Asamblea Nacional de Nicaragua cancela personalidad jurídica al Cenidh

Según el informe, la junta directiva del Cenidh, que preside Vilma Núñez, se encuentra vencida desde marzo pasado y no reportó su estado financiero en 2017.

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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez. HOY/Cortesía

La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló hoy la personalidad jurídica a un organismo defensor de los derechos humanos por “alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega desde abril.

La mayoría sandinista y sus aliados votaron a favor de retirar la personalidad jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fundado en 1990, en base a un informe del Ministerio de Gobernación, dijo ante el pleno el titular del Poder Legislativo, el oficialista Gustavo Porras.

Según el informe, la junta directiva del Cenidh, que preside Vilma Núñez, se encuentra vencida desde marzo pasado y no reportó su estado financiero en 2017.

Ese Ministerio también señaló al Cenidh de haber desnaturalizado los fines para el cual fue creado y que sus actuaciones “han sido totalmente parcializadas para un sector de la sociedad”.

Esa institución denunció que el Cenidh utilizó su esquema organizacional para otras fines, entre ellos el de gestionar fondos, “alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.

La solicitud del Ministerio de Gobernación para cancelar la personalidad jurídica a esa ONG fue tramitado de manera urgente por el Parlamento, controlado por el oficialismo.

La legisladora sandinista Auxiliadora Martínez señaló al Cenidh de haberse “convertido en un organismo para triangular dinero” para desestabilizar al país “en el intento de golpe de Estado” contra el Gobierno de Ortega desde abril.

“Lejos de defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses, se dedicaron a defender a los torturadores, a los asesinos, a los que instalaron tranques y obstruyeron las vías del país”, afirmó.

La diputada opositora liberal María Fernanda Flores calificó la medida como “un golpe más a la institucionalidad, al respeto, al debido proceso, a la legalidad que todos los nicaragüenses debemos impulsar”.

“Por venganza”

“Estamos dejando indefensa a una población que a través del Cenidh denuncia a diario la violación de sus derechos”, advirtió Flores, esposa de Arnoldo Alemán, que gobernó Nicaragua de 1997 a 2002.

El diputado indígena Brooklin Rivera advirtió que el retiro de personalidades jurídicas, cuatro en las últimas semanas, representa “una nueva etapa de represión” y que el Gobierno de Ortega lo hace “por venganza”.

“Hay criminilización para los defensores de los derechos humanos. Con esto estamos hundiendo más el país”, valoró.

El Parlamento también canceló hoy la personalidad jurídica a la ONG dedicada a los derechos civiles Hagamos Democracia, dirigida por el político Luciano García.

También hizo lo mismo con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos, y 674 “presos políticos”, más cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.

El Gobierno reconoce 199 muertos, y 273 reos, que clasifica como “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

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