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“Creo en Dios y detesto la injusticia”

Manuel Ramos Tardencilla, el abogado sandinista, a quienes muchos han visto defender a ciudadanos acusados por los operadores de la justicia del gobierno como terroristas

El abogado sandinista en su despacho. Dice que le gusta la lectura, más la que está vinculada con su trabajo de abogado. HOY/Mynor García

Manuel Ramos Tardencilla es un abogado declarado sandinista a quienes muchos han visto defender a ciudadanos acusados por los operadores de justicia del gobierno como terroristas.

Siempre viste arreglado, dice lo necesario y da la impresión de padecer de mal humor todo el tiempo, pero es solo impresión.

Asegura que le agrada la buena plática, sobre todo si es sobre su oficio. En los juzgados se le ve siempre sociable y dispuesto.
Ramos es originario de Dolores, Carazo, cree en Dios y dice que “si algo detesta, es la injusticia”.

Es actualmente el presidente nacional de la Asociación de Abogados y Notarios Sandinistas de Nicaragua (AANSN) y alcanzó notoriedad en Carazo al lograr la liberación de un joven que, según la Policía y la Fiscalía, era un terrorista que conspiró contra el gobierno de Daniel Ortega.

El abogado, junto a varios de sus colegas del gremio sandinista. HOY/Cortesía

¿No le acarrea problemas defender a los autoconvocados?

Honestamente no tenemos ninguna prohibición, debido a que los procesos judiciales que se les está siguiendo no son políticos. Ellos no están siendo procesados por su ideología, ellos están siendo procesados por actos delictivos comunes y al igual que todo procesado tiene derecho al debido proceso y sobre todo a tener un abogado de su confianza.

¿Entonces perfectamente los pueden defender?

Sí, en mi caso tengo actualmente tres casos vinculados a secuestro, operación ilegal de armas, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, etc. Y ya he sacado a varios en procesos investigativos relativos a homicidios y otros delitos. Eso es en el campo profesional.

Pero su organización de abogados tiene un compromiso político, ¿o no?

En el ámbito político, estamos para defender objetivamente las políticas que el gobierno del comandante Daniel ha impulsado. Nosotros somos incondicionales al FSLN y a su líder, comandante Daniel. Y como profesionales también defendemos estableciendo criterios profesionales sobre las actuaciones estatales.

El compromiso es la mística revolucionaria de cada miembro. No hay nada que nos haya impuesto, es nuestra formación política e ideológica la que nos dictó en el corazón conformar una asociación de abogados y notarios sandinistas, con dos tipos de objetivos: político y profesionales. Nacemos por iniciativa propia, no por una orientación partidaria.

¿Qué piensa usted de este ley de terrorismo? Muchos creen que es exagerada…

Ahora en esta etapa desde abril a julio y actualmente, hemos estado propiciando un mensaje de paz, de la no violencia, del respeto a la vida, a la propiedad, los derechos humanos, en la etapa más cruenta de la violencia fuimos los únicos que levantamos la voz a favor de la paz, me refiero los únicos abogados y los únicos sandinistas que nos mantuvimos activos con mensajes censurados preocupados por la seguridad y la estabilidad del sistema, de la vida y de los derechos.

La ley está bien, porque incluso no es una ley que nace por los acontecimientos de abril hasta esta fecha. Esa ley nace como un requerimiento de los mismos organismos internacionales que condicionan para la pretensión de créditos internacionales. Me refiero a que Transparencia Internacional desde el año 2015 venía planteando que se estableciera una ley de ese tipo, ya que Costa Rica, El Salvador y otros países de la región ya la han implementado.

Incluso está para aprobarse una ley en la que, sin necesidad de enjuiciarte penalmente, se puede expropiar fácilmente los bienes de procedencia dudosa. Esos son requerimientos, nosotros hacemos para esto desenmascarar la doble moral de los supuestos demócratas, ya que estando aprobada la ley, debe aplicarse textualmente.

Pero hay abogados que dicen que hay muchos atropellos… ustedes respaldaron esa posición antes…

Esos trescientos abogados que marcharon, ya no era por lo del índice, eran conatos de golpismos, el móvil era político, debido a que el 7 de enero la CSJ sacó un acuerdo acorde con lo que nosotros los abogados y notarios sandinistas de Nicaragua habíamos solicitado, sin embargo, estos abogados decidieron ir a marchar, porque la cuestión era mediática y política.

¿Usted no apoyó esos plantones? ¿Entonces mintieron sus otros colegas que no son sandinistas?

Es que ve, protestan que si les permiten entrar o no al Chipote o a los juzgados, eso viene siendo una campaña de desprestigio institucional, porque cuando los abogados no podemos resolver un caso, buscamos excusas y lo más fácil es culpar a la PN (Policía Nacional) o a la CSJ a través de los jueces.

A esos plantones de la CSJ no los apoyamos, porque nosotros nos pronunciamos y la corte prácticamente escuchó nuestros planteamientos y resolvió casi igual que lo señalado, entonces no fue necesario presionar, además nos dimos cuenta que el fin era político y no realmente gremial.

