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Crímenes impunes en días que la Policía tiene una lucha “antiterrorista”

Al menos nueve asesinatos atroces sin resolver -junto al centenar de muertes en protestas- en cinco meses, pero Policía prioriza casos de terrorismo

Agentes de la Policía, el día que conocieron del cuerpo de Jonathan Moraga Palacios, encontrado en Dolores, Carazo, la semana pasada. HOY

Managua
Roberto Collado
En los últimos 19 días, la Policía Nacional capturó y procesó a 59 personas que han participado en marchas y acciones de protesta contra el gobierno y junto a la Fiscalía los ha presentado como criminales.

Un monitoreo de las últimas tres semanas muestra que desde el 20 de agosto, la Policía acusó a 15 nicaragüenses cada semana, lo que según los organismos de derechos humanos es prueba que el Gobierno, en vez de disminuir la represión ha ordenado aumentarla, pese a las críticas de la comunidad internacional.

“Esto es alarmante”, señala Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), un organismo que diario moviliza a sus asesores legales para auxiliar a los familiares que buscan apoyo para enfrentar la maquinaria legal que el Gobierno ha lanzado contra sus parientes.

Fiscalía desproporcionada: La fiscal auxiliar Inés Miranda solicitó 48 años de prisión para Brandon Lovo y Glen Slate, a quienes acusan del asesinato del periodista Ángel Gahona. El juez los condenó a menos, en un juicio que todavía no convence ni a los familiares de la víctima.

Campea el crimen
Pero mientras las autoridades sorprenden con las investigaciones contra los supuestos “terroristas”, el crimen campea impunemente en varias ciudades del país.

Todavía es un asesinato sin resolver la muerte del taxista que el 6 de agosto fue encontrado en el valijero de su auto incinerado. El hombre, originario del caserío rebelde de Sutiaba fue primero abatido a tiros.

Los familiares de la profesora Martha Lezcano López siguen esperando que las autoridades descubran quién la mató y dejó su cuerpo tirado en los matorrales de la comunidad Montes Verdes, a 80 kilómetros del casco urbano de Camoapa, en el departamento de Boaco, el 25 de agosto pasado.

La Policía de Nueva Segovia, cuando investigaban el triple crimen de Quisulí, Mozonte, Nueva Segovia.

¿Y el triple crimen?
Los familiares de Hugo Francisco Moncada Tercero, Justo Emilio Rodríguez Moncada y Carlos Valeriano Santos Mendoza quedaron esperando que la Fiscalía acusara a quienes la Policía presentó en conferencia de prensa con medios del Gobierno, de ser los responsables de este triple asesinato.

El crimen que todavía agita los nervios del caserío de Quisulí, Mozonte, departamento de Nueva Segovia, ocurrió al amanecer del 23 de agosto reciente.

En menos de 24 horas, la Policía emitió un comunicado en el que reportó la identificación de los fallecidos, los vinculó a una banda delincuencial y hasta llegó a decir que fueron muertos por un ajuste de cuentas entre la agrupación.

La versión oficial causó molestia en los familiares de las víctimas que no solo la rechazaron, sino que exigieron a las autoridades aclararlo.

En el caso de Justo Emilio, una hija de crianza explicó que su padre era pastor evangélico a cargo de la iglesia Camino de Santidad, que funciona en el barrio La Unión, en la ciudad de Estelí. Y la esposa de Carlos Valeriano Santos Mendoza aseguró que este era un humilde taxista que se ganaba la vida de forma honrada.

Comunitarios de Quisulí, que viven cerca de donde encontraron los cuerpos, dijeron que el día del crimen en la zona vieron y oyeron camionetas doble cabina como las que usan los paramilitares del orteguismo que operan ilegalmente en todo el país.

Seis días después de los asesinatos, el 29 de agosto, la Policía presentó a Bismarck Jirón Lira, Gustavo Adolfo Rivas Cruz, Trino Medina Smith y Santos Humberto Rodríguez Seas, como los asesinos y reiteró su versión del crimen. Lo extraño es que dos días después, el 31 de agosto, la Fiscalía los acusó de varios delitos ligados al narcotráfico y no por el triple crimen, es más ni fue mencionado en la acusación.

“Lo que queremos es que haya justicia, que digan la verdad”, dijo a HOY la esposa de Santos Mendoza.

La familia de Jonathan Moraga Palacios, encontrado muerto la semana pasada tras reportarlo desaparecido en Dolores, Carazo, espera que se sepa quiénes son los responsables de su muerte. “La Policía se va a encargar. Esperamos la investigación”, dijo un tío de la víctima el día que hallaron el cuerpo en una finca del municipio hace seis días.

¿Eficiente cacería?

59

personas han sido presentadas como terroristas por la Policía ante los medios de comunicación del Gobierno desde el 20 de agosto. La mayoría de ellos son del departamento de Managua, seguidos por Masaya y occidente.

