Congreso de EE.UU. aprueba Ley de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega

La legislación pasará a manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para ser firmada en un plazo de diez días, luego las sanciones entrarán en vigencia

El Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley conocida como Nica Act, reforzada en el Senado. HOY/Istockphotos.com

El Congreso de Estados Unidos aprobó hoy la Ley de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, la Nicaraguan Investment Conditionality Act, bautizada desde su aprobación en el Senado como la Ley Nica. Con ello concluye su recorrido en ambas Cámaras legislativas, el Senado y el Congreso, y esta aun paso de convertirse en una Ley de sanciones dirigida a corruptos y personas vinculadas a los crímenes en Nicaragua.

La enmienda incluida y aprobada por el Senado el pasado 27 de noviembre, fue conciliada con la versión que fue aprobada por el Congreso en el 2017. Ese proceso fue aprobado hoy dando paso a una sola versión legislativa que deberá ser firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para ese fin tiene un plazo de diez días. A partir de la firma entraría en vigencia la Ley dirigida a sancionar los abusos a los derechos humanos y la corrupción del régimen de Ortega.

La Ley Nica está compuesta por la unión de dos proyectos legislativos. La Nica Act, propuesta por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, aprobada en el Congreso en octubre de 2017, fue fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a través de una enmienda, con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, la S.3233, del senador Bob Menéndez.

El proyecto de Ley estuvo acompañado por un largo proceso para su aprobación que demoró dos años y medio, y retomó fuerza debido a la masacre y la brutal represión que ha perpetrado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde abril pasado contra civiles, que hasta el 10 de diciembre contabiliza 500 muertos, 647 presos, y más de cuatro mil heridos.

Razones

Ortega ha ignorado los repetidos llamados de Estados Unidos y la comunidad internacional, sobre el cese a la represión y la necesidad de cambios en el país para el retorno de la democracia.

Desde su llegada al poder en enero de 2007, Ortega se ha dado a la tarea de desmantelar las instituciones democráticas, controlar la Policía, el Ejército, y crear grupos parapoliciales encargados de asesinar, perseguir y secuestrar a los nicaragüenses que demandan cambios en el país.

Los grupos paramilitares están integrados por la Juventud Sandinista, el brazo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y escuadrones de la muerte a manos de la Policía Nacional. Esa información forma parte de los argumentos de la Casa Blanca para designar sanciones contra la esposa de Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, y Nestor Moncada Lau, asesor presidencial, anunciadas el pasado 27 de noviembre, por medio de una Orden Ejecutiva.

En ese sentido, la legislación ha sido creada exclusivamente para sancionar los vejámenes y crimenes de la dictadura de Daniel Ortega, y se convertirá en la tercera herramienta de sanciones a emplear por la administración contra Ortega, funcionarios del régimen y sus colaboracionistas, nacionales y extranjeros involucrados en la represión directa o a través de apoyo financiero, o tecnología.

Sanciones

La Ley propone la designación de sanciones a individuos por medio de bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.

Igualmente, incluye restricciones a los préstamos que solicite el gobierno de Nicaragua a las instituciones financieras internacionales, con la excepción del financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.

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