Cardenal Leopoldo Brenes cree que Gobierno debe evaluar observaciones de la OEA

El Consejo Permanente de la OEA tiene programado reunirse el 11 de enero para abordar una vez más el caso de Nicaragua

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La iglesia Católica, como diversos sectores, ha recomendado a Ortega que resuelva la crisis por la vía del diálogo. HOY / Jader Flores

HOY

El cardenal  Leopoldo Brenes, afirmó ayer que el Gobierno de Daniel Ortega debe evaluar las observaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya ha iniciado el procedimiento para aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI) al país centroamericano.

“Siempre una observación tiene fundamentos, yo creo que por eso hay que evaluarla bien, y aquellas cosas que haya que cambiar, pues hay que cambiarlas, para el bien del país”, dijo Brenes, al ser consultado por periodistas sobre la situación de Nicaragua ante la OEA.

El Consejo Permanente de la OEA tiene programado reunirse el 11 de enero para abordar una vez más el caso de Nicaragua, cuyo Gobierno “ha provocado una alteración del orden constitucional”, según ha dicho el secretario general del máximo organismo continental, Luis Almagro.

Brenes agregó que “cuando se nos hace una crítica, una observación, si tiene fundamento, pues analicémosla bien, revisémosla, interioricémosla, y tratemos de cambiar, si la observación que nos hacen no tiene fundamentos, tenemos que quedarnos tranquilos”.

No obstante el Gobierno de Nicaragua ha pedido a los cancilleres de América Latina y el Caribe que la CDI no sea aplicada a su país, y ha dispuesto a sus diplomáticos para que eviten una decisión de la OEA al respecto.

La Carta Democrática de la OEA es un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar la “institucionalidad democrática” en América Latina. Con su aplicación, se podría abrir la puerta a suspender a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos.

El caso de Nicaragua es analizado en la OEA debido a que su Consejo Permanente adoptó como propio un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se afirma que el Gobierno de Daniel Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad” al reprimir protestas contra su Gobierno desde el estallido social de abril pasado.

La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua ha dejado entre 325 y 545 muertos, al menos 610 “presos políticos”, así como cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de personas en el exilio, según organismos defensores de los derechos humanos, locales e internacionales.

El Gobierno reconoce 199 muertos y ha informado de 340 reos, que llama “golpistas”, “terroristas” o “delincuentes comunes”.

Tanto la iglesia Católica, la más seguida por los nicarag enses, como diversos sectores de Nicaragua y representantes de distintos países han recomendado al Gobierno de Ortega que resuelva la crisis por la vía del diálogo, sin éxito.

Ortega rechaza los señalamientos y se considera vencedor de un “golpe de Estado fallido”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestaciones.

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