digital
Los jinoteganos en juicio. En la foto aparecen el padre y el hermano de Jony condenados ambos a 25 años de prisión por oponerse al gobierno. Jony fue secuestrado el 20 de diciembre y es la fecha y no ha sido acusado. HOY/Tomada de El 19 Digital

Los medios del gobierno anunciaron que varios ciudadanos jinoteganos encontrados culpables de varios supuestos delitos oyeron su condena ayer de parte de la juez oficialista Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua. En la lista de los imputados, se leen los nombres de Leiva Picado y de Graybin Leiva Tinoco.

El juicio comenzó siendo público, pero como la Fiscalía presentaba pruebas débiles y sus testigos nunca estaban de acuerdo sobre lo que oyeron y vieron, la maquinaria judicial del gobierno ordenó celebrar los juicios a puertas cerradas, como ha ocurrido con decenas de casos políticos.

Es por eso que la familia del reo y del hijo “desaparecido” no sabía de la condena, lo que de seguro aumentará las penurias que pasan, producto de la represión que ha caído sobre ellos por oponerse al régimen.

Les achacan un muerto

Entre los delitos imputados contra Leiva Picado, su hijo y los otros jinoteganos más, están el asesinato de Pablo Ramos Chavarría, hecho que según la Fiscalía ocurrió el pasado 16 de junio en un tranque ubicado en el sector conocido como Llano de la Tejera, en el municipio de Jinotega.

Ahí, según la acusación fiscal, los señalados “cometían delitos a vista y paciencia de los lugareños, quienes a través de sus celulares grabaron el momento en el que se cometió el asesinato”, aunque solo la juez quedó convencida de que la prueba fue irrefutable.

Durante el juicio, se oyó el infaltable testimonio de un agente de la Policía, quien según la Fiscalía realizó trabajos encubiertos en el sitio, logrando identificar a cada uno de los sujetos que aparecen en el video, aun cuando muchos de ellos tenían el rostro cubierto.

La condena

Junto a Leiva Picado y su hijo Graybin, fueron sentenciados: Orlando Granados Picado, Joel Blandón Villagra Bernan y/o Berman Cruz Torres, Juan José Gómez Medina y Félix Picado Castro, quienes fueron penalizados a 20 años de cárcel por el delito de terrorismo en concurso medial con portación de armas de fuego. Les sumaron tres años de encierro por secuestro simple y dos años de prisión por entorpecimiento de servicios públicos. Total: 25 años.

Los abogados defensores dijeron que apelarán la sentencia por considerarla injusta y carente de asideros legales, debido a que no había pruebas suficientes para condenar a los jinoteganos, que lo único que hicieron fue protestar contra el régimen.

La defensa cuestionó la declaración poco convincente del oficial encubierto. Como en otros casos, la Policía presentó en medios oficialistas arsenales de armas y anunció decenas de pruebas técnicas que no llegaron al juicio.

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