Avanzan las sanciones contra los Ortega – Murillo

Ayer el Parlamento Europeo aprobó una resolución

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Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan la lista de funcionarios propuestos por la eurodiputada Ana Gomes para ser sancionados por la Unión Europea. HOY / Archivo

HOY

La aplicación de las sanciones individuales a los funcionarios del régimen de Daniel Ortega que aprobó ayer el Parlamento Europeo (PE), está en manos del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, compuesto por los cancilleres de los 28 Estados miembros.

Aunque las sanciones no se han concretado, la diputada europea de origen portugués, Ana Gomes, presentó una lista de 17 funcionario nicaragüenses, encabezada por la pareja presidencial Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo; así como sus hijos Rafael y Laureano. También los titulares del poder judicial, Alba Luz Ramos; legislativo, Gustavo Porras; del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López; la fiscal general Ana Julio Guido; y cinco alcaldes —Reyna Rueda, Sadrach Zeledón, Francisco Valenzuela, Orlando Noguera y Leónidas Centeno—.

En la lista también está el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; el diputado Filiberto Rodríguez, Néstor Moncada Lau y el comisionado Adolfo Marenco.

Gomes formó parte de la delegación de parlamentarios europeos que visitaron Nicaragua en enero pasado, para verificar “in situ” la situación que atraviesa el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles.

La resolución, que pide sanciones para los funcionarios orteguistas, fue aprobada con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, de un parlamento conformado por 751.

Los parlamentarios solicitan que el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros implementen, sin perjudicar a la población nacional, un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de visados y la inmovilización de activos contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos.

Igualmente, insta la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y América Central, lo que suspendería a Nicaragua de ese acuerdo comercial.

Además, los eurodiputados reclaman al régimen “la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión (…) y el retorno de las organizaciones internacionales al país”.
Piden “con carácter de urgencia” “un diálogo interno significativo para hallar una solución sostenible y pacífica que permita a todos los actores de la sociedad disponer de un espacio de actuación y expresión libre, y restablezca sus derechos civiles”.

Opinión de experto
El excanciller Norman Caldera explicó este jueves que las funciones del Parlamento Europeo (PE) son “leves” y lo que generalmente aprueban son recomendaciones para que el Ejecutivo de la Unión Europea (UE) tome una decisión.

En el caso de la resolución sobre Nicaragua, es al Consejo de Asuntos Exteriores, compuesto por los cancilleres de los 28 Estados miembros de la UE, quien le corresponde aplicar las sanciones que pide el PE. Caldera agregó que la UE toma muy en serio las recomendaciones de los diputados europeos.

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