Orteguismo pide 73 años de prisión para Medardo Mairena

Policía lo secuestró y le inventó cargos, Fiscalía lo acusó con pruebas poco convincentes y juez militante concluye fallo sin sorpresas:culpable

El líder campesino Medardo Mairena activista social, fue apresado y enjuiciado por el aparato represor de Daniel Ortega. HOY/Cortesía

El líder campesino Medardo Mairena y Pedro Mena fueron declarados culpables por los delitos de crimen organizado, terrorismo, asesinato de cinco personas, cuatro de ellas policías, en Morrito, Río San Juan; robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos y daños agravados por la justicia del régimen orteguista.

A Mairena, miembro del Diálogo Nacional, se le imputan siete delitos, mientras que a Mena seis, explicó su abogado defensor Julio Montenegro. La Fiscalía pidió la pena de 73 años para Mairena y 63 años para Mena.  El judicial que llevó la causa, el juez Edgard Altamirano, declaró culpable de cinco delitos a Luis Icabalceta, mientras que Luis Bonilla fue declarado inocente y este lunes se le extendió la orden de libertad, explicó el abogado.

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Campesinos firmes

Montenegro expuso que estuvo en desacuerdo del fallo judicial, y solicitó la pena mínima en cada uno de los delitos.
También relató que tanto Mairena como Mena se negaron a firmar el acta porque consideran que el fallo es injusto, y así lo expresaron en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, que dirige Altamirano, considerado un juez orteguista.

Los líderes campesinos dijeron que no eran responsables de los señalamientos y que protestar o usar una bandera azul y blanco en las calles del país no es delito.

El abogado Julio Montenegro defensor de los lideres campesinos señaló durante el juicio los vicios de la acusación y los débiles de las pruebas que incriminaban a los acusados. Tomado de El 19 Digital
El abogado Julio Montenegro defensor de los lideres campesinos señaló durante el juicio los vicios de la acusación y los débiles de las pruebas que incriminaban a los acusados. Foto tomada de El 19 Digital

Proceso irregular

Montenegro señaló varias irregularidades en el proceso judicial.  Con respecto a los testigos presentados, prácticamente, eran funcionarios públicos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), además de los oficiales de la Policía Orteguista (PO), que aparentemente habían sido secuestrados.

Destacó que uno de los testigos ni siquiera sabía el número de policías agredidos al momento de darse el supuesto ataque dirigido por el líder campesino.

Prueba débil

La Fiscalía aseguró que su prueba decisiva era un video, el cual fue cuestionado por Montenegro al señalar tres secuencias de imágenes distintas; la primera donde aparece Medardo sobre una calle, con otras personas portando bandera azul y blanco; la segunda, en la que se ve a personas que están en un cruce de calle con banderas rojinegras, y la tercera se aprecia una batalla campal, donde no aparece Medardo.

También indicó que lo más lógico, ya que se ha imputado a Mairena como autor intelectual del asesinato contra los oficiales de Policía, es que hubiese algún tipo de comunicación, ya sea por chat, imágenes o videos, pero eso no lo lograron acreditar, explicó.

De hecho, uno de los testigos de la PO, cuando lo interrogó sobre si contaba con alguna imagen o audio donde dijeran que Mairena orientó algún tipo de acción contra los policías u ordenara que se armaran tranques o lesionar a personas, la respuesta fue siempre negativa.

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Otra de las irregularidades fue que Mairena reconoció en el testigo Código Uno a la persona que le habían infringido torturas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote cuando fue detenido.  Tanto Mairena como Mena, fueron detenidos el viernes 13 de julio en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y pese a que la ley establece un plazo para presentar acusación alguna, pasaron varios días sin que se supiera nada de los líderes campesinos.

Tanto así que al cuarto día los miembros de la mesa del Diálogo declararon a Mairena desaparecido en manos de la Policía. De nada sirvió que los familiares pidieran explicación a las autoridades de su paradero. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) los pasó a la lista de secuestrados, pero días después el orteguismo los presentó como acusados.

Otro fallo a puerta cerrada

A puerta cerrada la juez Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio, Fátima del Socorro Rosales González, declaró culpable a cuatro manifestantes autoconvocados por la muerte de un militante del gobierno, a quien los pobladores del sector donde murió acusaron de paramilitar.

Los jóvenes acusados de matar a un paramilitar. Su único delito fue participar en las protestas contra el gobierno. HOY/Alejandro Flores
Los jóvenes acusados de matar a un paramilitar. Su único delito fue participar en las protestas contra el gobierno. HOY/Alejandro Flores

El fallecido, que el mismo gobierno ha reconocido a través de sus medios como un “compañero ejemplar”, es Francisco Ramón Aráuz Pineda.  El día de su muerte, el 16 de junio pasado, la misma Rosario Murillo, vocera del gobierno, dijo que Aráuz Pineda hacía “labores de limpieza de tranques y barricadas” en las cercanías al colegio Edgard Arbizú.

Las operaciones de limpieza ordenadas por Murillo se tradujeron en decenas de muertos en los barrios, pues fue el lanzamiento feroz de paramilitares y policías que mataron a los manifestantes opositores usando pesadas armas de guerra.

Testigos cuestionados

La juez Rosales González basó su fallo de culpabilidad en las declaraciones de José Antonio Fernández, Bayardo Lara García y otros que el día de los hechos realizaban también labores de limpieza. Llama la atención que admitirlos como tal sería confesar que los testigos también estaban en la escena como paramilitares.

Erick Antonio Carazo Talavera, Cristopher Marlon Méndez, Misael Espinoza y Ulises Rubén Toval Ríos escucharon serenos el fallo de culpabilidad junto a su defensora y el murmullo de los periodistas de los medios oficialistas, únicos autorizados por el poder judicial para darle cobertura a los juicios políticos. La Fiscalía pidió para los jóvenes la pena máxima, en un juicio político en el que poco se pudo probar.

 

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