Murillo afirma que Gobierno de Nicaragua no se agacha, tras sanción de EE.UU.

Murillo dijo que "no pueden ni podrán con el alma nicaragüense", y que los habitantes del país ya han "conocido tiempos durísimos", por lo que saben "apreciar y valorar la paz".

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Rosario Murillo./ HOY/ Archivo

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, sostuvo hoy que no se agacharán ante nadie, un día después de que el Congreso de EE.UU. aprobó una ley que sancionará al Gobierno del presidente Daniel Ortega y limitará su acceso a préstamos internacionales hasta que se celebren elecciones “libres justas y transparentes” en este país.

“Nosotros no decaemos, nosotros no nos agachamos, nosotros no nos sentamos. A nosotros no nos aplasta nada”, señaló Murillo, también primera dama, en un mensaje a través de medios oficiales.

La ley, conocida popularmente como “Nica Act” y que fue aprobada el martes por unanimidad, impone sanciones individuales para miembros del Gobierno de Ortega y limitará el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Murillo dijo que “no pueden ni podrán con el alma nicaragüense”, y que los habitantes del país ya han “conocido tiempos durísimos”, por lo que saben “apreciar y valorar la paz”.

También reconoció que este año Nicaragua vive “tiempos muy duros”, debido, según dijo, a “que los crímenes de odio inexplicablemente se ensañaron en tantos nicaragüenses”, en referencia a la crisis sociopolítica que se inició el 18 de abril pasado y que ha dejado centenares de muertos y detenidos en el marco de protestas antigubernamentales.

Murillo subrayó que su Gobierno ha sido capaz de reponerse “de esa desgracia destructiva y de esa explosión de odio que promovieron algunos, que allí están y sabemos quiénes son” y, por tal razón, ahora valoran más la paz.

Después de ser aprobada en el Congreso, la ley debe ser firmada en los próximos diez días por el presidente estadounidense, Donald Trump, para entrar en vigor.

La “Nica Act” sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones “libres, justas y transparentes”, de acuerdo al texto de la legislación.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario

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