Denuncian a sacerdote por supuesta manipulación en cárcel de Nicaragua

"Irlanda le dijo que él representaba al mal, a la mentira, a la muerte, y que estaba ahí tratando de usar su profesión para extraer información de las mujeres", refirió Ganimedes Jerez, hermano de Irlanda

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Irlanda Jerez no quiso confesarse con Uriel Molina. HOY / Archivo

HOY

Familiares de mujeres arrestadas tras participar en protestas contra Daniel Ortega denunciaron ayer al sacerdote Uriel Molina Oliú, por supuestamente intentar obtener la declaración de posibles delitos, a través de las confesiones.

“El día 27 de diciembre llegó uno de los miembros de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Uriel, pero las presas políticas rechazaron confesarse con él porque el objetivo era saber si ellas habían cometido un delito, por medio de la confesión”, dijo el hermano de la líder comerciantes Irlanda Jerez, Ganimedes Jerez, a periodistas.

La “Comisión de la Verdad” -integrada por personajes de reconocida tendencia oficialista, incluyendo al sacerdote Uriel Molina- es cuestionada por supuestamente avalar las acciones del Gobierno contra los manifestantes, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado como crímenes “de lesa humanidad”.

“Irlanda le dijo que él representaba al mal, a la mentira, a la muerte, y que estaba ahí tratando de usar su profesión para extraer información de las mujeres”, refirió Jerez.

Aunque la iglesia Católica, la más seguida en Nicaragua, se ha mostrado a favor “de los indefensos al referirse a la población, Molina muestra mayor cercanía con la parte gubernamental.

Según el denunciante, las manifestantes, unas 46, son “presas políticas”, porque no fueron encarceladas por cometer delito, sino por expresarse contra el presidente Ortega en medio de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde abril pasado.

Organizaciones humanitarias locales afirman que en Nicaragua existe un total de 610 “presos políticos. El Gobierno ha informado de 340 reos, que califica de “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

Asimismo, han informado de entre 325 y 545 muertos, de los que el Gobierno reconoce 199.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril del año pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestaciones.

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