Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sin acceso a información

Los expertos están “preocupados” por el bloqueo de parte del gobierno

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El GIEI fue instalado en Nicaragua a inicios de julio. HOY / Archivo

HOY

A la espera de que el Gobierno les provea información oficial sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo se encuentra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un mes después de estar en el país.

En un comunicado emitido ayer el GIEI recuerda que  existe un acuerdo de colaboración entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y el Gobierno para la investigación de los hechos de violencia ocurridos en ese período y por lo cual fue nombrado el GIEI con un mandato de seis meses.

Los miembros del GIEI se mostraron “preocupados” porque el gobierno de Daniel Ortega les ha bloqueado el acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas por las autoridades contra manifestantes nicaragüenses. Mencionaron como muestra de la falta de apoyo del Gobierno el que no les ha permitido el acceso a las audiencias, como sucedió el martes pasado en el caso del crimen contra el periodista de Bluefields, Ángel Gahona, pese a que es uno de los casos que están dentro del período acordado para que el GIEI investigara.

Reuniones

En el comunicado el GIEI señala que entre el 2 y el 20 de julio del presente año sostuvieron reuniones en la Cancillería con “altas autoridades de Estado”, entre las que mencionan el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; la fiscal Ana Julia Guido y un representante de la Policía Nacional.

Y según explicó uno de los expertos, Pablo Parenti, desde el primer día que ingresaron al país, solicitaron a las autoridades del Estado una serie de información, entre ellos copia y acceso a los expedientes de investigación del Ministerio Público y acceso a las audiencias orales para poder cubrir.

El GIEI reitera que esta información no solo es necesaria, sino imprescindible, para poder cumplir con la función de coadyuvancia a las autoridades nacionales”. Comunicado del GIEI

“Hasta ahora no hemos recibido respuesta formal a esa solicitud, solamente en algunas reuniones hemos recibido alguna respuesta formal”, dijo Parenti, tras señalar que lo que les han alegado es que están en proceso.

En una nota del poder judicial en su sitio web, con fecha del 14 de agosto, alega que el GIE no ha solicitado a través de la Cancillería, que es el canal entre ambas partes, para estar presente a las audiencias, como sucedió con la de los procesados por el crimen contra Ángel Gahona, el pasado martes.

Y “hasta esta fecha, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia no ha recibido de la Cancillería de la República ninguna solicitud hecha por el GIEI o la CIDH para que se permita a sus funcionarios asistir a ninguna audiencia o juicio”, refiere el poder judicial en su nota de prensa.

Los expertos aclararon que el GIEI no investiga, sino que quienes investigan son las autoridades de Nicaragua, y que en este tiempo lo que han hecho es entrevistar a familiares de las víctimas de ese período porque les han expresado su deseo de hablar con ellos.

La experta guatemalteca Claudia Paz Paz recordó que desde el primer día que llegaron a Nicaragua y en comunicación directa con diferentes autoridades y en cartas enviadas a ellos, “hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información, que es imprescindible, para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias en el acuerdo”.

Lamentan bloqueo
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, consideró que esto demuestra que el Gobierno no ha tenido la intención de respetar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, pues históricamente se ha caracterizado por tener un desprecio absoluto de los compromisos que adquiere en esta materia. En tanto el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, lamentó el bloqueo de parte del Gobierno a la labor del GIEI, con lo cual niega el acceso a la justicia de las familias de las víctimas.

 

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