Amplían período a “Comisión de la Verdad” que investiga muertes en Nicaragua

La nueva fecha de vencimiento ahora hasta el 6 de febrero próximo

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a llamada Comisión Porras ahora su periodo finaliza el próximo 6 de febrero. HOY / Archivo

HOY

La mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional ampliaron ayer por otros tres meses más el tiempo a la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, que está a cargo de investigar la muerte durante las violentas protestas acontecidas en este país desde el pasado 18 de abril.

Los diputados sandinistas y sus aliados aprobaron una resolución que extiende por tres meses más, a partir del 6 de noviembre, la vigencia de la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz“.

Esa comisión tenía un primer plazo de tres meses, que terminaba el 5 de agosto pasado, para dar un informe sobre los muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados y torturados en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país.

Posteriormente, el Parlamento extendió ese plazo hasta el 6 de noviembre, y ahora hasta el 6 de febrero próximo.

Esa comisión está integrada por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú, la líder miskita Mirna Cunningham, el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, y el académico e intelectual Cairo Amador.

Esa comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines a Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 528 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

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