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Niños, niñas y adolescentes, víctimas en el ojo de la crisis nacional

Los niños, niñas y adolescentes también sufren la despiadada represión gubernamental. Sus derechos han sido pisoteados por quienes deberían defenderlos

Managua
Los paramilitares del gobierno de Daniel Ortega no han tenido piedad contra los nicaragüenses; mucho menos con los menores de edad. Según datos actualizados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 niños, niñas y adolescentes son las víctimas mortales de la crisis en Nicaragua, generada por la represión gubernamental. Aunque para la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) son 25 las víctimas menores de 18 años.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expresa que el Estado de Nicaragua, debería garantizar la seguridad de estos menores y el cumplimientos de sus derechos, pero, increíblemente, está vulnerándolos. Peor aún, no responde por esos delitos.

“La Constitución de Nicaragua le da una especial atención o mención al segmento niñez o adolescencia porque estamos claros que el Estado debe de ser especial con todos los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad, y en ese espíritu es que se promueve el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se materializa la protección especial del Estado a este segmento”, explica Cuevas.

“Pero los niños son las víctimas silenciosas de todo este conflicto que vivimos, y quienes generan todo esto es el propio Estado”, reitera el defensor de los derechos humanos.

Cuevas estima que tanto el menor de edad fallecido es víctima, como el que vive en carne propia la violencia de la represión orteguista. Comenta que la CPDH ha recibido denuncias de situaciones donde los menores de edad quedan expuestos al peligro, donde incluso se les ha violentado sus derechos básicos.

“Hace un par de semanas tuvimos una denuncia de un caso, donde los parapolicías entraron violentamente a la casa, los niños llorando y gritando de histeria, y estos hombres les apuntaron y gritaron para que se callaran, y los obligaron a ponerse boca abajo. Estos mismos niños, muchos días después, no lograron dormir bien, despertaban gritando. Tenían pánico”, cuenta Cuevas.

La salud emocional de los menores es violentada con el actuar de las autoridades. Y para Cuevas, esa es la nueva y triste realidad que viven nuestros niños y adolescentes: “No solo sus familiares, padres, madres, hermanos, primos son afectados de manera directa con acecho y persecución. También los mismos niños y niñas son víctimas, a veces de manera indirecta, y otras de manera directa”.

Esta casa fue quemada por paramilitares orteguistas en junio pasado. En el incendio provocado por los armados murieron 6 personas, miembros de una misma familia, entre ellos dos niños. HOY/ Archivo

¿Y sus derechos?
Una niña de ocho años fue detenida y trasladada a una estación policial junto a sus padres. Se trata de la hija de Santiago Fajardo, hermano del reo político y dirigente estudiantil de Masaya, Christian Fajardo, a quien detuvieron el miércoles pasado junto a su esposa.

La niña presenció la detención de sus padres, y fue llevada a la Policía con ellos, donde estuvo por más de una hora a la espera de un familiar.

“Ni siquiera tenía que ser trasladada en el mismo vehículo con sus padres, ni estar como reo en la estación policial”, estima Cuevas.

En esta semana que finalizó, un joven de 14 años denunció que un grupo de ocho antimotines de la Policía Nacional lo detuvo el martes 21 de agosto cuando el estudiante se dirigía a su escuela y lo encerraron en un quiosco policial del Distrito V de la ciudad de Managua para torturarlo. En su brazo está la prueba del maltrato.

“Con una jeringa me marcaron en el brazo las letras FSLN”, dijo la víctima a organismos defensores de derechos humanos.

Los angelitos

Mathías y Daryeli, de tres meses y tres años respectivamente, fueron dos de las seis víctimas de un incendio provocado por parapolicías orteguistas en el barrio Carlos Marx el 16 de junio en la madrugada.

Teyler, de 14 meses de edad, fue asesinado de un disparo en la cabeza el 23 de junio durante un ataque de paramilitares y policías para desalojar las barricadas en las calles del barrio Américas Uno. El niño iba en brazos de su padre.

