Condenan a madre e hija que prostituían a nicaragüenses

Las engañaban con darles trabajo en Costa Rica como meseras, pero las mantenían como esclavas sexuales

Las dos familiares (sentadas) fueron vigiladas por dos custodias dentro de la Sala Uno de los Tribunales de Justicia de San Carlos. HOY/Cortesía Grupo Nación

Una madre y su hija, ambas nicaragüenses, fueron condenadas a 24 años de prisión la tarde del jueves, luego que fueron halladas culpables de tres delitos de trata de personas para la explotación sexual y favorecimiento personal.

Las sentenciadas fueron Delia María Martínez Laínez (madre) y Francisca Graciela Murillo Martínez (hija), indicó el Tribunal de Juicio integrado por Rodrigo Monge, Karina Rodríguez y Laura Morera.

La misma pena también se le impuso a un hombre identificado como Eliécer Pérez Noguera; mientras que a un oficial de la Fuerza Pública se le impuso una condena de tres años por el delito de favorecimiento personal.

La función del policía Heiner Montoya Campos era avisarles a las mujeres cuando estaba previsto algún operativo.

Otro individuo apellidado Barrios Álvarez fue absuelto por los jueces, al considerar que no tuvo participación en los hechos acusados.

Los jueces indicaron que las pruebas recabadas, así como el relato de las víctimas, fueron muy contundentes.

El operativo en el que fueron arrestados se efectuó el 15 de septiembre del 2017 dentro del bar El Pino, en Santa Clara de Upala.

El allanamiento y posterior detención de los sospechosos estuvo a cargo de oficiales de la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Durante la acusación, planteada por la fiscal Flor Zambrano, se detalló que el grupo explotaba sexualmente a seis mujeres nicaragüenses, una de ellas menor de edad.

Las sentenciadas tienen la condición de residentes en Costa Rica, administraban el bar y eran las encargadas de ir a Managua y a San Carlos (Río San Juan) de Nicaragua a reclutar mujeres jóvenes.

A ellas les ofrecían laborar como saloneras en un bar, pero luego las obligaban a prostituirse. Eran ofrecidas a los clientes por montos entre los 13 mil (23 dólares) hasta los 20 mil colones (35 dólares).

Mientras el fallo queda en firme, las familiares descontarán seis meses de prisión preventiva.

También nicas

Eliécer Pérez Noguera y el individuo Barrios Álvarez también son nicaragüenses.

Quien se encargaba de reclutar a las mujeres era Francisca Graciela Murillo Martínez. Sin embargo, cuando las mujeres llegaban al país y aprovechándose de su vulnerabilidad, eran obligadas a realizar actividades sexuales.

Una vez que las víctimas llegaban a Costa Rica les quitaban sus pasaportes y Pérez Noguera las amenazaba con arma de fuego.

El costo del servicio sexual era de 13 mil colones si lo hacían dentro del bar. Si salían del establecimiento el servicio costaba 20 mil colones.

De igual forma, las autoridades determinaron que Montoya Campos se aprovechaba de su cargo de policía para informar de previo a la líder Martínez Laínez cuando se iba a realizar un operativo policial, con la finalidad de que ella ocultara a las mujeres que prostituían en el bar.

En la cama donde dormían

Las nicaragüenses dueñas del bar en Santa Clara de Upala, frontera con Nicaragua, vivían en este mismo negocio donde también explotaban sexualmente a sus compatriotas.

Las mujeres explotadas realizaban el acto sexual en la misma cama donde dormían, ubicadas en un cuarto insalubre.

 

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