15

de los acusados fueron presentados la última semana por la Policía Nacional. El 4 de septiembre presentaron tres, el 5 de septiembre dos, el 6 de septiembre cuatro y el 7 de septiembre a seis. A todos se les vio antes en marchas.

6

de los señalados de terrorismo son mujeres; dos de ellas son de Masaya, una de Managua, una de Jinotega, una de León y una de Chinandega. Llama la atención que dos de estas mujeres fueron detenidas junto a sus esposos y una de ellas con su hija.

13

de los detenidos y acusados de terrorismo son reconocidos líderes de movimientos autoconvocados, estudiantiles y campesinos. Medardo Mairena, Pedro Mena Amador, Edwin Carcache, Irlanda Jerez, Christian y Santiago Fajardo, entre los más notables.

1

persona tan solo ha sido liberada tras los señalamientos de terrorismo: Ken Torres, liberado de El Chipote después de 10 días de encarcelamiento, tras haberlo presentado públicamente como delincuente y de detener también a su padre.

Muertes en Matagalpa
Dos hombres fueron encontrados muertos el jueves pasado en diferentes lugares en el departamento de Matagalpa. Uno fue asesinado en el municipio El Tuma-La Dalia, en el sector conocido como Santa Carmela. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca. El otro murió presuntamente atropellado en la ciudad de Matagalpa. De ambas muertes se sabe que están en investigación.
Procesos también son selectivos

Managua
Yaosca Reyes Centeno
La Policía Nacional se ha mostrado “eficaz” a la hora de resolver ciertos casos, sobre todo los de supuesto terrorismo, a los que ha dado prioridad en los últimos meses y por el contrario ha evadido otros crímenes perpetrados contra la población civil por parte de agentes policiales y parapolicías.

Para Yonarqui Martínez, abogada defensora, la verdadera justicia no existe para quienes son acusados de terrorismo, pues desde un inicio el veredicto de culpabilidad es dictado por el Estado.

“Los cargos que se le imponen a los estudiantes, campesinos, obreros, a la ciudadanía en general en su mayoría son delitos con penas graves que no tienen otra medida alterna que no sea la privativa de libertad. Los delitos de terrorismo, asesinato, tráfico de armas, robo agravado, entre otros, son delitos comunes que han tomado vida al ser impuestos y peor aún, que no se respetan los plazos procesales”, comenta Martínez.

Martínez asegura que las acusaciones de la Policía y leídas por la Fiscalía en las audiencias tienen muchas incongruencias, además de faltas de datos importantes como lugar, hora y fechas exactos.

Tampoco parece que los acusados estén cobijados por el principio legal de “presunción de inocencia”, pues la Policía te señala de ser terrorista, pero las pruebas no son creíbles.

“La Policía Nacional tiene muy buenos elementos para la investigación de casos en que han muerto manifestantes opuestos al Gobierno, sin embargo no hay confianza, ni interés en uno solo”, agrega la abogada.

Martínez asegura que pensar en procesos legales contra agentes policiales o parapolicías que cometieron crímenes contra la población es una fantasía en este país.

Con pesquizas confusas

  1. La Policía Nacional no solo ha demostrado su carácter opresor en estos últimos meses, también se le ve como cómplice de injusticia contra quienes según la Constitución está obligada a defender: la población. En esa labor criticada a nivel local e internacional se le ha visto confundida y poco acertada. Por ejemplo, tras el secuestro del joven Ken Tórrez Arteaga, el 19 de agosto, fue presentado como terrorista el 20 de agosto, junto a otros detenidos. El muchacho permaneció 10 días en el Chipote. El 29 de agosto, su padre José Tórrez fue secuestrado también y llevaron al Chipote. Seis horas más tarde, los liberaron.
  2. Casi 60 personas han sido presentadas como terroristas. Muchas de ellas implicadas, incluso, en asesinatos, torturas y otros delitos graves. Pero hasta hoy, la Policía no ha resuelto uno solo de los asesinatos de jóvenes durante las protestas, ni ha dado con los responsables de quemar a una familia en el Carlos Marx.
  3. A la Policía se le ve en largas conferencias de prensa ante medios del Gobierno que no cuestionan sus investigaciones aunque sus versiones cambien constantemente. Dijeron por ejemplo que ya tenían resuelto el triple crimen en Quisulí, Mozonte, Nueva Segovia, a finales de agosto. Esa vez mencionaron que hasta las pruebas de pólvora que les habían hecho a los capturados estaban listas y hasta presentaron las armas y el dinero que fue la causa de la venganza. Sorpresivamente cuando los llevaron a los juzgados, la Fiscalía no los acusó de los asesinatos. ¿Quedarán en la impunidad o fue un pequeño olvido?

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