Cancelan personería jurídica a Cisas y confiscan sus bienes

Ana Quirós, quien fue expulsada por el gobierno, a inicios de esta semana era la representante de esta organización

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Ayer la Asamblea Nacional le canceló la personería jurídica a la ONG Cisas, cuya representante era Ana Quirós, quien fue expulsada del país por el gobierno de Daniel Ortega. HOY / JADER fLORES

HOY

Los diputados orteguistas le cancelaron este jueves la personería jurídica a la organización no gubernamental Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y ordenaron la confiscación de los bienes. Ana Quirós, quien fue expulsada del país esta semana, era la representante de la organización.

Diez días dio de plazo del poder legislativo al personal de Cisas para entregar los documentos y sello al Ministerio de Gobernación, pero además ordenan su liquidación y que el dinero resultante pase al Estado de Nicaragua.

La cancelación fue solicitada por el Ministerio de Gobernación y fue presentada con trámite de urgencia por el presidente de la Comisión de Paz y Defensa, el orteguista Filiberto Rodríguez.
El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua criticó ayer la cancelación y expropiación de bienes de Cisas.

“Es la continuidad de la represión y la persecución política contra las ONG y todos los críticos que hemos denunciado la barbarie que ha sucedido en Nicaragua”, dijo la dirigente del MAM, Juana Jiménez.

Sobre la expropiación de “los bienes y acciones” de Cisas en favor del Estado, también ordenada por el parlamento, Jiménez afirmó que “es arbitrario, porque el destino de esos bienes queda establecido en sus actas, según la ley”.

Lo que dice la Ley

Julio Francisco Báez, jurista y especialista fiscal, dijo que la actuación de los parlamentarios roza con la ley por cuanto no tendrían facultades para confiscar los bienes de una ONG si en el estatuto de la organización no lo establece de esa manera.

“Sobre el destino de los bienes del ONG, el artículo 25 de la Ley General de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, preceptúa que una vez cancelada su personalidad jurídica, sus bienes y derechos pasan a quien se estableció en el acta constitutiva o en sus estatutos. Solo en el caso de que no hayan precisado nada respecto de la transmisión a un tercero, es que pasaría a manos del Estado. Si el decreto de la Asamblea Nacional dice que pasan al Estado, es porque ya verificaron que en el acta constitutiva ni en sus estatutos de Cisas se previó el destinatario. ¿Ocurrió así? Nadie lo sabe”, dijo Báez.

Lanza advertencia
El diputado sandinista Wilfredo Navarro emitió ayer una advertencia contra una ONG que dirige Félix Maradiaga. “Que ponga su barba en remojo el Ieepp (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas), que miren si han cumplido con la ley, que si no están defendiendo intereses foráneos, y que si no se están prestando al manejo de los que organizaron este golpe de Estado”, dijo Navarro.

Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, ha sido acusado por el Gobierno de Nicaragua de estar al frente de acciones que desembocaron en una crisis sociopolítica, que el presidente Daniel Ortega interpreta como un “golpe de Estado”.

El diputado afirmó que la cancelación del Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas) y la confiscación de sus bienes por orden del Legislativo, obedece a que Quirós participó en protestas contra Ortega, y que lo mismo podría ocurrirle al Ieepp.

“Aquí no se persigue a nadie por gusto, aquí lo que se aplica es la ley cuando se violentan los estatutos de una organización que debe estar dedicada a lo que se aprobó, si ya realiza otras acciones pierde su personalidad (jurídica), así de sencillo”, insistió Navarro.

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