¿Cree que los abogados no están haciendo bien su trabajo entonces…?

No todos.

Aquí se critica que la Policía hace difícil la defensa de los acusados…

Mirá, la realidad es que la mayoría de abogados tienen miedo que el gobierno los vincule a esos hechos también, porque esos abogados en su muy adentro son adversos al gobierno, entonces aprovechan como excusa y hay quienes hasta se niegan a defender a acusados por lo que pasó en abril.

Hay pruebas que muchos abogados financiaron y otros incentivaron la violencia.

Pero es que la Policía no da chance a la defensa, no informa de investigación, menos de capturas…

En caso que hay procesos investigativos, la Policía no tiene obligación de informar, si hay orden o no de captura.

¿La Policía está actuando bien en reprimir? ¿En evitar, por ejemplo, las marchas contra el gobierno?

La Policía Nacional solo ha actuado dentro de las funciones que le establece la Constitución Política y las leyes especiales de la institución.

En algunos de los casos, ha habido exceso en el uso de sus facultades, esos delitos son delitos comunes, pero que no se le pueden atribuir al comandante (Ortega), ya que en Nicaragua la ley sanciona a la persona que directamente comete el delito.

No existe evidencia, ni orden de privar de la vida a personas en condición de vulnerabilidad, lo que ha habido es establecimiento del orden público.

¿Y cuando el FSLN organiza sus marchas, por qué no actúa así la Policía y más bien los protege?

No es a como se cree, eso es lo jurídico, eso es lo legal.

¿O sea que el FSLN sí cumple y no altera el orden público?

El Gobierno es un órgano constitucional, el presidente es legítimo, entonces todas las actividades organizadas por él y en apoyo de él son lícitas y en favor de la institucionalidad.

Las que organiza la población van en contra de la institucionalización y del orden constitucional. Esa es la razón de porque unas son protegidas y las otras son disuadidas. Pero hay algo, en Nicaragua, estamos siendo víctima de la manipulación, de la falta de información veraz.

“A los abogados de derechos humanos les conviene que condenen a los protestantes, ya que igualmente se les garantiza el financiamiento de las defensas, es por esa razón que no realizan una buena defensa”. Manuel Ramos, abogado.

'Mejor que no hayan marchas'

El abogado dice que sería apresurado pensar en acusar a Daniel Ortega de crímenes de lesa humanidad por los muertos que han ocurrido desde abril pasado. Es más, asegura que si alguien le pregunta que si cabe una acusación de esa naturaleza, dice que “definitivamente no”, aunque no explica sus argumentos.

A más manifestaciones, más represión, dice el abogado. HOY/Archivo

Expresa que la decisión de no dejar marchar a los manifestantes contra el gobierno es hasta saludable para el país, aunque admite que no hace la misma lectura sobre las marchas y plantones de sus compañeros sandinistas.

“Mirá, es que si ellos (los autoconvocados) marchan… seguirán las matanzas y generando esa desinformación, mejor se aplica la ley a como es. De esa forma no habrá problemas, no habrá violación a los derechos ciudadanos”, dijo, admitiendo con su respuesta que el gobierno que defiende es el mismo que ordena la represión.

“Mal trabajo policial”

Ramos Tardencilla considera que en los tribunales se están respetando los procesos legales, pero que la Policía está haciendo un mal trabajo en los procesos investigativos. Refiere que sus demás colegas sandinistas no lo critican por defender a gente de ser acusada de múltiples delitos y que los vinculen al supuesto golpe de Estado.

Raúl Ernesto Rojas Bello, Reynaldo Ulises Fernández González y Ervin Manuel Gómez Mena son los tres jinotepinos a los que en este contexto sociopolítico le ha tocado representar legalmente. A Raúl, se le imputó el delito de portación ilegal de armas de fuego o municiones y fue condenado a un año de prisión, más 100 días multa.

El abogado cree que el problema mayor está en la mala investigación de la Policía. HOY/Mynor García

Ramos, en el Juzgado de Ejecución de Sentencia de Jinotepe, consiguió que a su defendido se le beneficiara con la suspensión de la pena y que la medida le fuese cambiada por arresto domiciliar o presentación periódica a los tribunales. Se desconoce si el joven ya fue dado en libertad.

En cambio, Reynaldo Ulises Fernández González fue acusado por la Fiscalía de cometer el delito de secuestro simple en perjuicio del señor Lesther Iván Martínez Fletes, y a pesar de que no había suficientes elementos de pruebas, fue encontrado culpable y condenado a tres años de cárcel, pena que debía cumplir en el Sistema Penitenciario de Granada, pero fue trasladado a la cárcel La Modelo, en Tipitapa.

Por tratarse de un delito menor y que no excede la pena de los cinco años, el jurista lleva la misma estrategia de solicitar la suspensión de la pena para Reynaldo en el Tribunal de Sentencia y que se le beneficie, al igual que Raúl, con arresto domiciliar o presentación periódica a los tribunales.

Raúl y Reynaldo, después de haber sido condenados, la Policía los presentó como cabecilla de tranques y otros delitos.

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