¿Dónde quedaron los derechos de los niños?
Una niña sostiene casquillos de balas que dejaron las armas de parapolicías que atacaron en junio pasado al barrio Villa Progreso en Managua. HOY/Archivo

El artículo 12 del Código de la Niñez y la Adolescencia apunta que “la niña, el niño y los adolescentes tienen derecho a la libertad, a la seguridad, al respeto y a la dignidad como personas humanas en proceso de desarrollo”. Para la licenciada Yonarqui Martínez García, abogada defensora, la niñez no tiene garantizada ni su libertad, ni su seguridad. Para ella, el Estado de Nicaragua, quien debería garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores de edad, han hecho todo lo contrario.

“La crisis en la que se ha visto envuelto nuestro país, ha acarreado muchas violaciones a los derechos humanos. Violaciones que vienen desde la Constitución Política”, expresa la abogada Martínez. Asegura que los derechos de la niñez y la adolescencia tienen plena vigencia no solo por el Código nicaragüense especial para los menores, también por el respaldo de la convención internacional de los derechos del niño y la niña.

A las niñas, niños y adolescentes se les debe garantizar y hacer cumplir sus derechos.

Martínez menciona que en el artículo 71 de la Constitución Política se establece la protección especial de todos los derechos y garantías como niño, niña y adolescente. Y a la par de ello, el Código de la Niñez y la Adolescencia le faculta a todo niño a su derecho de expresarse, pero en este sistema no se les está permitiendo eso.

“Una de las violaciones a los derechos de los niños es que no se les ha dejado participar en todas las esferas sociales y jurídicas. Los han privado de sus libertad de circulación, los adolescentes detenidos han sido sometidos a torturas y humillaciones. En el caso de las torturas, hay menores de edad que describen torturas con ácido por parte de agente policiales”, puntualiza Yonarqui.

Además Martínez estima que se ha violentado el derecho a la vida, a la salud, a la presunción de inocencia y ser juzgados por autoridades competentes (a todos aquellos que se les ha iniciado procesos legales), además de su derecho a la protección especial y que no se publique sus identidades por ser menores de edad. “Las afectaciones se hacen visibles una vez que —los menores de edad— son liberados con problemas de salud. Problemas psicológicos, pues los menores salen atemorizados”, denunció la abogada.

Pequeñas víctimas

Un adolescente de 14 años denunció junto a su madre que varios policías de la Estación V lo marcaron con la aguja de una jeringa las siglas FSLN en su brazo izquierdo, lo que fue considerado para la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), como un tortura repudiable. El hecho ocurrió el martes 21, cuando el muchacho se dirigía a clases. Además contó que los oficiales lo patearon y lo amenazaron de muerte si contaba lo ocurrido. Cuando la madre fue a Asuntos Internos de la Policía a denunciarlo, le condicionaron el ingreso a las instalaciones y no entró.

Dos niños, uno de 10 y el otro de 13, fueron heridos de bala la tarde del 26 de junio pasado, cuando paramilitares ingresaron a su barrio disparándoles. Los menores se encontraban jugando en el parque de Batahola Norte en Managua. Además de los heridos, los encapuchados identificados con el Gobierno golpearon a una adolescente de 16 años. Según relato de la menor, al escuchar los disparos ella corrió en auxilio de un primito, lo que motivó a que uno de los atacantes la siguiera y la golpeara en el estómago con la culata de su arma.

A William González Rugama, de 18 meses de edad, una bala le impactó el mentón y le dañó las vías respiratorias. Era el 16 de mayo, el día que policías y paramilitares entraron disparando a Matagalpa. El niño estaba en brazos de Marcos Molina Velásquez, expareja de la abuela del menor y la bala que lo hirió atravesó una pared de tablas en la vivienda que habitaban en el barrio Francisco Moreno, a unos 150 metros del comisariato de la Policía, desde donde los uniformados y paramilitares dispararon contra los civiles desarmados que se le oponían.

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