No hay condiciones para el retorno de los nicas en el exilio

Ortega anuncia un programa para el regreso de los exiliados

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Azahalea Solís, también participante de las negociaciones de parte de la Alianza Cívica, destacó que el programa no fue consensuado en la mesa de diálogo y lo tildó de “autoaprobación”. HOY / Óscar Navarrete

HOY

Como “publicidad engañosa que no resuelve el problema de los (nicaragüenses) exiliados, calificó José Pallais, participante de la mesa del diálogo por parte de la Alianza Cívica, el programa del régimen de Daniel Ortega “sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior”.

Este “programa de retorno” fue la propuesta que presentó la delegación de Daniel Ortega en la mesa de negociaciones el pasado 10 de abril. Sin embargo, no logró ser consensuada con los miembros de la Alianza Cívica, que son la contraparte de la dictadura el Diálogo Nacional.

Aun así, Ortega dio a conocer este lunes, a través de un comunicado, la “aprobación e implementación” de su programa de retorno, reconociendo que “no logró el consenso” por “objeciones” hechas por la Alianza Cívica.

El programa detalla que “cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que solicitará la cooperación de la comunidad internacional”.

El gobierno de Ortega asegura en el documento que “garantizará que las personas que retornen voluntariamente sean recibidas bajo el programa de retorno voluntario asistido, acompañado con la asistencia técnica de la OIM y con el apoyo de la cooperación internacional (…) Asimismo, todas las personas que retornen a Nicaragua deberán contribuir a la paz, tranquilidad, seguridad y reconciliación entre todos los nicaragüenses”.

El “programa de retorno” indica que “cubre a todas las personas que no tienen causa judicial abierta ni acusación formal de autoridad competente, por los hechos acaecidos a partir del 18 de abril de 2018; ni a los autores y/o acusados de delitos comunes, cometidos en cualquier tiempo, prófugos de la justicia”.

Los miembros de la Alianza Cívica mantienen su posición de que para una verdadera implementación de todas esas promesas del régimen orteguista, es indispensable un garante internacional que las haga cumplir.

Pallais recordó que el orteguismo “no acepta garantes para el seguimiento a la protección y defensa de los derechos humanos en Nicaragua” y sin eso “nadie puede estar seguro de los hostigamientos y amenazas que forzaron la salida de esos nicaragüenses”.

“Para la Alianza Cívica es indispensable este garante, para generar confianza en el retorno y que no se repitan las condiciones de persecución y amenazas que los forzaron a irse”, dijo Pallais.

El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Mario Arana, otro de los negociadores de la Alianza Cívica, manifestó ayer en su cuenta de Twitter que la “seguridad de los exiliados solo es posible con Garantes internacionales”.

Desde que se reanudó el diálogo nacional entre el orteguismo y la Alianza Cívica (el pasado 27 de febrero), quedó establecida la necesidad de invitar garantes internacionales, quienes tendrían que garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados sobre democracia, justicia y libertad, y dar seguimiento a sus resultados.

La resistencia de Ortega a invitar a estos garantes es una de las causas de la suspensión de las negociaciones desde el tres de abril.

Incumplimientos

Además, los acuerdos que firmaron las partes en la mesa de diálogo, no fueron cumplidos por Ortega. A finales de marzo, los representantes del régimen orteguista en las negociaciones, firmaron un “acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, sin embargo, la represión, detenciones y persecución de la Policía Orteguista (PO) contra los opositores continuaron.

También, Ortega firmó un acuerdo para liberar a los presos políticos, pero los al menos 200 excarcelados han salido bajo el régimen de casa por cárcel y todavía quedan más de 500 personas en la cárcel por participar en las protestas civiles.

La represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que iniciaron el 18 de abril de 2018, obligaron a miles de nicaragüenses a emigrar a otros países, principalmente a Costa Rica, país que limita al sur con Nicaragua.

Hasta finales de noviembre del 2018, Migración y Extranjería costarricense registraba un total de 24,938 solicitudes de refugio, de las cuales 20,385 fueron hechas por nicaragüenses.

Reacciones de exiliados

El sociólogo Óscar René Vargas indicó que “en las condiciones que propone el gobierno no es posible regresar. Solamente cuando liberen a los presos políticos, cesen la represión, desarmen a los paramilitares, se restablezca la libertades y los derechos de todos los nicaragüenses”.

La líder campesina Francisca Ramírez, mencionó que cuando Ortega permita el retorno al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), libertad de presos políticos y se permita la movilización “entonces podemos decir que tenemos garantías los nicaragüenses”.

El dirigente universitario Lesther Alemán, quien se encuentra en el exilio desde hace meses, calificó el anuncio del programa de retorno de los exiliados como campañas estériles y engañosas ante la opinión pública y comunidad internacional.

“Tiene que haber garantes internacionales en el proceso de implementación”, manifestó el joven.

Agregó que Ortega no ha cumplido ninguno de los acuerdos que firmó. “No hay el ambiente mínimo para el retorno de ningún nicaragüense”, indicó.

 

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