Régimen orteguista cancela personería jurídica a cinco organismos civiles

Las ONG son el Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Ipade, la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación y la Fundación Popol Na

 La votación al decreto de cancelación de personería jurídica del Ipade. HOY/Jader Flores

Los diputados orteguistas cancelaron este jueves la personería jurídica del Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), la Fundación del Río, del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y de la Fundación Popol Na. El plenario revisó con trámite de urgencia los decretos de la cancelación de la personería jurídica.

La decisión contra los organismos fue consumada con 70 votos de los orteguistas. A la votación contra el primer organismo se opusieron 16 legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Yatama y el Partido Conservador (PC) y contra el segundo, tercer y cuarto organismo 17 votos del PLC, Yatama, Partido Conservador y uno de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), de Mauricio Urúe.

La Asamblea Nacional le da 72 horas a los organismos para que entreguen los sellos y documentos contables a Gobernación, y cierren operaciones.

Señalamientos

Al Instituto de Liderazgo de las Segovias le aplican la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero. En su informe, el Migob le atribuye delitos de financiar actos para “desestabilizar el país”. Además sostienen que funcionan ilegales porque no tienen junta directiva y no han presentado documentos contables.

El diputado orteguista, Efrén José González, acusó sin presentar pruebas, que Haydée Castillo, a través del Instituto de Liderazgo, pagaba 500 córdobas a quienes estaban en los tranques en Nueva Segovia.  A la Fundación del Río la acusan de financiamiento de los tranques que se levantaron contra Ortega.

Los diputados sandinistas, que controlan la directiva parlamentaria, impusieron en el orden del día la cancelación de estos organismos críticos de las políticas del régimen. HOY/Jader Flores

Al Ipade, que dirige Mauricio Zúñiga, también el régimen le aplica la Ley contra el terrorismo. Este organismo ha operado desde 1990 y ha participado como observador electoral en los comicios. Es señalado de “promover campañas de desestabilización del país”.

Durante el debate, los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Wálmaro Gutiérrez, Filiberto Rodríguez y José Antonio Zepeda se reían de los alegatos de defensa del Ipade que hacía la diputada del PLC, Adilia Salinas.

Los orteguistas se sentaron cuando Salinas les recordó, que ellos siendo oposición en los años 90 hicieron asonadas y “no lanzaban caramelos”. “Ahora criminalizan a quien marcha con la bandera azul y blanca”, dijo Salinas.

Azucena Castillo, del PLC, acusó que el régimen actúa contra nueve organismos.” Estos actos son violatorios a la libre organización en un estado libre y soberano. No es silenciando a las ONG que vamos a silenciar al pueblo”, reclamó Castillo.

Uno de los orteguistas que dio un discurso más virulento fue el diputado y sindicalista orteguista, José Antonio Zepeda, quien dijo que ” defendemos la paz eliminando instrumentos como el Ipade que financiaron tranques de la muerte. No actuamos como venganza”.

Esta fue la votación al decreto de cancelación de personería jurídica de Fundación del Río. LA HOY/Lucía Navas

A la Fundación del Río, Gobernación también le acusa de estar ilegal porque desde 2016 no tiene junta directiva. También le atribuyen delitos en base a la Ley contra el Terrorismo por supuesto financiamiento de grupos para la “desestabilización del país”.

Jimmy Blandón, del PLC, lamentó que se actúe contra una de las pocas ong que tienen proyectos por conservación del medio ambiente. Los orteguistas acusan a los miembros de Fundación del Río del financiamiento de la masacre de cinco policías en Morrito.

CINCO es despojado de su personería jurídica por no presentar documentos que prueben el manejo correcto contra el lavado de dinero. Y de no haber actualizado su junta directiva desde abril de 2018. Igual lo acusan de facilitar su estructura financiar actos ilícitos.

Todos los decretos fueron presentados con trámite de urgencia. Los diputados orteguistas, que controlan la directiva parlamentaria, impusieron en el orden del día la cancelación de estos organismos críticos de las políticas del régimen.

“Hoy le cancelan la personería jurídica a CINCO, centro de investigación que he dirigido durante 23 años. Lo recibo como una medalla al mérito y me siento honrada de que nuestra asociación esté…”, escribió en Twitter, Sofía Montenegro, dirigente del organismo.

La orteguista Mercedes Sánchez, calificó de al organismo de terroristas y aseguró que “no son ningunos angelitos”. Además acusó, sin exponer pruebas, de que los miembros de CINCO tuvieron participación en el intento de golpe de Estado contra Ortega. “Esta ONG es una sola mezcolanza… incitó a los grupos a través de sus medios televisivos para presionar al Cosep a romper el diálogo y consenso” con el régimen”, dijo Sánchez, agregando que CINCO pasaba dinero al Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

El jefe de la bancada del PLC, Miguel Rosales, señala al régimen de “aplicar la guillotina” a este organismo que contribuye a la democracia y la libertad de prensa. En tanto, el orteguista Adrián Martínez dice que el Estado debe salvaguardar la verdad y actuar contra los medios de comunicación como CINCO, que “ha manipulado y usado la mentira” para promover el odio contra el régimen de Ortega. Dice que la libre de información es para difundir la verdad de los programas de la dictadura.

La discusión se convirtió en un show de reclamos entre María Fernanda Flores, diputada y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, el exaliado liberal, Wilfredo Navarro, y el sindicalista orteguista José Antonio Zepeda.

Igual que a las cuatro organizaciones, a la organización Popol Na es despojada de su personería jurídica tras aplicarle la Ley contra el terrorismo y señalarla de participar en el financiamiento para adiestramiento de grupos para acciones desestabilizadoras.

Lésther Villarreal, del PLC, dice que “no defendemos a la comandante guerrillera del FSLN, Mónica Baltodano, sino la igualdad y justicia de la fundación Popol Na”. Por su parte, Benita Arbizú Medina, del FSLN, insulta a los PLC diciéndoles que “ni el perro de su casa los sigue” cuando sacan su bandera.

Medina tilda de “degenerado sinvergüenza” al campesino y preso político Medardo Mairena y lanza insultos a la líder campesina Francisca Ramírez y la acusa de recibir fondos del Popol Na.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez. HOY/EFE

Más organismos

El Ministerio de Gobernación (Migob) citó a estos cinco organismos, así como lo hizo con Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a los que la Asamblea Nacional les retiró este miércoles la personería jurídica.

Migob señaló al organismo Hagamos Democracia de utilizar su esquema para facilitar fondos para que grupos cometieran supuestos actos terroristas y al Cenidh de haber violado sus estatutos.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha quitado la personería jurídica a nueve Organismos no Gubernamentales (ONG), a los que vincula con el supuesto golpe de estado.

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