CIDH condena allanamientos fuera de ley de Policía de Nicaragua contra ONGs

Al menos cinco ONGs y un grupo de medios de comunicación denunciaron haber sido allanados sin orden judicial entre la noche de ayer jueves y la madrugada de este viernes

Representantes de la CIDH y de las Naciones Unidas en las afueras de los Juzgados de Managua, HOY/Archivo

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) condenó hoy los allanamientos sin orden judicial ejecutados por la Policía de Nicaragua contra varias ONGs y medios de comunicación críticos del Gobierno.

“La CIDH condena esta situación, que es una clara violación al derecho de asociación y de libertad de expresión, que son inalienables”, dijo la coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la CIDH, Ana María Tello.

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Al menos cinco ONGs y un grupo de medios de comunicación denunciaron haber sido allanados sin orden judicial entre la noche de ayer jueves y la madrugada de este viernes, en acciones que incluyeron golpes contra vigilantes y robo de dinero y teléfonos celulares a algunas madres de manifestantes presos, según las denuncias de sus representantes.

Las ONGs afectadas fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na, así como las oficinas de los medios Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.

Los allanamientos ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.

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La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza la responsabilidad e insiste en que venció un intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.

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