Detenido en centro comercial de Managua enfrentará juicio

Leónidas Ernesto Lúquez González, el ciudadano detenido por la Policía Nacional en el centro comercial Galerías Santo Domingo, fue liberado bajo la medida cautelar de arresto domiciliar.

Managua
Leónidas Ernesto Lúquez González, el ciudadano detenido por la Policía Nacional en el centro comercial Galerías Santo Domingo el miércoles 14 de noviembre, fue liberado bajo la medida cautelar de arresto domiciliar.

Dicha medida fue impuesta en los juzgados capitalinos el viernes 16 de octubre en la audiencia preliminar en donde lo acusan del delito de obstrucción de funciones de la Policía Nacional.

Lúquez fue liberado en horas de la tarde de ese mismo viernes, y desde entonces está en su casa bajo la tutela de su esposa Marcela Alfaro.

María José Rodríguez, defensora legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y abogada de Lúquez explica que la audiencia inicial será el próximo 26 de noviembre, y que la medida cautelar responde a que el delito imputado es una falta leve.

“Incluso le impusieron demasiado con arresto domiciliario, se pasaron con eso. Creo que esto se pudo haber solucionado con una fianza, con disculpas o mediación, pero la Policía lo llevó hasta los juzgados”, expresa la abogada Rodríguez.

La defensora también indica que las acusaciones del Ministerio Público no concuerdan con los verdaderos hechos. Insiste en que Lúquez no estaba obstruyendo el trabajo de la Policía, solo es un ciudadano que preguntó por la presencia policial dentro de las instalaciones del dicho centro comercial.

“En este caso no se estaba dando ninguna obstrucción de funciones, porque ellos no han explicado cuál era el motivo de la presencia policial dentro de los centros comerciales. ¿Qué función está haciendo ahí? No había ninguna denuncia, ni orden de captura, no había ningún delito fragante. Sería que ellos (Policía Nacional) dieran un comunicado donde explique cuáles funciones son las que don Leónidas obstruyó”, explica la abogada.

Hay que destacar que en este caso ha ocurrido algo singular. Resulta que en la acusación de la fiscalía el ofendido legal no es el Estado, sino que esta vez las imputaciones las hizo, directamente, el policía Roberto Javier Arce Gutiérrez.

La acusación contra Lúquez fue admitida por la juez Natalia Úbeda Obando, del juzgado Tercero Local de lo Penal.

La detención
Marcela Alfaro, esposa de Lúquez fue quien hizo la denuncia de la arbitraria detención en el Cenidh, dijo que a su esposo Leónidas Luquez se lo llevaron del área de las comidas. Manifestó que mientras los oficiales forcejeaban con su esposo, un joven de camisa roja —que tomaba fotos del hecho— también fue capturado por los agentes. Sin embargo, desconoce el paradero de ese desconocido.

“No sé si dentro del Food Court hubo algún tipo de altercado verbal con mi esposo, pero ellos (policías) le reclamaban como que los había ofendido y mi esposo les dijo ‘pero ustedes también me ofendieron a mí’”, dijo Alfaro en conferencia de prensa la semana pasada.

El hecho se conoció a través de varios videos que circularon a través de las redes sociales; se observa al menos cinco agentes de la Policía Nacional que arrestan al mencionado.

Los agentes policiales portaban chalecos verdes que tenían las iniciales de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM) de esa institución. Durante el forcejeo a Leónidas se quedó sin camisa,

“De hecho, en este país ya no estamos seguro en ningún lado. Creo que es el primer caso donde dentro de un centro comercial por el motivo que sea, vienen y se llevan a una persona y está detenida”, expresaba Alfaro en conferencia de prensa en días anteriores.

Mala salud

La abogada del Cenidh, María José Rodríguez, explicó que el arresto domiciliar de Leónidas Lúquez le beneficia en gran manera ya que tiene una condición de salud que necesita de un tratamiento constante y medicamentos para que no entre en crisis.

En base a esto tanto la familia como abogada defensora hicieron incapié en el estado de salud luego de que Lúquez fuera detenido. Después de 48 horas detenido, no había recibido su medicación, según informaron en su momento los familiares.

Otro que estuvo secuestrado por expresarse fue Galo Gabriel Gradiz, ciclista y miembro activo de la “Biciletada Managua”, fue capturado por la Policía en Camino de Oriente en octubre pasado. Fue liberado días después.

Abogada defensora: 'No hay delito'

Managua
Yaosca Reyes Centeno

Según las leyes nicaragüenses, toda persona que obstruya las funciones realizadas por la Policía Nacional puede pagar condena de uno a cuatro años de prisión, todo en dependencia de grado de seriedad del obstáculo que pudo haber puesto la persona en las labores de dicha institución del orden. Si no, lo más viable es arreglar el asunto sin necesidad de llegar a los juzgados, puesto que estamos hablando de delitos menores.

Sin embargo, la abogada María José Rodríguez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera que su defendido Leónidas Ernesto Lúquez González no debería pagar siquiera una condena de meses, puesto que él no intervino en ningún trabajo investigativo o de detención que realizara la Policía Nacional en dicho sitio.

“Hay que esperar la audiencia inicial del caso para ver con qué otras cosas nos salen. Si ahí nomás la juez admite para juicio estaríamos ante un proceso bastante llamativo, porque ¿cómo vas a procesar a una persona que simple y sencillamente está haciendo cumplir su derecho de protestar ante su descontento de mirar a la Policía en lugares públicos al acecho”, expresó Rodríguez.

La abogada defensora de Lúquez insiste en que la Policía Nacional debe aclarar por qué invade espacios en donde no se están cometiendo delitos y donde es evidente que no es necesaria su presencia. A esperar Indica también que ante la posibilidad de condena, lo más prudente es esperar la reacción de la juez, el 26 de noviembre, fecha en la que se realizará la audiencia inicial del caso.

“La juez tiene que ver que la acusación que la fiscalía presenta cumple con los requisitos solicitados por el Código Procesal Penal, que establece que la narración de los hechos debe ser clara, precisa, concisa, circunstanciada en tiempo, lugar y espacio. Pero si la juez mira que no cumple con los requisitos solo me manda a archivar la causa y hasta ahí nomás quedará”, explica la defensora.

Agrega que el proceso legal contra Lúquez se está llevando de una manera acelerada y eso no es normal porque se deben hacer señalamientos sustentados y no lo están logrando.

“Él tampoco golpeó a ningún Policía. Estamos ante un caso donde la persona, como cualquier nicaragüense, está disgustada de ver la presencia tan lasciva de la Policía en los centros comerciales. No son ni uno o dos agentes, son varias patrullas policiales con al menos 15 agentes cada uno que lo que pretenden es que no hayan protestas. Están pendientes de todo lo que puedan llegar a hacer los ciudadanos azul y blanco”, dice la abogada.

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