Recurren contra Ley de Terrorismo

La norma la utilizan para acusar a todos los que protestan contra

El recurso lo introdujo ayer Alberto Novoa, exprocurador general de la República, en nombre de varias organizaciones civiles. HOY/Roberto Fonseca

Diferentes organismos de la sociedad civil de Nicaragua solicitaron ayer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declaren la inconstitucionalidad parcial de la Ley 977 o Ley contra el lavado de activos, Financiamiento al terrorismo y el

Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, por violar derechos constitucionales como la libre reunión, manifestación y movilización pacífica ciudadana.

Además solicitaron dejar sin efecto el artículo 44 de dicha normativa por contravenir el derecho constitucional a la reunión, manifestación y movilización pacífica de los ciudadanos en contra de decisiones gubernamentales que no abonan al desarrollo del país.

El recurso por inconstitucionalidad fue presentado en contra de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y contra Daniel Ortega, presidente de la República, por haber aprobado la Ley 977 el pasado 16 de julio y que entró en vigencia el 20 de ese mismo mes una vez publicada en La Gaceta, diario oficial.

Con fines políticos

La aprobación de esta normativa es utilizada con “fines políticos”, para procesar a los ciudadanos que han participado de alguna manera en las protestas cívicas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde el pasado 18 de abril.

“En esta ley se define el terrorismo y financiamiento al terrorismo de una forma tan amplia que deja a discrecionalidad del juez la interpretación y alcance de estos tipos penales con el único objetivo de abrir espacio a la criminalización de las protestas públicas ciudadanas y la solidaridad entre los nicaragüenses “, se lee en el recurso presentado por Alberto Novoa, exprocurador general de la República.

El abogado agregó que la pena por terrorismo subió a 15 años de cárcel y amplió el concepto del tipo penal de tal forma que hasta regalar comida y agua a una persona que está en protesta es delito. “Es la utilización del derecho, del proceso judicial como arma política, para amedrentar a quien se les oponga”.

Recurrentes

Entre los recurrentes están los siguientes organismos: Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, compuesto por Hagamos Democracia, Movimiento por Nicaragua, Instituto de Liderazgo por las Segovias, Asociación de Periodistas de Nicaragua y Movimiento Puente.

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