Detenciones tras participar en las protestas cívicas

Actualmente he visto que a partir de las protestas ciudadanas en contra del Gobierno a muchas de estas personas acusadas de cometer delitos

HOY/Saúl Martínez

Estimados abogados actualmente he visto que a partir de las protestas ciudadanas en contra del Gobierno a muchas de estas personas acusadas de cometer delitos les están realizando las audiencias en los juzgados de Managua, sin embargo, muchos supuestamente cometieron estos hechos en otros departamentos. ¿Por qué se les está procesando en Managua y no en el lugar donde fueron capturados o donde cometieron los supuestos delitos?

Estimado usuario, en relación con su consulta la respuesta está sustentada en la reforma penal del año 2017, que corresponde a la Ley Número 952, publicada en La Gaceta Diario Oficial Número 126 del 5 de julio de 2017, esta Ley reformó el Código Penal, la Ley Número 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y el Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.

En el caso del Código Procesal Penal se reformó el artículo 22, que establece la competencia territorial de los tribunales de justicia, y en este sentido la reforma de este artículo en su último párrafo dejó establecido que cuando se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional, así como aquellos en el que exista una pluralidad de afectados, imputados o conductas, será competente la autoridad judicial de la capital de la república; siendo este el fundamento actual que utiliza el Ministerio Público para formular y presentar acusación en los juzgados de Managua.

También este artículo establece otras formas para determinar la competencia territorial, sin embargo, este último párrafo es el que están argumentado ya que los supuestos delitos cometidos son de relevancia social y trascendencia nacional.

Según el Estado, esta reforma tuvo como fundamento garantizar la seguridad ciudadana, familiar y comunitaria de los nicaragüenses, la convivencia pacífica a fin de asegurar la libertad, justicia, la dignidad de las personas, respeto a la integridad de las mujeres, la familia, las comunidades, a través de la preservación de la vida y la integridad física, era una respuesta punitiva del Estado a las infracciones penales que perturbaran la paz de los nicaragüenses, y en consecuencia el desarrollo social y contar con un ordenamiento jurídico sólido.

Pero en su momento esta reforma también encontró el rechazo de un gran sector de organizaciones de derechos humanos y asociaciones de abogados que argumentaban que se trataba de una reforma inconsulta ya que no existió la debida discusión social, la reforma no combate de raíz las causas del fenómeno delictivo, otros argumentaron que se trataba de reformas populistas partidarias, y que violaban la Constitución y derechos humanos de las personas acusadas.

En la práctica, podemos observar que se deja en indefensión al acusado, ya que por la lejanía del lugar de origen sus medios de pruebas pueden verse obstruidos o limitados, lo que provoca indefensión, muchas veces sus familiares no pueden estar presentes por la lejanía del lugar de origen, pero sobre todo podemos ver que realmente lo que se hace es sustraer al acusado de su jurisdicción judicial. Msc. Carlos A. Hernández Bojorge

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