Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos evidencia masacre

Oacnudh no vio indicios de golpe de estado en Nicaragua

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El coordinador de la misión de Oacnudh), Guillermo Fernández Maldonado, durante la presentación del informe. HOY / Roberto Fonseca

HOY

El informe de la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh) desenmascaró la propaganda oficialista que dice que en Nicaragua hubo intento de golpe de Estado, la cual la atribuyen a la población autoconvocada y puso en evidencia que lo sucedido en realidad fue una masacre ejecutada en contra de una población indefensa durante los más de cuatro meses de represión gubernamental que han dejado más de 300 muertes.

En el informe Violaciones a los derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, concluye que “la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”.

El coordinador de la Misión de Oacnudh en Nicaragua, Guillermo Fernández Maldonado, manifestó que “desde la primera reunión que estuvimos en Cancillería eso fue lo que se planteó, lo que nosotros le dijimos es que si esa es la visión (de golpe de Estado), que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión y si encontramos efectivamente los hechos que sostienen esa visión lo haríamos público”.

Comentó Fernández que hasta ahora “no nos han respondido ninguna de las solicitudes de información, ni nos han permitido ir a ninguno de los lugares que propusimos”.

Y aunque indica Oacnudh que algunas manifestaciones se tornaron violentas, la mayoría de las mismas fueron pacíficas y en los casos en los que hubo actos de violencia por parte de los manifestantes y el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades, no estuvo en correspondencia a las amenazas y la respuesta estuvo dirigida a reprimir sistemáticamente a la disidencia del Gobierno.

Ejecuciones

Las violaciones de derechos humanos documentadas por la Oacnudh incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte la Policía, que en ocasiones se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión.

El Gobierno no ha reconocido ningún uso desproporcionado de la fuerza o acción ilegal por parte de los agentes de la Policía, destaca Oacnudh.

La Misión de Oacnudh también menciona el uso de grupos armados progubernamentales, considerado como violatorio del derecho internacional de los derechos humanos, y refiere que la información obtenida por esa misión aporta claros indicios que estos elementos incluyendo aquellos conocidos como “fuerzas de choque o turbas”, han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada.

Está prevista una reunión en la cual se vería el caso de Nicaragua el 5 de septiembre, esto aparece ya en el programa, esto tiene que ser aprobado por el voto de nueve miembros del Consejo de Seguridad. Esto elevaría a la instancia del mayor nivel de Naciones Unidas, donde van los aspectos de seguridad”. Guillermo Fernández, coordinador de la Misión de Oacnudh en Nicaragua

Al tiempo que establece que estos grupos participaron en redadas y ataques contra manifestantes y ejecutaron detenciones ilegales.

“Si bien el Gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”, apunta Oacnudh.

En el informe, la Oacnudh aclara que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de personas críticas al Gobierno. Por ejemplo, menciona que los líderes del Movimiento Campesino y de las organizaciones estudiantiles “han sido blanco especial” de estas campañas.

“Este patrón ha instaurado un clima de miedo y desconfianza en la población. El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, y que según datos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), unas 23,000 mil personas han solicitado asilo en Costa Rica.

El informe señala que muchos que han participado en las protestas han tenido que huir o esconderse debido al clima de miedo que se ha instaurado en el país. HOY / EFE

Monitorear situación

La Misión de Oacnudh recomendó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional “monitorear la evolución de la situación en Nicaragua, considerando la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos”, también alienta a la Asamblea General a actuar de la misma manera.

“Estas medidas podrían incluir la creación de una comisión internacional de investigación o una Comisión de la Verdad híbrida (nacional-internacional) para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, recomienda la misión de Oacnudh en su informe.

También insta al Consejo de Derechos Humanos hacer un llamado a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como con sus compromisos y promesas, incluidas aquellas en el contexto del mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU) y a cooperar plenamente con los órganos y mecanismos de derechos humanos.

El proceso de este informe no se hace a escondidas del Gobierno, se hace en consulta con el Gobierno y el Gobierno efectivamente mencionó que desde su punto de vista esto era una extralimitación de la invitación que hizo al país, lo que dijimos nosotros es que este informe se hace en ejercicio de nuestro mandato mundial de protección y promoción de los derechos humanos”. Guillermo Fernández, coordinador de la Misión de Oacnudh en Nicaragua

Entre 16 recomendaciones que hace, 14 son para el Gobierno, entre las que están poner fin de inmediato al acoso, intimidación, estigmatización y criminalización en relación con las protestas y desmantelar y desarmar de inmediato “a los elementos armados progubernamentales”, investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes, las que deben incluir a quienes perpetraron directa o indirectamente, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas. “Estos actos no deberían quedar sin sanción”, señala la misión.

A su vez recomienda detener los actos ilegales, liberar a todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria, asegurar el respeto al derecho al debido proceso de todas las personas. Y “tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”, respeto al derecho a reunión pacífica, reanudar el Diálogo Nacional.

Y reitera su demanda de otorgar a Oacnudh acceso directo e irrestricto a todo el país, incluidos los lugares de detención, entre otros.

Gobierno rechaza informe
El Gobierno rechazó ayer el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). En un documento de respuesta, el Gobierno afirmó que “rechaza de manera integral el denominado informe presentado por la Oacnudh, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva”. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, aseguró ayer que su institución coincide “integralmente” con las conclusiones del informe sobre la crisis en Nicaragua de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. (ACAN-EFE).

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